EL HIERRO: DEL MARCO DE LA CRISIS MIGRATORIA A LAS REDES QUE EXIGEN UN CAMBIO DE PARADIGMA

EL HIERRO: DEL MARCO DE LA CRISIS MIGRATORIA A LAS REDES QUE EXIGEN UN CAMBIO DE PARADIGMA

POR SARAH BABIKER

Mientras miles de personas llegan a las Islas Canarias y se reeditan discursos racistas, los derechos de las personas migrantes parecen haber quedado fuera de la agenda política en plenas negociaciones sobre la formación de gobierno.

El viernes 10 de octubre, la líder de Coalición Canaria, Ana Oramas era trending topic tras garantizar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Las críticas de la derecha, que la tachaban de traidora, se extendían en las redes, repitiéndose en concreto una idea que podría resumirse así: “que luego no se queje cuando Sánchez le llene las islas de africanos”. El discurso racista anti inmigración de la derecha tuitera, en absoluto novedoso, se sustenta estas últimas semanas en las noticias de un número de llegadas récord al archipiélago canario, superando holgadamente las 30.000 personas, muchas de ellas con destino a la isla de El Hierro. El pasado mes de octubre se alcanzó el máximo de personas arribadas a las costas Canarias en un solo mes.

Dos antecedentes han sido mencionados recurrentemente durante todas estas semanas, ante las imágenes de pateras llegando a las islas, la primera es la llamada “crisis de los cayucos” de 2006, el año que más personas completarían la ruta canaria, cuyas cifras han sido ya superadas este año, por otro lado lo acontecido en 2020-2021, cuando un incremento considerable en el número de llegadas se vio acompañado del bloqueo de las personas migrantes en el archipiélago, generando tanto la respuesta de los propios migrantes como las organizaciones de derechos humanos, y los colectivos solidarios, por un lado. Y agitando a una derecha siempre preparada para difundir sus discursos racistas y presentar las migraciones como una amenaza.

El activista Serigne Mbayé, exdiputado de la Asamblea de Madrid por Podemos y referente de la lucha de los manteros, es una de las personas que desembarcó en Canarias —en su caso en Tenerife— en 2006, tras iniciar su viaje en la ciudad de San Luis, procedente del pueblo de pescadores de Kayar. Mbayé apunta que si bien nos encontramos con un número similar de personas migrantes que llegan a Canarias, entre 2023 y 2006, existe una diferencia importante: mientras que hace casi 20 años quienes llegaban procedían de diversos países africanos, ahora la gran mayoría de quienes viajan son senegaleses como él.

Los motivos coinciden en parte:  En aquel entonces, los pescadores de la costa de África Occidental vivían ya las consecuencias de los Acuerdos de Pesca firmados con Europa: la inviabilidad de vivir de la pesca, y los enfrentamientos entre pescadores de distintas poblaciones que pensaban inicialmente que el agotamiento de los peces respondía a prácticas abusivas por parte de otros pueblos de pescadores, expulsaba a muchos jóvenes del país.

“En 2005, en mi pueblo, tuvimos una pelea con otra gente de San Luis culpándonos por la manera de pescar, pensando que era el verdadero problema. Pero no era así”. Uno de esos conflictos, recuerda Mbayé, “se saldó con un muerto y más de 47 heridos de bala por los disparos de las fuerzas de seguridad del Estado. Esto motivó a muchísima gente a abandonar ya estas peleas porque no eran la solución”.

Casi 20 años después, al expolio de los mares y la penuria económica se suma una crisis política iniciada en el 2021, ante la amenaza del actual presidente Macky Sall de perpetuarse en el poder, y las maniobras contra el líder de la oposición, Ousmane Sonko, junto a la represión de sus seguidores y en general, de quienes cuestionan al gobierno: “es una situación tensa de violencia tremenda. Muchos detenidos políticos. Eso y la persecución que sufren ha motivado a muchísima gente a sumarse a esta salida masiva que está ocurriendo”.

Una salida que ya no es de hombres solos que se adelantan para encontrar un trabajo y ayudar con las remesas a sus familias hasta una eventual reagrupación. Ahora son familias enteras las que viajan, apunta el activista: “En gran parte son pescadores que ya no ven ningún futuro tras tantos años sufriendo esta situación, así que deciden largarse con su mujer y sus hijos”. La situación es tal que, explica, “la inseguridad alimentaria afecta a todo el pueblo senegalés, mientras el país está en una situación casi de guerra de cara a las elecciones de febrero de 2024”.

