QUIEREN QUE TE MIENTAN

QUIEREN QUE TE MIENTAN

ANA PARDO DE VERA

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.- EFE

Al fiscal general del Estado quieren condenarlo a irse de su cargo por haber dicho la verdad, mientras siguen en el suyo quienes pretendieron engañarnos a todos con informaciones falsas lanzadas desde la tribuna de la Presidencia de la Comunidad por la propia Isabel Díaz Ayuso y filtradas desde su gabinete a medios que no se molestaron en contrastarlas y las publicaron tal cual. Las mentiras eran sonrojantes: era Hacienda quien debía dinero a la pareja de Ayuso, defraudador fiscal confeso, y fue la Fiscalía de Madrid quien ofreció un pacto al defraudador al que el fiscal general ordenó dar marcha atrás. La verdad se abrió paso enseguida: Hacienda no debe un euro a Alberto González Amador y fue el defraudador quien intentó pactar con la Fiscalía de Madrid a través de su abogado para librarse del proceso en el que está inmerso ahora.

 

La nota aclaratoria del bulo del Gobierno Ayuso sobre intento de pacto bloqueado por García Ortiz ha sido la jugada para ir a por una imputación del fiscal general por parte del Tribunal Supremo (es aforado) y empujarlo a dimitir. O sea, el malo es quien dijo la verdad a ciudadanos/as y periodistas en un delito de corrupción vinculado a la presidenta madrileña (Ayuso vive en el dúplex de lujo del defraudador confeso), cumpliendo estrictamente el Art.4.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ("Informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados"). La buena es quien mintió y sigue haciéndolo desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid en un intento de ahogar el escándalo de corrupción de su pareja, otro más del entorno de Ayuso que se suma a los casos de su hermano y su madre.

 

Me cuesta creer que el Tribunal Supremo acepte investigar/imputar a García-Ortiz por una nota de prensa que desmintió un bulo del tamaño (y estética) de la Catedral de La Almudena, pero en este momento largo -desde que gobierna España una coalición progresista, aunque también cuando gobernó Zapatero-, donde no hay ruido de sables, pero sí de togas; donde se enmienda la plana al Ejecutivo y al Legislativo por aprobar democráticamente leyes que no gustan al Judicial (lo de seguir los cauces del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no va con este Poder) ... En este larguísimo momento, lo que no nos podemos creer es, precisamente, lo que está pasando.

 

Tenemos a una elite judicial autobendecida como garante de la unidad de España ... siempre que sea como ella la entiende, que es controlando que los casos de corrupción no machaquen a los partidos de la (ultra)derecha de sus deseos electorales y oponiéndose a gobiernos progresistas. Se ha hablado mucho estos días, a raíz del intento de acoso y derribo que está sufriendo García Ortiz, cómo el PP, antes de asumir casos de corrupción por imperativo probatorio, siempre intenta taparlos; caiga quien caiga, sean Pablo Casado o el sursuncorda. Es lo que están haciendo con el fiscal general del Estado, acosarlo; pero no debería sorprendernos: también lo hicieron con quien, nombrado por quien era el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se atrevió a pedir que se abriera una causa penal a Luis Bárcenas al momento de que se publicaran sus famosos papeles, en 2013. A Eduardo Torres-Dulce, que fue fiscal del Estado durante casi tres años con el PP en el Gobierno e intentó ser independiente, le hicieron el vacío con leyes y nombramientos que le afectaban hasta que se fue, harto, y nadie en el PP trató de impedirlo, al revés.

 

Casado y Torres-Dulce son dos grandes ejemplos de qué pasa cuando tratas de denunciar la corrupción de tu propio partido si éste es el PP. Álvaro García-Ortiz no dimitirá, sostienen en su entorno, aunque el Supremo admitiera la exposición razonada que le envíe el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su condición de aforado. Habrá que ver si en esta ocasión a quien dice la verdad lo acaban imputando o no mientras los mentirosos/as se van de rositas (otra vez), pero para afrontar este asunto, el presidente del Gobierno debería recordar sus propias palabras en una entrevista ("No he valorado en sus justos términos la dimensión de este grave problema") y no dejar caer a quien ha dicho la verdad. Veremos.