CARTA A LA PRESIDENTA DÍAZ AYUSO

 

CARTA A LA PRESIDENTA DÍAZ AYUSO

La propuesta de modificación de la ley autonómica 3/2016 es inconstitucional y equipara las sexualidades disidentes a una enfermedad que necesita ser diagnosticada por los especialistas médicos

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN

Las medidas de Ayuso. / J. R. Mora

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene un discurso que, aunque suene a una especie de cantinela, hay que reconocer que cada vez lo interpreta mejor. Algo debe de tener porque después de la desastrosa e inhumana gestión de la pandemia en las residencias de personas mayores, convocó elecciones y consiguió la mayoría absoluta.  Sería necio menospreciar su capacidad de transmisión, y conviene analizar el porqué de su impacto sobre una mayoría de votantes de su Comunidad. Sus intervenciones, dentro y fuera de la Asamblea, son lineales y sin capacidad de contraargumentar. Por ello, cuando se siente desbordada por las interpelaciones de la oposición, utiliza un comodín que se ha convertido en una muletilla. Todos son comunistas y ahí se acaba el debate.

 

La que se presenta como paladina de la libertad no puede disimular su reaccionarismo visceral contra el feminismo, la igualad y la no discriminación de todas las opciones sexuales. En medio de una baraúnda legislativa, ha puesto en marcha una modificación sustancial de la ley autonómica 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid, promulgada cuando era presidenta Cristina Cifuentes. Su propuesta de ley de modificación y derogación parcial introduce la necesidad de los exámenes médicos y psicológicos para acceder a los tratamientos para las personas trans. Es decir, son enfermos a los que hay que curar y reorientar. Al mismo tiempo, suprime la prohibición de las terapias de conversión. En definitiva, retrocede en el tiempo y equipara estas orientaciones sexuales a una enfermedad que necesita ser diagnosticada por los especialistas médicos. Por otro lado, las asociaciones que se dedican al tratamiento y la interlocución pierden las subvenciones. Se prohíbe la introducción de información y debate sobre este tema en el ámbito de la educación. Se elimina la inversión de la carga de la prueba para justificar las infracciones y determinadas sanciones establecidas para proteger sus derechos. En igual sentido restrictivo, se eliminan los derechos que protegen a las personas trans, que pierden su denominación y la identidad sexual. En fin, un retroceso a tiempos remotos en los que las personas de este colectivo eran reprimidas por dictaduras que las han perseguido y criminalizado.

 

La que se presenta como paladina de la libertad no puede disimular su reaccionarismo visceral

 

Señora Ayuso, no sabíamos, y quizá usted tampoco, que se había abrazado a las políticas de la Unión Soviética sobre estos sectores de población que siempre se han visto perseguidos y discriminados a lo largo de la historia. Un tal Josif Stalin, allá por los años treinta, declaró oficialmente que la homosexualidad era una enfermedad. En la Alemania nazi, el penalista Edmund Mezger, muy admirado en la España franquista, elaboró un documento sobre las medidas que había que adoptar para el tratamiento de los “extraños a la comunidad”, entre los que incluyó a los homosexuales, aconsejando incluso su esterilización.

 

Respecto de la dictadura franquista, le remito a la lectura de un párrafo de la exposición de motivos de la ley de 2016, que ahora pretende desmantelar. Dice: “Durante la dictadura franquista y en el inicio de la actual democracia, las personas homosexuales y transexuales eran detenidas y encarceladas por su condición, si bien no existen cifras exactas de esta persecución, por cuanto muchas veces el motivo oficial de la encarcelación era el ejercicio de la prostitución. En el año 1954 se reformó la Ley de vagos y maleantes, equiparando a los homosexuales y sancionándoles como a los proxenetas, mendigos, enfermos mentales o lisiados. En el año 1970, la Ley de peligrosidad social modificó el castigo por el denominado ‘tratamiento’, que podía incluir lobotomía y descargas eléctricas”. ¿Va a suprimir este texto o lo mantiene a pesar de todo?

 

Para no retroceder excesivamente en el tiempo, le recuerdo que recientemente la Rusia de Putin aprobó una ley que prohíbe las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo. Como muestra de su rechazo y desprecio, se prohibió también la adopción por parte de parejas homosexuales y se anularon matrimonios entre personas del mismo sexo. En el colmo del delirio, se califica como extremistas e incluso terroristas a las personas de este colectivo que supuestamente “incitan al odio social y religioso”. De hecho, el Kremlin acusa a Occidente de defender los derechos de las personas LGTBI con la supuesta intención de desestabilizar a Rusia, e intenta justificar así la discriminación contra el colectivo. De inmediato han recibido la dura condena de la ONU y la UE.

 

Estoy seguro de que ni siquiera se le ha pasado por la cabeza la posibilidad de caer en estos excesos o utilizar medidas semejantes, pero dentro del marco constitucional ha incurrido en una flagrante violación de nuestra Constitución, a la que tanto ama, y de todos los tratados internaciones firmados por España en materia de derechos humanos. El discurso del rey se ha centrado en un panegírico a la Constitución: por favor, léasela. Establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Que le adviertan sus asesores que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

 

Si su propuesta sale adelante, va a tener serios problemas con nuestro texto constitucional

 

Me parece que si su propuesta sale adelante, va a tener serios problemas con nuestro texto constitucional. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Añade que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna, y que ningún Estado puede emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de esos derechos y libertades.

 

Usted, que se proclama representante de la libertad para tomar cañas en las terrazas, debería matricularse en un curso acelerado sobre los orígenes del liberalismo y realizar un somero repaso de las ideas de sus padres fundadores, Adam Smith y John Stuart Mill. El primero es el autor de la Teoría de los Sentimientos Morales, obra en la que puede leerse: “Como no tenemos una experiencia inmediata de lo que sienten otras personas, no podemos formarnos una idea de la forma en que se ven afectadas si no concebimos cómo deberíamos sentirnos en una situación similar”.

 

John Stuart Mill fue el que más profundizó en el liberalismo como teoría política. Le recomiendo la lectura de su libro Sobre la libertad. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada persona no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la ley.  Que la única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás. Resumiendo, el autor cree que hay diversas acciones que uno puede realizar indistintamente, sean o no estas correctas, porque perjudican solamente al individuo. En este caso, la persona es libre de hacer lo que quiera.

 

Creo que debe usted reflexionar sobre las funciones y potestades que los políticos democráticos pueden ejercer sin caer en un sectarismo casi patológico que les sitúan al margen de la Constitución. El hecho de que ostente una mayoría absoluta no le permite pasar por encima de los más elementales principios que constituyen la base de una sociedad democrática, obligada a respetar la dignidad y libertad de todas las personas por encima de sus creencias y fobias personales.

 

P.D.: Señora Ayuso, aprovecho para recomendarle una reflexión sobre la promoción de la fruta. Recuerde la que organizó Eva mordiendo simplemente una manzana.