El otro precedente presente en el imaginario reciente es el de la situación en las islas en 2020 y 2021. La experiencia de aquellos años, marcados por el bloqueo de las personas migrantes en las islas, ha generado algunos cambios, explica Andrés G. Berrio que desde Irídia, en colaboración con Novact y las asociaciones y redes solidarias del archipiélago vienen informando año tras año de la situación en el marco de su informe sobre vulneraciones de derechos humanos en la frontera Sur. “En aquellas islas donde se produjo un auge de llegadas durante el año 2020, efectivamente desde el Ministerio de Migraciones se ha trabajado para poder tener mejores recursos, sobre todo gracias a la denuncia continua de organizaciones de derechos humanos tanto locales como estatales”.

El miembro de Irídia pone diversos ejemplos: El patio del CIE de Barranco Seco, en las Palmas de Gran Canaria, afirma, aunque está compuesto de tiendas de campaña, cuenta con instalaciones más dignas que las del CATE de Lanzarote, una nave sin recursos suficientes, en la que acabaron cientos de personas que llegaron a las islas en 2021. También han visto avances en la asistencia letrada, aunque sigue siendo compleja “ahora los abogados y abogadas entrevistan a seis personas juntas, no como antes, que podían llegar a visitar a 20”.

Pero para el Hierro no ha habido previsión, a pesar de que, como recuerda Berrio, también ahí han llegado en el pasado embarcaciones. No tener nada preparado, desarrolla, implica que se multipliquen las vulneraciones de derechos: el CATE no cumpliría los estándares sanitarios mínimos, no hay suficiente personal para atender de manera correcta a quienes llegan, y además “se están dando órdenes de devolución y, durante la detención, no están teniendo asistencia letrada”. Junto a estas “graves vulneraciones de derechos”, son numerosos los menores que siguen siendo derivados a centros de adultos, por fallos en los procesos de identificación de niños y niñas.

Las redes solidarias se organizan

Indira Carballo es de El Hierro, una isla que ha visto superada su población con la llegada de migrantes. Forma parte de Hay Raíces, una asociación pequeña que se formó con personas que querían ayudar ante la situación de 2020 y 2021. Carballo recuerda que en aquel entonces se sabía que había personas migrantes en el Hierro pero no las podían ver, las mantenían confinadas en el marco de la pandemia hasta su traslado a otras islas. A esas mismas personas que no veía en su isla, las encontraba después en Las Raíces o La Canteras a dónde acudió como integrante de redes de ayuda y acompañamiento, “contaban que les habían tratado muy mal en el Hierro”. La joven explica que el hecho de que tantas personas lleguen a El Hierro ahora da medida de su desesperación, pues es la última isla antes de enfrentarse al océano abierto. “Si no llegan a El Hierro se mueren directamente porque no hay nada más. Pero las propias personas migrantes te explican que eligen esta ruta para huir de la policía de Mauritania y de Marruecos”.

Carballo da fe de que la situación genera tanto respuestas solidarias, como una fuerte resistencia, “oyes mucho comentario racista y al final acabas discutiendo”. A la joven le sorprende que tanta gente haya olvidado el pasado migrante de las islas. “Yo tengo 22 años, pero he escuchado durante toda mi vida cómo mis abuelos tuvieron que migrar a Venezuela. Hay mucha gente en El Hierro que tiene incluso familia en Latinoamérica o en otros países europeos donde buscaron una vida mejor. La diferencia es que nuestro pasaporte nos permite viajar prácticamente allá donde queramos y las personas africanas para poder solicitar una visa tienen que vivir un infierno”.

Conchi Castro también forma parte de diversas redes de apoyo. Vivió en primera línea la situación de 2020-2021, cuando, trabajando para la Cruz Roja, fue consciente de las vulneraciones de los derechos de las personas migrantes que fueron alojadas en hoteles durante aquella época. En pareja con un senegalés, uno de los grupos a los que pertenece es de familias de este origen o mixtas, como la suya. “En el grupo no paran de avisar de que llega gente, familiares de algunas, siete personas de la misma familia, el primo de alguien, el sobrino de otra persona”, relata.

