LAS CLOACAS FUERON (SOBRE TODO) MEDIÁTICAS
DIARIO RED
Mientras que los operadores mediáticos corruptos sigan trabajando en los
principales medios, la operativa golpista mantiene en pie su infraestructura
más importante para poder volver a activarse con un chasquido de los dedos
En el día de ayer, el periódico insignia del Grupo Prisa, confirmaba mediante el acceso a los informes policiales de la causa sobre la así llamada 'policía patriótica' que investiga el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, lo que ya adelantaban hace unos meses los whatsapp publicados por Diario.Red entre Francisco Martínez, el N°2 del Ministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, y Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional. A saber, que el PP de Mariano Rajoy utilizó de forma ilegal a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para espiar a los 69 diputados de Unidos Podemos. Así, y tal como publica El País, decenas de agentes accedieron sin orden judicial a los datos privados de 69 representantes de la soberanía popular en centenares de ocasiones con el objeto de buscar cualquier tipo de material susceptible de escándalo que permitiera alterar de forma espuria la opinión pública, evitando la posible formación de un gobierno de coalición entre los morados y el PSOE y amañando cualquier futuro proceso electoral.
Lo
ocurrido durante aquellos años es gravísimo y, en cualquier democracia
desarrollada, el partido político responsable de utilizar a la Policía para
intentar destruir de forma ilegal a sus adversarios seguramente se habría
disuelto o habría sido ilegalizado. En España, sin embargo, no solamente se
sigue presentando a las elecciones el PP sino que, además, el propio
PSOE lo blanquea firmando un pacto para repartirse con ellos el CGPJ y blindar
la impunidad del Poder Judicial mediante una reforma de derechas en clave
corporativa. La responsabilidad policial, política y también judicial de
toda la cacería antidemocrática que ha tenido lugar en España —no solamente
contra Podemos sino también contra el independentismo y contra el activismo
social— es absolutamente evidente y, si no se va a meter en la cárcel a los
agentes corruptos, si no se va a condenar por prevaricación a los jueces
implicados y si no se va a ilegalizar al PP por constituir una organización
criminal, lo mínimo que debería ocurrir es el establecimiento de un cordón
sanitario que proscriba de los acuerdos de Estado a aquellos que entienden que
la delincuencia es una forma legítima de hacer política. Si el PSOE no
rompe su acuerdo sobre el CGPJ con el PP, estará blanqueando de forma
deliberada a los responsables políticos de las cloacas.
Sería un
gravísimo error analítico el pensar que las únicas responsabilidades en toda
esta operativa golpista contra el sistema democrático son las responsabilidades
policiales, políticas y judiciales
Esto es
así y es importante que todos los demócratas lo tengamos presente, pero sería
un gravísimo error analítico el pensar que las únicas responsabilidades en toda
esta operativa golpista contra el sistema democrático son las responsabilidades
policiales, políticas y judiciales. Nadie debe olvidar que en ningún
caso el objetivo de las cloacas era el de producir sentencias condenatorias.
Al fin y al cabo, no había absolutamente nada detrás de las acusaciones. De
hecho, y como se puede ver en los whatsapp publicados por
Diario.Red, ni siquiera el espionaje ilegal a 69 personas
fue capaz de arrojar el más mínimo elemento para imputar a ninguna de ellas
delito alguno. El objetivo principal de las cloacas —y esto se puede apreciar
perfectamente en la mayoría de las comunicaciones intervenidas— era el de
alimentar páginas y páginas de periódicos y horas y horas de radio y televisión
con noticias falsas sobre Pablo Iglesias y el resto de líderes de Podemos, para
destruirlos reputacionalmente, matarlos civilmente y sacarlos de la política.
El
espionaje ilegal, el robo de terminales móviles, la fabricación de informes
policiales falsos, el inicio de procedimientos judiciales sin pruebas, nada de
ello habría tenido efecto alguno si Fernando Lázaro no hubiese publicado en El
Mundo —una y otra vez— la basura que le suministraba la cloaca, si Eduardo Inda
no hubiese hecho lo propio en OKdiario, si Antonio García Ferreras no hubiese
dicho "es demasiado burdo, pero voy con ello" como hizo con el bulo
de Granadinas y con tantos otros más, si Ana Terradillos no hubiese publicado
en la Cadena SER el falso informe PISA, si el ABC no hubiera publicado la
infamia de relacionar a Podemos con ETA, si, en definitiva, decenas de
periodistas y tertulianos corruptos, no hubiesen repetido durante años desde
los principales cañones mediáticos del país la materia fecal que fabricaban las
policías patrióticas, los jueces prevaricadores y el resto de delincuentes como
los que ayer protagonizaban las páginas de El País.
Para que
cualquier análisis de lo ocurrido tenga la mínima solvencia intelectual, es
indispensable poner en primer plano que las cloacas fueron (sobre todo)
mediáticas. Y un análisis solvente es el primer
paso sine qua non para poder empezar a pensar en soluciones que implementen de
forma efectiva la premisa de verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición. Somos muy escépticos respecto de que España cuente con los
anticuerpos democráticos suficientes como para acabar para siempre con este
tipo de prácticas golpistas —que, de hecho, niegan la existencia de una
verdadera democracia—, pero, en todo caso, para que algo así pudiera ser
posible no bastaría con la depuración de la corrupción en los cuerpos
policiales, en los partidos políticos y la judicatura. Mientras que los
operadores mediáticos corruptos que fueron el elemento principal de la cloaca
sigan trabajando en los principales medios de comunicación, todo el mundo puede
estar seguro de que la operativa golpista mantiene en pie su
infraestructura más importante para poder volver a activarse en cualquier
momento con un chasquido de los dedos.
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