ES LA VIVIENDA, ESTÚPIDO

ES LA VIVIENDA, ESTÚPIDO

Lo que hace falta para garantizar el derecho constitucional de todas las personas que habitan en nuestro país a una vivienda digna es llevar a cabo una intervención profunda, radical e integral en el conjunto del mercado inmobiliario español

DIARIO RED

Manifestación bajo el lema 'Málaga para vivir y no para

sobrevivir' — Álex Zea / Europa Pres 

Dice la leyenda que el estratega de la campaña de Bill Clinton de 1992, James Carville, pegó un cartel en las oficinas centrales de la misma con tres mensajes: "cambio vs. más de lo mismo", "la economía, estúpido" y "no olvidar el sistema de salud". La intención de Carville era centrar el foco en los elementos más importantes que había que transmitir a la ciudadanía a lo largo de la campaña para vencer a George Bush, como finalmente ocurrió. La segunda de las frases pasó a la historia de la comunicación y la ciencia política como un aforismo que hace referencia a no perder nunca de vista el punto clave de una coyuntura social determinada o de un problema particular.

Antes de ayer, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, publicaba lo siguiente en la red social X: "Nunca ha habido tanta gente trabajando en España. La afiliación marca un nuevo récord en España, al rozar los 21,4 millones de ocupados. En junio, el paro cae en todas las autonomías y todos los sectores, y se sitúa en la cifra más baja desde agosto de 2008. Seguimos." La respuesta que le dio un ciudadano cualquiera a su afirmación alcanzó rápidamente más del triple de difusión y de 'me gustas' que la publicación del presidente: "Nunca ha habido tanta gente trabajando sin acceso a la vivienda."

Efectivamente, si en la Comunidad de Madrid el coste promedio del alquiler alcanza el 67,6% del Salario Mínimo Interprofesional, si en Cataluña este ratio llega al 59,3% y en Andalucía al 45,8%, si además tenemos en cuenta que esto es el promedio en toda la comunidad autónoma y que, en sus grandes ciudades, y todavía más en el centro de las mismas, alquilar una vivienda supera la mayoría de las veces la cuantía del SMI, entonces, como bien apuntó aquel ciudadano a Pedro Sánchez, de poco sirve que alcancemos el pleno empleo en España si es imposible pagar una vivienda digna con el fruto del trabajo.

Como han señalado recientemente miles de personas en las calles de Canarias, de Málaga o de Cádiz, el acceso a la vivienda para millones de compatriotas sencillamente es inviable. Y, para otros tantos millones que sí consiguen poder pagar un alquiler o una hipoteca pero ajustando tanto los límites del gasto del hogar que apenas consiguen llegar a fin de mes, los precios prohibitivos en el mercado inmobiliario son causa de angustia, de estrés y de muchas consultas al psicólogo.

Hoy en día en España, la vivienda no solamente es el principal problema económico —con mucha diferencia— que tienen que afrontar las familias sino que, además, es una formidable maquinaria capitalista de extracción masiva de riqueza de abajo hacia arriba. Mientras millones y millones de personas se ven obligadas a destinar la mayor parte de sus ingresos a poder tener un techo bajo el que vivir, una minoría muy pequeña de la población recoge todo ese dinero sin hacer prácticamente nada. En nuestro país, solamente en el 6% de la población adulta es casero. Es decir, solamente el 6% de los adultos tienen una vivienda en propiedad que están alquilando a otra persona. De ese 6%, más del 60% tienen dos o más viviendas puestas en alquiler, un 24% tiene más de 15 y, de hecho, el 10% de todas las viviendas alquiladas en España son propiedad de una gran empresa, de un banco o de un fondo buitre. Los hogares de caseros son además los de mayor renta del país, disfrutando de una renta mediana disponible anual de 40.293€ frente a los 18.457€ de los hogares de inquilinos. Al mismo tiempo, hay más de 2 millones de viviendas vacías en España —buena parte de ellas simplemente esperando el mejor momento para la especulación— y cada vez más pisos que se destinan al alquiler turístico —mucho más rentable que el residencial— en vez de ser alquilados a vecinos para que vivan en el barrio.

