JUECES CONTRA EL PERIODISMO

 

JUECES CONTRA EL PERIODISMO

DIARIO RED

Lo que tienen que tener claro todos los profesionales de la comunicación en España es que lo de Carlos Sosa y lo de Diario Red es tan solo el principio. Siempre, siempre, el poema de Niemölle

Ya hemos comentado en diferentes editoriales el proceso de degradación política que se está produciendo en nuestro país desde que las demandas de un cambio sistémico profundo que se expresaron en las calles y en las plazas el 11M de 2011 tomaran forma representativa poniendo fin al sistema bipartidista en las elecciones europeas de mayo de 2014. Las fuerzas de régimen que se desataron para detener el proceso democrático fueron brutales y tuvieron que cruzar líneas rojas que nunca antes se habían traspasado desde la así llamada ‘transición’. En particular, el régimen del 78 —el sistema político y social estabilizado a principios de los años 80 del siglo pasado— no tuvo más remedio que utilizar en la reacción diversos operadores sistémicos que, hasta entonces, habían conseguido aparecer como agentes imparciales en el entramado institucional. 

Así, en los últimos años, se han ido incinerando paulatinamente los ropajes de imparcialidad con los que se había vestido a la monarquía, a los medios de comunicación o a los jueces. A fuerza de empuñar cada una de estas columnas del régimen para intentar destruir a las diferentes expresiones sociales y parlamentarias del levantamiento democrático del pueblo español, han tenido que significarlas políticamente de una forma cada vez más obvia en una suerte de proceso de quema de naves.

Hace unos días y con motivo de las últimas maniobras del juez Peinado, afirmábamos que el desprestigio generalizado de la judicatura es ya tan profundo que lo que antes funcionaba —la destrucción reputacional y el asesinato civil mediante el pronunciamiento de determinados magistrados con forma de lawfare— está empezando a convertirse en pólvora mojada, toda vez que buena parte de la ciudadanía ya duda sistemáticamente de las motivaciones de los togados. A lo largo de esta semana, hemos podido contemplar un nuevo elemento que es consecuencia de este proceso de degradación: la agresión por parte de dos jueces al oficio periodístico.

Salvando las distancias, ya que uno de los ataques está mucho más avanzado y el otro es apenas incipiente, en estos días hemos podido ver, primero, cómo la Audiencia Provincial de Madrid avalaba el criterio de la jueza de Instrucción 27, que tramitó una querella interpuesta por el exjuez presidiario Salvador Alba y su pareja contra el periodista y director de Canarias Ahora, Carlos Sosa, precisamente por haber publicado las informaciones veraces que condujeron a la condena del corrupto juez Alba por haber fabricado pruebas falsas contra la magistrada Victoria Rosell al decidir la jueza presentarse a las elecciones en la lista de Podemos. Como si de un mafioso se tratara, el juez delincuente ha pedido desde su celda 23 años de prisión para el periodista, y sus colegas de la Audiencia Provincial le están echando una mano.

Como si de un mafioso se tratara, el juez delincuente ha pedido desde su celda 23 años de prisión para el periodista, y sus colegas de la Audiencia Provincial le están echando una mano

En una etapa mucho más inicial y con una dimensión todavía significativamente menor, sabíamos también estos días que el juez Joaquín Aguirre —el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que instruye la causa de la así llamada ‘trama rusa’ del Procés— filtraba a los medios de comunicación que había interpuesto una denuncia a la policía contra este medio, contra Diario Red, por haber publicado dos audios en los que se escucha al juez jactándose de haber tumbado la Ley de Amnistía y de estar trabajando para hacer caer al Gobierno. Aunque, en el momento de la publicación, el juez no hizo nada, después de que la defensa de Carles Puigdemont haya pedido —como es lógico— su recusación, parece que Aguirre ha decidido mover ficha. Aunque Diario Red no ha recibido ningún tipo de notificación formal y el contenido de la denuncia no se conoce, el juez ha querido trasladar a la opinión pública una falsedad para defenderse: a saber, que los audios estarían manipulados.

Sin ser capaces todavía de anticipar en qué van a acabar los dos casos que referimos, sí parece que estamos ante una nueva fase en la degradación de la judicatura española. Como consecuencia de su pérdida de prestigio público, ya habíamos empezado a ver a determinados jueces haciendo algo inédito: dar declaraciones a los medios de comunicación (el canutazo de García Castellón o las entrevistas en la televisión alemana del propio Aguirre). Cuando uno se convierte en un operador político a cara descubierta, le conviene en determinados momentos ejercer también su capacidad mediática. Al mismo tiempo y también debido al abandono de la clandestinidad, lo lógico es que, si un juez deja de dedicarse a la tarea de impartir justicia y se mete en política, entonces, los medios de comunicación empiecen a informar sobre sus maniobras. Esto es lo que hizo Carlos Sosa con el juez Salvador Alba y esto es lo que ha hecho Diario Red con el juez Joaquín Aguirre. Así y en un eslabón más de la cadena de causas y consecuencias, lo que hemos visto en esta semana es a dos jueces utilizando su poder para agredir al periodismo que destapa sus vergüenzas.

Curiosamente, esto se produce en un país en el que, hasta ahora, la inmensa mayoría de los medios de comunicación no habían actuado como contrapoderes ante los desvíos del Poder Judicial sino como colaboradores. Según el conocido esquema del lawfare, los magistrados corruptos se dedican a arrojar sombras de duda sobre la honorabilidad de los adversarios políticos del régimen y, entonces, un ejército de periodistas y de tertulianos recogen esas sombras y las utilizan para la difamación, la destrucción reputacional y la adulteración de los procesos políticos y electorales disparando mañana, tarde y noche desde los cañones mediáticos más potentes del país. Ahora que se abre una nueva fase en la relación entre los jueces y los periodistas, quizás aquellos profesionales de la prensa que nunca han dicho una palabra más alta que la otra o que, de hecho, han colaborado directamente con el lawfare piensen que los jueces reaccionarios no van a ir contra ellos. Pero ese pensamiento es peligroso y muy probablemente falso. Este tipo de procesos autoritarios contra la democracia se sabe cómo empiezan pero no se sabe cómo acaban. Y, si no, que se lo digan al PSOE, que se imaginaba a salvo del lawfare por su condición de partido sistémico del régimen —y de hecho por haberlo utilizado ellos mismos para desgastar a Podemos— y ahora están comprobando estupefactos como el juez Peinado les aplica a ellos la misma medicina. Ahora que los jueces están empezando a ir contra el periodismo, lo que tienen que tener claro todos los profesionales de la comunicación en España es que lo de Carlos Sosa y lo de Diario Red es tan solo el principio. Siempre, siempre, el poema de Niemöller.