EL FUGITIVO DEL MALETERO

 

EL FUGITIVO DEL MALETERO

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN

Abogado. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).

Ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo

 

Cuando la tensión política adquiere unos niveles de crispación absolutamente preocupantes para la estabilidad de nuestro sistema democrático, conviene refugiarse en el humor para hacer frente a la irracionalidad y visceralidad de los argumentos que se esgrimen por una derecha extrema sin parangón en la Unión Europea y una extrema derecha que sabe de dónde viene pero que no sabe dónde va.

La mayor parte de la gente de mi edad recuerda una serie que tuvo un gran éxito en televisión titulada El Fugitivo. El protagonista era un médico condenado injustamente a muerte por el asesinato de su esposa.  De camino al corredor de la muerte, el tren descarrila, lo que le permite escapar y comenzar una búsqueda del verdadero autor del asesinato. Se muda de pueblo en pueblo, siempre tratando de permanecer discreto y pasar desapercibido mientras se evade de la captura.

 

La oposición a la amnistía como institución constitucional en abstracto se bate en retirada, pero surgen objeciones a su aplicación en la práctica de la más variada e incluso pintoresca naturaleza. Varios medios de comunicación y muchos columnistas hacen un frente común para rechazar, en última instancia, la aplicación de la amnistía a un prófugo de la justicia   que se ha escapado de España escondido en el maletero de un coche.  Por cierto, que nadie ha tenido el detalle de reconocer que viajar en esas condiciones resulta bastante incómodo y molesto.

 

Ninguna de estas personas reflexiona sobre las causas que motivan el rechazo de los jueces europeos y de los organismos que integran la Unión Europea a las peticiones de detención y entrega presentadas por el juez instructor del Tribunal Supremo. Todo parte de una insólita y disparatada querella del Ministerio Fiscal que acusaba a los políticos independentistas  de un delito de rebelión, que exige el porte y en su caso el uso de armas, equiparando estas conductas a la puesta en marcha de actividades parlamentarias encaminadas a la convocatoria de una votación en la que los ciudadanos depositasen su papeleta en una urna.  Los fiscales encargados de llevar adelante el proceso, ante la crítica de una gran mayoría de la doctrina penal española, tuvieron que retorcer el derecho y sostener que se trataba de una rebelión sui generis acomodada al siglo XXI.  Como ejercicio académico puede pasar, pero no para esgrimirla ante un Tribunal de Justicia.

 

Me imagino que cuando traspasó los Pirineos se sentaría cómodamente en el asiento del copiloto para dirigirse a Bélgica, país que había elegido para fijar su residencia. El fugitivo Carles Puigdemont no se dedicó a esconderse, buscando refugio en bosques, cabañas o recónditos lugares donde no pudiese ser descubierto. Se instaló, a la vista de todos, en una lujosa mansión en la ciudad belga de Waterloo y se puso a disposición de los jueces europeos de los países integrados en la Decisión-marco que regula las órdenes de detención y entrega. Se encuentra en un espacio de libertad, seguridad y justicia bajo la protección de los Tratados de la Unión europea y su Carta de los derechos fundamentales.

 

  Hasta el momento presente, todas las órdenes de detención y entrega por delitos de rebelión, sedición y malversación han sido rechazadas por los jueces encargados de tramitarlas, salvo el Tribunal alemán del Schleswig-Holstein que acordó entregarlo por el posible delito de malversación de caudales públicos. Sorprendentemente el Tribunal Supremo rechazó la entrega y todavía no ha dado explicaciones a los españoles del porqué de esta insólita e inexplicable decisión.

 

Carles Puigdemont ha tenido la posibilidad de ser elegido europarlamentario por lo que, si la historia no me corrige, debe ser el único miembro de un parlamento que es considerado por su país de origen como un fugitivo. Por supuesto nada que objetar a que las autoridades de nuestro país pongan en marcha todos los mecanismos que estimen procedentes para conseguir su entrega con arreglo a los procedimientos establecidos por las normas europeas.

 

En estos momentos se baraja la posibilidad de una amnistía que le permita volver a España libre de responsabilidades penales. La medida me parece justa e impecablemente constitucional y debe abarcar a todo lo acontecido desde que el Tribunal Constitucional, integrado por una mayoría reaccionaria de derechas y algún tránsfuga, “se cepilló” el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

 

Como es lógico, todos los argumentos que se esgriman contra la amnistía están amparados por la libertad de expresión, pero no por ello todos me parecen razonables. La amnistía afecta a determinados hechos que han sido juzgados y obtenido sentencias condenatorias y aquellos que aparentemente tengan un contenido que pudiera encajarse en algún precepto del Código Penal. Los que han sido declarados autores de estos hechos delictivos por sentencia firme y aquellos que están pendientes de juicio pueden beneficiarse por esta medida de gracia que corresponde en exclusiva al Poder legislativo y que los jueces, sometidos al imperio de la ley, tienen que aplicar si no quieren vulnerar la ley procesal penal. 

 

Es difícil de explicar en el mundo jurídico internacional la posición del órgano de Gobierno de los jueces y de la Asociación mayoritaria de la judicatura contra una ley que cuando haya superado el trámite parlamentario goza de la presunción de constitucionalidad hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. En una sociedad democrática no se puede sostener, sin rubor, que una amnistía pone fin al Estado de derecho y la democracia. Por si faltaba algo, un párrafo del acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts, en el que se hace referencia a la constitución de Comisiones de investigación para determinar si se ha caído en lawfare (Indebida criminalización de la política), cuestión que, en mi opinión, ya ha sido suficientemente matizada, ha provocado la irrupción en masa de todas las asociaciones judiciales denunciado la vulneración del principio de la división de poderes. Algún Colegio de Abogados, excediéndose de sus funciones y suplantando la posición de muchos de sus afiliados, se ha unido al coro de los escandalizados. Echo de menos un pronunciamiento del Pleno de la Conferencia Episcopal o de la Liga de Futbol profesional.

 

Sí a ello unimos la violencia desatada en las calles, no tiene nada de extraño que lo que está sucediendo en España haya llamado la atención de los medios de comunicación más prestigiosos. The Economist opina que los críticos con Pedro Sanchez, “no se arriesgan a quedarse cortos”: “Su furia es tan intensa porque la continuidad en el poder del señor Sánchez (…) parece ahora asegurada. Queda por ver si el conflicto de Cataluña se estabiliza realmente”. Por su parte, el periódico británico Financial Times sí apoyó explícitamente la amnistía. “Es una política conveniente para Pedro Sánchez, pero también es la decisión correcta para Catalunya y para España”.

 

A lo mejor el fugitivo del maletero tenía razones para tomar esa decisión.