ES EL DERECHO, ESTÚPIDO
MIGUEL
ÁNGEL LLAMAS
La concepción
aséptica del Derecho es perfectamente coherente con las relaciones de poder que
se configuran en la comunidad jurídica. Todo aquello que históricamente se ha
considerado apolítico en realidad mantenía oculta una relación de dominación
El auge de la palabra lawfare en los últimos tiempos ha puesto de relieve, cuando menos, la importancia del Derecho en el funcionamiento de nuestros sistemas políticos. En España, además, el persistente e inconstitucional bloqueo del Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial deja a las claras que el ámbito judicial es estratégico en términos de poder político. El obstruccionismo judicial a la ley “solo sí es sí” o la reciente reacción de amplios sectores de la comunidad jurídica y del alto funcionariado español a la intención de aprobar una ley de amnistía permiten comprender que los operadores jurídicos son también actores políticos. Estos y otros hechos favorecen, afortunadamente, que cada vez más personas informadas se percaten de que en el terreno jurídico se dirimen intereses netamente políticos.
No siempre ha
estado tan claro. En España y en otros países de nuestro entorno, el
pensamiento jurídico hegemónico defiende una concepción aséptica, tecnificada y
despolitizada del Derecho. Según esta visión formalista, el Derecho sería un
mero sistema de normas de ordenación de la sociedad cuya práctica y estudio
compete a los juristas, profesionales especializados que se encargan de aplicar
las normas con rectitud. Cualquiera que piense mínimamente sobre este
planteamiento, sin necesidad de ser jurista, reparará enseguida en que las
normas jurídicas son aprobadas por órganos que ejercen poder, y que las
decisiones de aplicación de esas normas a casos concretos rara vez serán ajenas
a los valores, intereses o sesgos de todo tipo que tiene cualquier persona, por
muy especializada que esté. Sin embargo, el formalismo jurídico, una
cosmovisión que niega la politicidad del Derecho, es todavía dominante en las
facultades de Derecho y en el conjunto de las profesiones jurídicas.
La concepción
aséptica del Derecho es perfectamente coherente con las relaciones de poder que
se configuran en la comunidad jurídica. Todo aquello que históricamente se ha considerado
apolítico en realidad mantenía oculta una relación de dominación. En este
sentido, los procesos de politización siempre implican que los grupos
subalternos toman conciencia de su posición de subordinación en una relación o
fenómeno social. La supuesta asepsia o neutralidad de lo jurídico (y, en
particular, de la judicatura) es el pretexto del grupo o clase social dominante
que asume las profesiones jurídicas, controla los procesos de aplicación del
Derecho y reproduce el saber jurídico.
La conquista del
derecho de sufragio ha permitido democratizar, en buena medida, la función de
aprobar las normas jurídicas. Sin embargo, la función de aplicar las normas
todavía no ha sido democratizada, sin perjuicio de algunos avances (también de
retrocesos) en virtud de las coyunturas.
La conquista del
derecho de sufragio ha permitido democratizar, en buena medida, la función de
aprobar las normas jurídicas
Que la aplicación
del Derecho y la reproducción del conocimiento jurídico estén materialmente en
manos de la clase dominante (de quienes acaparan la riqueza, los medios de
producción o las posiciones de privilegio, exprésenlo como quieran) no
significa que todos los juristas pertenezcan a tal clase o sean conscientes de
su rol en el entramado del poder jurídico. Hay juristas de toda clase y
condición que creen de verdad en la asepsia del Derecho: no subestimemos la
eficacia de los mitos.
El bloque de poder
de la derecha no necesita hacer sesudas reflexiones sobre estas cuestiones por
la sencilla razón de que el mundo jurídico, por inercias históricas y otros
factores, forma parte de dicho bloque. Sin embargo, siempre me ha sorprendido
el poco interés que la izquierda muestra hacia los fenómenos jurídicos (con
notables excepciones de las que no podemos ocuparnos aquí). Lo cierto es que el
Derecho no resulta atractivo para la gente joven de izquierdas o potencialmente
de izquierdas (esos jóvenes con empatía o inquietudes sobre cuestiones
sociales), que no suelen estudiar Derecho y se decantan por la historia, la
sociología u otros saberes más seductores. Muy probablemente, estos perfiles se
alejan con naturalidad del Derecho por el reaccionarismo y la ausencia de
estímulo intelectual tan característicos del ámbito jurídico.
De la misma manera
que la izquierda está tomando conciencia, de manera progresiva, sobre la
necesidad de impugnar la falsa independencia de los medios de comunicación e
intervenir en la correlación del poder mediático (Canal Red y Diario Red son
buenos ejemplos), la izquierda también debería promover una voluntad de poder
en el ámbito jurídico. El conocimiento del Derecho es necesario para impulsar
con eficacia las transformaciones sociales y ambientales que anhelamos, y la
democratización de las profesiones jurídicas se advierte imprescindible para
evitar que la clase dominante obstaculice o bloquee esas transformaciones.
Parafraseando la archicitada frase del asesor de Clinton, bien podríamos
concluir que es el Derecho, estúpido.
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