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Ayer anunciaba la ministra Isabel Rodríguez que el gobierno de Sánchez va a proponer dos tímidas medidas en esta materia: la regulación más estricta del alquiler de temporada —que muchos propietarios están utilizando para intentar evitar las cláusulas más estrictas de la Ley de Vivienda— y dotar de más capacidades a las comunidades de vecinos para prohibir el uso de viviendas turísticas en sus edificios. Estos dos elementos, que Podemos ya advirtió que había que incluir en la ley en la legislatura pasada pero el PSOE se negó, van en la dirección correcta pero son absolutamente insuficientes para atajar el problema. Por decirlo con toda claridad, incluso aunque estas dos medidas acaben aprobándose, todo va a seguir prácticamente igual.

Lo que hace falta para garantizar el derecho constitucional de todas las personas que habitan en nuestro país a una vivienda digna es llevar a cabo una intervención profunda, radical e integral en el conjunto del mercado inmobiliario español. No basta con poner un par de parches. Hay que expropiar el uso de las viviendas en manos de fondos buitre, grandes bancos y grandes tenedores y ponerlas inmediatamente a disposición del alquiler social a precios que no superen el 30% de los ingresos de las familias. Hay que establecer una moratoria indefinida a la compra de viviendas que no sean para vivir, haciendo quizás una excepción para muy pequeños tenedores pero prohibiendo por completo que no residentes en España, grandes tenedores nacionales y grandes fondos o bancos puedan adquirir viviendas al menos hasta que el derecho a una vivienda digna esté completamente garantizado en nuestro país. Hay que regular el precio del alquiler de mercado en el conjunto del Estado y éste no puede superar, de nuevo, el 30% de los ingresos de las familias. Hay que establecer un impuesto a las viviendas vacías que haga muy gravoso su mantenimiento en esa situación fuera del mercado. Hay que prohibir por completo el alquiler turístico excepto en aquellas zonas en las que ya se hayan conseguido bajar los precios y los vecinos tengan garantizada la habitabilidad y protegiendo también el sector de las casas rurales. El Estado tiene que ofrecerse como posible comprador de cualquier vivienda de la que un particular se quiera desprender si ésta resulta conveniente para aumentar el parque público de vivienda social y se deben prohibir por completo los desahucios sin alternativa habitacional.

Esto es tan solo un esbozo de las numerosas medidas valientes que habría que tomar desde los diferentes gobiernos si se pretende de verdad intentar resolver el problema de la vivienda y no solamente producir titulares mediáticos vacíos. Al hacerlo, no solamente se estaría garantizando el derecho constitucional a la vivienda de nuestros compatriotas y resolviendo la principal carestía económica de millones y millones de familias sino que, además, se estaría retrayendo una cantidad ingente de capital del sector rentista —uno de los menos productivos e innovadores que existen— para dirigirlo al consumo y a otras industrias mucho más productivas y mucho más intensivas en empleo. Es decir, no solamente estaríamos hablando de avanzar varios kilómetros en justicia social sino también en convertir al conjunto de nuestra economía en un sistema mucho más eficiente y más próspero.

En el plano político, no nos cabe duda de que aquellos partidos políticos que se atrevan a defender una actuación radical como esta —y no digamos ya si consiguen ponerla en marcha— van a recabar el apoyo de la mayoría de nuestro pueblo incluso aunque todos los cañones mediáticos en manos de la oligarquía rentista les disparen fuego a discreción. Por otro lado, si algo como esto no se pone en marcha y se permite que una minoría pudiente siga destruyendo las vidas de la mayoría social a través del mercado inmobiliario, las probabilidades de que España pueda acabar gobernada por una extrema derecha de corte neofascista serán cada vez mayores.