EL PACTO EUROPEO DE LA VERGÜENZA

 

EL PACTO EUROPEO DE LA VERGÜENZA

POR SOS RACISMO NAFARROA

El 18 de diciembre fue proclamado por la ONU como el Día internacional del Migrante en el año 2000. Desde entonces, el derecho a migrar se ha ido progresivamente deslegitimando y criminalizando, convirtiéndose en un negocio lucrativo para los poderes establecidos por el norte global. Durante estos años, las políticas migratorias se han reconfigurado, para seguir perpetuando la lógica colonialista, que comenzó hace más de 500 años, basada en el expolio de recursos, el borrado de identidad y culturas y el trasvase de mano de obra desregularizada.

 

En febrero de 2024 está previsto que se apruebe el nuevo pacto de asilo y migración de la UE. Este pacto obligará a endurecer aún más las leyes de extranjería de los estados miembros de la UE, dando una nueva vuelta de tuerca en la construcción de la Europa Fortaleza, mediante la normativización de la lógica racista y colonial y la negación de derechos fundamentales a personas migradas. El pacto se encaja en la prioridad de “promover nuestro estilo de vida europeo” como ya anunció la Comisión, dejando bien clara la perspectiva desde la que se redacta y aplica. Se trata de normalizar y extender prácticas que ya se llevan a cabo: externalización de fronteras, establecer espacios (sobre todo fronterizos) de contención migratoria para facilitar las expulsiones y devoluciones, disuadir y desmantelar el derecho al asilo, etc y todo ello en un contexto de profunda derechización de las políticas europeas y en un momento de retroceso de derechos y libertades a nivel global. Entendemos que señalar determinadas migraciones como amenaza es necesario para reforzar el control sobre las sociedades y economías del sur, que siguen al servicio del mantenimiento de privilegios del norte global.

 

Este nuevo pacto supondrá, entre otras cosas:

 

Ahondar en la diferenciación entre “refugiados” y “migrantes económicos”. Esto implica seguir deslegitimando las causas que dan origen a las migraciones y de las que la Unión Europea es directamente responsable.

 

Redefinición del sujeto de derechos en función de lo que a la UE le interese mantener, las personas migrantes seguirán siendo empujadas a los márgenes y se continuará experimentado con ellas los límites normativos y de exclusión.

 

Establecimiento de un modelo de contención en fronteras para agilizar retornos a países de origen o terceros países.

 

Refuerzo de la política de externalización de fronteras con terceros países, lo que supone establecer nuevos contratos de gestión fronteriza y readmisión.

 

Desmantelamiento del derecho al asilo, a través de:

 

Ampliación de los términos y condiciones de la inadmisión y el examen acelerado de solicitudes (incluyendo las de menores no acompañados)

 

Normalización y ampliación del concepto de tercer país seguro como criterio de inadmisibilidad

 

Limitación de procedimientos que son clave, como la realización de una entrevista individual o la asistencia gratuita para las personas solicitantes de protección internacional.

 

Para estados con frontera exterior, se establecen nuevas obligaciones en el registro sistemático de llegadas irregulares y en la utilización de los procedimientos fronterizos acelerados para las solicitudes de asilo.

 

Se incluyen en el “cribado migratorio” a las personas en situación irregular que ya viven en un Estado miembro, este hecho hará que aumenten las prácticas de control y hostigamiento a través de controles policiales racistas, citas trampa ante la Brigada de Extranjería, etc.

 

La instrumentalización de las “crisis migratorias” como una situación de excepción en la que pueden activarse medidas aún más restrictivas.

 

No podemos seguir normalizando toda estas necropolíticas que criminalizan y cosifican las vidas de quienes migran. Nos negamos a obedecer la lógica de un sistema que arrebata la dignidad y violenta de manera estructural a las personas y condiciona los derechos fundamentales al origen, racialización, género y condición socioeconómica.

 

Las instituciones locales y estatales tienen la obligación de oponerse de manera directa a este pacto y a la actual ley de extranjería. Deben establecer las medidas necesarias para desobedecerlas o paliar sus efectos. La falta de competencias no puede ser más la excusa para mirar a otro lado y no sentirse cómplices directos de quienes diseñan estas políticas de muerte desde sus despachos.

 

Mugak Zabalduz, SOS Racismo Nafarroa