LA MUJER DEL CÉSAR

La mujer del César

ANA PARDO DE VERA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su

mujer, Begoña Gómez.- EFE

Una de las formas más eficaces de neutralizar a los pseudomedios que generan bulos y manipulaciones es la de tener un sistema específico y muy trabajado sobre el control de los conflictos de intereses con respecto a los cargos públicos y sus entornos familiares. En España carecemos de tal cosa, como nos ha recordado, al menos, en dos ocasiones el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. No habría bulos ni manipulaciones sobre la pareja de un presidente del Gobierno que resistieran un ataque de la oposición política o de esos pseudomedios si estuviesen perfectamente tasados sus conflictos de intereses directos o indirectos; pero no solo para la familia del jefe del Ejecutivo, sino para todos los cargos que cobran dinero público, sean ministras, diputados, presidentas autonómicas o alcaldes. La perfección, sin embargo, no existe, menos en la cosa pública, pero sí pueden lograrse niveles de eficacia muy altos en este sentido.

Pedro Sánchez ha anunciado este martes que comparecerá el miércoles 22 de abril en el Congreso para hablar sobre la invasión de Palestina por parte de Israel y el caso Koldo. El presidente del Gobierno quiere defenderse personalmente de las acusaciones falsas que, en este último asunto, han vertido la oposición de PP y Vox y los pseudomedios de la órbita de la (ultra)derecha, con especial ensañamiento contra su mujer, Begoña Gómez, por su actividad en el sector privado. Sería una buena ocasión -que desperdició, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo en su ataque histérico y sembrado de bulos y medias verdades contra Sánchez y Gómez- para anunciar la reforma de una Oficina de Conflictos con la autonomía e independencia que el mismo GRECO pone en duda que tenga, así como mecanismos de control para alertar previamente sobre lo que es un conflicto de interés directo o indirecto y una colisión ética para un cargo público y su entorno familiar.

La ética y los conflictos de interés no son cuestiones que puedan enumerarse de un día para otro, sino que requieren de un trabajo experto -y muy, muy independiente-, así como de un consenso político que, en estos momentos, brilla por su ausencia clamorosamente en España. Eso no significa que quien ostenta el poder deba eludir esta responsabilidad, al revés; sobre todo, porque a quien favorecen las herramientas de control es al gobernante honrado y a su entorno, al actuar como sistemas de protección que pueden ir perfeccionándose con el tiempo. Es posible que Sánchez dejara en evidencia a Feijóo si le ofreciese un pacto para desarrollar estrictas y éticas herramientas de control, que son, a su vez, sistemas anticorrupción.

Nuestro país, sin embargo, tiene una laguna impropia de una democracia avanzada sobre el control de las actividades de los representantes públicos más allá de su cargo, pero también de la transparencia de las instituciones que nos permite -sobre todo a la prensa, pero también a todos y todas las ciudadanas- acceder al contenido que atañe a nuestras instituciones. Da que pensar, sobre todo, habiendo como hay modelos suficientes en otros países para saber que se puede avanzar, y mucho, en ambas cuestiones.

Los ciudadanos/as no tenemos obligación de hacer un ejercicio de fe con nadie -bastante tenemos con la monarquía en este país, por cierto-, mucho menos con aquellos/as a los que pagamos para que nos ofrezcan una vida mejor; queremos y necesitamos que respondan a todas las cuestiones que atañen a nuestro dinero y a la gestión de nuestro día a día. En su newsletter del 4 de abril, el equipo de investigación de Civio denunciaba que el Plan Anual Normativo (PAN) del Gobierno para 2024, su agenda legislativa, aparte de hacerse público muy tarde, no incluía ni la reforma de la ley de Transparencia a la que se comprometió el Ejecutivo ni la regulación de los grupos de interés (lobbies), que ya se había incluido, además, en el PAN de 2023.

Civio desgrana a la perfección adónde nos lleva la precariedad y ausencia de ambas normativas, así como la falta de compromiso del Gobierno para cumplir, valga la redundancia, sus compromisos. Sánchez comparece en el Congreso la semana que viene para explicarnos la injusticia de los ataques de la (ultra)derecha y el daño que las fake news y sus fabricantes hacen a la democracia más básica; estaría muy bien que, además, concretase sus planes para neutralizarlas. Aquí le hemos dado algunas ideas.