Las redes solidarias están curtidas y tienen experiencia para dar acompañamiento a quienes están en las islas, tratar con la policía, acompañarles a los centros sanitarios, etc. Pero en un contexto donde se traslada a la gente a península con mucha celeridad, a veces no tienen tiempo de apoyar a quienes llegan. Castro promueve junto con otras personas facilitar una red informal que se extienda a la península, que acompañe a estas personas hacia su destino, pues muchas se dirigen a una población concreta para reunirse con familiares, pero al ser trasladadas pueden acabar al otro lado de la península, arriesgándose a ser detenidos cuando viajan a su destino final.

Castro pone como ejemplo el caso de un joven senegalés enviado a Málaga mientras su familia le espera en el País Vasco. Lo que se trata de asegurar desde la red es que la persona pueda ir a tomar el bus sin riesgo a ser detenido, gracias al acompañamiento de alguien que hable el idioma y pueda facilitar que el viaje —del que se suelen encargarse económicamente las familias mandado los billetes— se realice sin riesgos. “No podemos tapar el sol con un dedo, pero podemos ayudar estando cerca”, explica.

El traslado de personas migrantes de las islas a la península está causando, por otro lado, una reacción de rechazo en algunas de las localidades donde el Ministerio de Migraciones está habilitando recursos temporales de acogida. Uno de los casos que ha tenido más visibilidad en los medios es el de Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, donde el gobierno instalaba a un grupo de personas migrantes en un balneario, recurso gestionado por la organización Accem. Mientras parte de los habitantes del pueblo cuestionaban que se alojara a las personas en un establecimiento de ese tipo, el alcalde alertaba de que las personas podían provocar brotes “de alguna enfermedad”.

En Madrid, ante la inminente llegada de personas migrantes a un centro gestionado por la Cruz Roja, la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto difundía recientemente un comunicado en el que expresaba su bienvenida a las personas migrantes, desmarcándose de discursos alarmistas, e invitaban a vecinas y vecinos a sumarse para apoyar a quienes serían alojados en este recurso temporal. “Decidimos hacer este comunicado porque había mucha gente que estaba poniendo el grito en el cielo porque iban a venir estas personas migrantes a Carabanchel, decían que iba a haber todo tipo de agresiones, de robos…”, explica Amparo desde la Asociación. Entre las voces que daban la alarma por la llegada de personas migrantes, también se acusaba a la asociación de apoyar a este colectivo en detrimento de los intereses de los vecinos.  Con el comunicado la asociación apuntaba a mostrar de manera clara su voluntad de hablar con la Cruz Roja, así como la delegación del gobierno para tener toda la información y conocer de qué manera podrían coordinarse. 

Amparo recuerda los comentarios racistas que les han estado llegando, y contrasta esta atmósfera con la de apoyo y bienvenida a miles de refugiados ucranianos. Tiene claro lo que subyace, “los que llegan ahora son negros, los otros no”. Al menos, desde que hicieron público el comunicado las cosas no han ido como temían, lo que ha llegado no son llamadas hostiles sino un montón de gente que quiere ayudar y acompañar. La asociación ya venía con una postura clara sobre los derechos de las personas migrantes, participando desde hace tiempo en protestas ante el CIE de Aluche. Con la recepción del comunicado “se ve que hay mucha gente que piensa como nosotros y esa gente está respondiendo. Es una gran satisfacción comprobar que hay muchas personas con esta sensibilidad, que a lo mejor no tienen voz, pero que están ahí”.

De hecho, las principales redes solidarias, también las más invisibilizadas, son las que organizan las propias personas migrantes. La diáspora senegalesa es fundamental, tanto en el apoyo para que el proyecto migratorio de sus compatriotas que salen del país tenga éxito como en una dimensión política y de denuncia de las circunstancias económicas y de expolio que expulsan cada vez a más gente del país. También visibilizando los abusos y violencias contra una población que lucha por la democracia.

Los y las senegaleses viviendo en el exterior tienen también un espacio protagónico en el partido liderado por Sonko, el PASTEF, así como en el movimiento ciudadano f24, la plataforma contra un tercer mandato de Macky Sall, explica Mbayé. Además, señala, quienes están ya en Europa, también deben “denunciar y presionar desde aquí a los países europeos por los acuerdos de pesca y señalar todo el apoyo que dan al gobierno de Senegal, con la situación desastrosa en la que está dejando en el país que obliga a muchísimos jóvenes a coger las pateras”. 

