LOS MAYORES LADRONES DE ESPAÑA

 

LOS MAYORES LADRONES DE ESPAÑA

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Sería interesante saber qué contestaría la mayor parte de la ciudadanía si la encuesta del CIS preguntase por la posibilidad de mejorar la sanidad pública, las pensiones o la educación mediante la confiscación forzosa de los beneficios milmillonarios de la banca

Con los últimos anuncios públicos, ayer jueves se completaba el panorama. Los cinco bancos españoles más grandes —Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter— obtuvieron en 2023 un total de 26.088 millones de euros de beneficios (un 26% más que en 2022); 11.428 millones solamente por sus operaciones en España (un 52,8% más que en 2022). Para que podamos dimensionar esta cantidad de dinero, pensemos que los presupuestos anuales de la Xunta de Galicia son de algo más de 13.000 millones de euros. El beneficio global de la gran banca de nuestro país en 2023 ha sido el doble de lo que cuesta cada año mantener el conjunto de los servicios públicos —incluyendo la sanidad, la educación a todos los niveles, buena parte de la ley de dependencia y de los servicios sociales— que dan cobertura a más de 2,7 millones de gallegos y gallegas.

 

Estos beneficios récord no solamente son los más altos de la historia en el sector bancario patrio, sino que además sabemos perfectamente cuál es la causa principal detrás de los mismos. El margen de intereses obtenido en España por los cinco bancos más grandes —es decir, el beneficio obtenido a través del cobro de intereses de los préstamos— ha aumentado, solo en España, un 44% en 2023; hasta los casi 27.000 millones de euros. En otras palabras, las ganancias de la banca el año pasado provienen del violento aumento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo —y, por lo tanto, del Euríbor, al que están referenciados la mayor parte de los préstamos hipotecarios— con la dudosa excusa de contener la inflación (cuando muchos economistas señalan que el aumento de los precios en los últimos meses no se debe tanto a un calentamiento de la demanda como a un estrechamiento de la oferta; de modo que la vieja receta de subir los tipos no tendría por qué ser necesariamente eficaz). Además, al mismo tiempo que los grandes bancos hacían caja de forma desmesurada con el aumento de las cuotas de la hipoteca de millones de familias en España, se dedicaban a despedir trabajadores y a cerrar oficinas, y decidían no aumentar al mismo ritmo la retribución por los depósitos de sus clientes. Por si esto fuera poco, el impuesto extraordinario a la banca aprobado por el anterior gobierno de coalición de PSOE y de Unidas Podemos apenas recaudó 1400 millones en 2023 (poco más de un 5% del total de sus beneficios) según la estimación de las propias entidades. Algo que no ha evitado que los presidentes de los diferentes bancos disparasen abiertamente estos días contra el impuesto en las mismas presentaciones de resultados en las cuales anunciaban sus obscenos beneficios.

 

Al mismo tiempo que los grandes bancos hacían caja de forma desmesurada con el aumento de las cuotas de la hipoteca de millones de familias en España, se dedicaban a despedir trabajadores y a cerrar oficinas, y decidían no aumentar al mismo ritmo la retribución por los depósitos de sus clientes

 

Es importante además recordar que el conjunto del sector bancario todavía debe al erario público —es decir, a todos los españoles— más de 70.000 millones de euros por el así llamado «rescate bancario». Aunque el gobierno de Mariano Rajoy dijo públicamente que recuperaríamos hasta el último euro del rescate cuando se aprobó socializar las pérdidas de una banca que se había dedicado a jugarse los ahorros de los demás en el casino global hasta que todo estalló por los aires, lo cierto es que todavía nos deben una cantidad equivalente a 15 años del presupuesto total del ingreso mínimo vital sumado al presupuesto de todas las rentas de inserción de las comunidades autónomas. Lejos de tener la más mínima intención de devolver esta deuda, los grandes bancos han decidido utilizar sus beneficios históricos de 2023 para repartir el botín entre sus dueños en forma de dividendos; solamente el banco Santander repartirá la mitad de los 11.000 millones que ganó el año pasado de esta forma.

 

Ante este brutal y descarado expolio del patrimonio de las mayorías trabajadoras por parte de una minoría social parasitaria, obscenamente rica y poderosa, no sería razonable quedarnos solamente en la indignación. Si el PSOE es un claro aliado de la banca —como demostró con la fusión entre Bankia y CaixaBank, renunciando así a la posibilidad de una banca pública en España bajo control democrático y con el interés general como principio rector—, y si la derecha también lo es sin necesidad de demostrar nada, es obligación entonces de cualquier persona que piense que no solamente estamos ante una gigantesca injusticia social sino también ante una organización de la economía absurda e ineficiente el apostar por proyectos políticos que se atrevan de verdad a mirar a los ojos a los grandes banqueros y a decirles que ya está bien y que se acabó.

 

Sería interesante saber qué contestaría la mayor parte de la ciudadanía si la encuesta del CIS preguntase por la posibilidad de mejorar la sanidad pública, las pensiones, la educación o las prestaciones por dependencia mediante la confiscación forzosa de los beneficios milmillonarios de los mayores ladrones de España. Y sería muy sano para la cohesión social y la prosperidad de la economía que, a partir de la respuesta, aplicásemos el principio democrático. Desde luego, el artículo 128 de la constitución española lo permite.