UN CAFÉ CON PRESOS POLÍTICOS

 

UN CAFÉ CON PRESOS POLÍTICOS

ANA PARDO DE VERA

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada a una rueda de prensa en el Hotel VP de Madrid — A. Pérez Meca / Europa Press

Volvemos a lo mismo: "En política se puede hacer de todo menos el ridículo", decía el president Tarradellas, y al PP de Alberto Núñez Feijóo no le parece que haya sido lo suficientemente grotesco con lo del No gobernamos porque no queremos, que ahora nos sorprende (o no) con un plan de "disolución" (ilegalización, a efectos prácticos) de los partidos independentistas.

Lo ha hecho a través de la enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario del PP en contra de la proposición de la ley de amnistía del PSOE, respaldada por Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV y BNG (178 escaños), donde los de Feijóo no van a degüello pidiendo ilegalizar a estas formaciones soberanistas, pero casi, porque pretende crear un nuevo delito, la "deslealtad constitucional", que da miedo solo de pensar que pueda caer en un Gobierno de PP y Vox, o sea, de (ultra)derecha; o sea, donde puedan ser delincuentes los migrantes pobres o sin regularizar o el colectivo LGTBI o hasta las feministas, quién sabe. En principio, el Partido Popular señala a 1,6 millones de ciudadanos/as representados por ERC, Junts, PNV, Bildu o BNG, que estarían a favor de la independencia de Catalunya, Euskadi o Galicia, en los términos que consideren.

 

La casualidad (o el ridículo) ha querido que la enmienda a la ley de amnistía y la propuesta de inclusión en el Código Penal del delito de "deslealtad institucional" se hayan conocido al tiempo en que La Vanguardia desvelaba un encuentro entre el portavoz del PP en el ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, con representantes de Junts, previo a la investidura fallida de Feijóo que tuvo lugar en septiembre. Resultado: la cabeza del portavoz en el Congreso del PP, Miguel Tellado, explotando en directo en televisión entre contradicciones sonrojantes.

 

Los titulares de este miércoles, pues, quedarían así: el PP negocia/habla con Junts -"café" mediante- una posible investidura de Feijóo mientras pide su disolución/ilegalización por querer la independencia de Catalunya. Tellado niega el encuentro del PP con Junts en la televisión española, mientras Sirera lo confirma en la radio catalana. Mientras tanto, varios dirigentes del PP dispersos por los medios de comunicación -como la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, en RNE- tratan de convencernos, por un lado, de lo del cacareado Feijóo no es presidente porque no quiere, cuando todo el mundo sabe que con un Vox imprescindible para esa investidura, el PP no va ni a la vuelta de la esquina con los nacionalistas, y, por otro, que su propuesta de introducir el delito de "deslealtad constitucional" es muy democrático, porque aquí no se trata de pensar lo que a una le da la gana, sino lo que le dejaron escrito los próceres del 78, o lo que la (ultra)derecha dice que dejaron escrito: la unidad de España está por encima de la democracia. Podrían haber dicho, por ejemplo, que los Derechos Humanos están por encima del resultado de los procedimientos democráticos y que esos sí son los consensos que nos hemos dado los y las demócratas, pero tampoco se trata de ofender a los socios de Vox, que son machistas, homófobos o xenófobos perdidos y nadie pide su ilegalización.

 

El PP justifica que la ley de amnistía va contra la igualdad de los españoles ante la ley, pero de la impunidad y el saqueo del rey emérito o de anular las medidas de gracia recogidas en nuestra legislación, nada de nada; no vaya a ser que les toque gobernar a ellos, hayan de pactar con Junts u otros nacionalistas de derechas y no puedan usarlas. Contaba la compañera Amanda García, este miércoles en Público, que "nunca antes los populares habían adoptado una postura tan dura contra las formaciones independentistas: ni lo hizo el PP de Mariano Rajoy en pleno procés en 2017 ni el de Alberto Núñez Feijóo hace poco más de un mes, cuando tumbaron en el Senado una iniciativa de Vox que pedía disolver e ilegalizar a Junts y ERC. Entonces, el senador Javier Arenas, del PP, defendió que ‘la disolución de un partido político es de las medidas más graves que pueden ser adoptadas en democracia’ y que el Tribunal Supremo lo rechazaría".

 

La estrategia del PP es, no obstante, simple y cristalina: adoptar las medidas de la ultraderecha para captar al votante de Vox y, cuando se ganen las elecciones absorbiendo a los de Santiago Abascal, se pacta con Junts y con quien haga falta. Y pelillos a la mar, que la memoria en España es de corto recorrido. Oigan, que razón no les falta.