Migraciones y emergencia

Más allá de las causas al origen del movimiento de personas, parece que las políticas migratorias en el ámbito europeo están cada vez más enmarcadas en un discurso de crisis, como si las migraciones desde el Sur no fueran una dinámica estructural.  ¿No hay otra forma de afrontar las migraciones que desde el marco de la emergencia? Ante este interrogante Berrio recuerda que el primer punto es la demanda de vías legales y seguras  “al menos respecto a las personas solicitantes de protección internacional, que pueda habilitarse la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados, así como flexibilizar la política de visados con muchos países de África, cosa que ahora mismo no pasa y aboca a que la gente tenga que jugarse la vida y muchas mueran en el intento”. 

Pero Berrio también llama la atención sobre las vías no legales de la frontera sur, considera que desde la administración se puede mejorar la atención a quienes llegan reforzando los recursos que ya existen: Pone el ejemplo del CETI de Melilla, ahora con muy baja ocupación, donde se podría alojar en condiciones de manera temporal a muchas de las personas que están llegando. El CETI contrasta con aquellos lugares “donde las instalaciones, o bien son súper precarias, o no existen o son absolutamente improvisadas. Es algo que las organizaciones de derechos humanos tanto estatales como canarias llevamos diciendo desde hace años, que hace falta estar preparados para este tipo de situaciones a largo plazo”. 

Mientras a la administración le cuesta organizarse, los colectivos migrantes y racializados cada vez están más organizados, destaca por otro lado Berrio, e invita a un cambio de paradigma respecto a las migraciones: “hay una ola de antirracismo surgiendo que estoy seguro de que llevará a grandes movilizaciones que durante esta legislatura harán que las cosas cambien”. Se trata, apunta el miembro de Irídia, de superar el “bienvenido refugiado” y avanzar hacia la apuesta política liderada por los colectivos antirracistas: el marco de la regularización, “un marco de defensa de derechos civiles, económicos, sociales y culturales para las personas racializadas y migradas en el Estado español”.

Es llamativo, que en estos meses de intenso debate político y negociaciones entre partidos la cuestión migratoria haya estado totalmente fuera de la agenda: ni las políticas migratorias —con episodios tan relevantes como el 24J en Melilla—, ni la regulación extraordinaria, una demanda apoyada por múltiples formaciones, así como más de 700.000 firmas, parecen ser relevantes para los partidos, a juzgar por las noticias de los últimos meses.

Ante este exclusión de las cuestiones migratorias de las prioridades políticas, Berrio considera que no solo el movimiento antirracista integrado por personas racializadas debe liderar esta lucha por derechos, con el apoyo de organizaciones y colectivos de derechos humanos, sino que es central que formen parte de estas mismas organizaciones, y que haya presencia de personas no blancas tanto en los partidos políticos como en todos los estamentos públicos del país. “Eso irá influyendo para que realmente las cosas cambien y no pueda haber un nuevo acuerdo de investidura que deje de lado a la población migrante y racializada”.

Un liderazgo político que no solo aborde la cuestión migratoria sino sus causas estructurales, como apunta Mbayé, implicando otro cambio de paradigma, el que supera la lógica de la ayuda a la cooperación que “no palia el problema, sino que genera más corrupción”, hacia el abandono de políticas neocoloniales, como los acuerdos de pesca. “Lo que más se necesita es que dejen a los senegaleses con sus recursos para gestionarlos ellos mismos, hablo de los recursos pesqueros, el petróleo, el gas y todo lo que tiene el país para sobrevivir”. El activista también considera fundamental que los países europeos dejen de respaldar a mandatarios que participan del saqueo de sus países, permitiéndoles tener en Europa sus fortunas y recibiéndoles cuando estallan los conflictos, lo que hace a los gobiernos europeos cómplices. 

Así en el trasfondo de lo que se presenta una vez más como una emergencia migratoria, lo que articulan las propias personas migrantes, o los colectivos senegaleses en Europa y África, es una lucha política que desborda lo humanitario: “que no se quede todo en pobrecitos cómo arriesgan su vida para llegar, que se sepa que si esos pobrecitos vienen es el resultado de políticas promovidas  por ambos lados. Queremos que cesen esas políticas y que el pueblo africano, en este caso el senegalés, pueda gestionar sus recursos sin que sus hijos tengan que sufrir estos conflictos brutales”, concluye Mbayé.