AMNISTÍA E IGUALDAD EN ESPAÑA
Si
el estamento judicial tomó decisiones políticas, quizás se ha hecho necesaria
una intervención desde la política. O, en otras palabras, frente a tratamientos
desiguales, se requieren soluciones desiguales
JACINT
JORDANA
Constitución y Amnistía: el encaje. / Pedripol
Se argumenta que la amnistía rompe la igualdad, de derechos y deberes, entre los españoles, y tal vez sea cierto, pero este tipo de críticas no se produce cuando se ha hecho una amnistía fiscal, por ejemplo, donde la igualdad también se ve completamente comprometida, con un trato de favor a los que han defraudado al fisco. Aquí la igualdad es sólo entre los defraudadores, no con el resto de los ciudadanos. Tal vez esta igualdad económica sea menos importante, para algunos, que la otra igualdad que parece fracturarse con la propuesta de amnistía al movimiento independentista catalán. Sin duda, es una cuestión de prioridades y de pareceres, pero no es un argumento muy consistente, por lo menos cuando se expresa en términos tan simples como lo hacen la mayor parte de los creadores de opinión y combativos políticos que se oponen a la amnistía pactada entre el PSOE y los grupos políticos independentistas.
Poder hacer
excepciones es muy importante en una democracia, ya que es un reflejo de su
capacidad de inclusión
Una amnistía es una
actuación excepcional que modifica unos parámetros establecidos respecto a la
aplicación de las leyes y, precisamente por este motivo, requiere mecanismos
especiales para su aprobación e implementación, como puede ser una ley
orgánica, y los adecuados controles jurídicos. No obstante, poder hacer
excepciones es muy importante en una democracia, ya que es un reflejo de su
capacidad de inclusión y, al mismo tiempo, de su flexibilidad para afrontar
problemas que sus reglas institucionales no consiguen resolver. Sin este tipo
de respuestas, una democracia puede ser demasiado rígida para “arreglar” las
rupturas sociales e ideológicas que, en ocasiones, genera su propia gestión del
conflicto político. Sin duda, la propuesta de amnistía que se encuentra
actualmente en el Congreso de los Diputados constituye un buen ejemplo de este
tipo de dinámicas excepcionales.
Podemos
preguntarnos, no obstante, si nos encontramos realmente frente a un caso que
requiere aplicar medidas excepcionales. Para ello, cabe distinguir dos
dimensiones que se confunden en este episodio; por un lado, la negociación
política para la consecución de una coalición parlamentaria que permita la
formación de un nuevo gobierno, y por otro lado, la necesidad de resolver un
conflicto político que las instituciones públicas convencionales no han podido
resolver mediante sus procedimientos habituales durante seis largos años. Aquí,
un primer problema del debate público es la confusión que se genera entre ambas
dimensiones del asunto, cuando se acentúan interpretaciones donde se infiere
una causalidad, suponiendo que el PSOE solo ha podido tomar esta decisión
debido a su debilidad, que ha “cedido” en sus principios, con el fin de mantenerse
en el poder. Los muchos que mantienen este punto de vista infieren que el PSOE
nunca lo hubiera aceptado en otras condiciones, y que, por tanto, los
socialistas anteponen su interés particular a un interés general –que nadie
discute–.
Hay que ver, pues,
cuál es este interés general, y con ello entramos en el segundo, y más
relevante, problema de este asunto tan polémico. Se puede deducir, por
múltiples opiniones y declaraciones de los que se oponen a la amnistía, que el
interés general es la igualdad de los ciudadanos frente a la justicia. Sin
duda, un principio muy respetable. No obstante, algunos podemos pensar que
precisamente este es el problema que pretende resolver la amnistía: que en el
conflicto político relativo al movimiento independentista catalán, no todos los
ciudadanos fueron tratados igual por la justicia. La perseverancia, intensidad
y severidad de las actuaciones judiciales y cuasi-judiciales encaminadas a
perseguir las supuestas ilegalidades del movimiento independentista a lo largo
de los últimos años muestran unos perfiles persecutorios de una energía y
constancia sorprendentes, considerando el carácter pacífico del movimiento, que
por otra parte sería encomiable observar en muchas otras causas judiciales.
Parece como si los díscolos ciudadanos independentistas merecieran un
tratamiento diferente por parte del aparato de justicia, aplicando un rigor
específico, y todos los recursos necesarios, como si se tratara de una
tipología especial de ciudadanos que merecen un castigo también especial,
ejemplar.
Parece como si los
ciudadanos independentistas merecieran un tratamiento diferente por parte de la
justicia
La ejemplaridad del
castigo nos conduce de nuevo a la pregunta de la igualdad. ¿Podemos seguir
manteniendo el criterio de igualdad de los ciudadanos como argumento contra la
amnistía, si los potenciales amnistiados no fueron tratados con tanta igualdad
en su momento? Para responder a la
pregunta, nos queda un ángulo del asunto que debemos explorar. Se trata del
cuestionamiento de la comunidad nacional que el movimiento independentista pone
en un primer plano con sus acciones, excluyéndose de su permanencia y apostando
por la construcción de otra comunidad, diferente, con su propia identidad
nacional. Renegar de la patria es un delito tremendo, que ninguna comunidad
nacional suele tolerar, y los mecanismos judiciales se emplearon a fondo en su
persecución, como es sabido. El problema es que, con ello, con la búsqueda de
la ejemplaridad, perdieron la perspectiva del tratamiento igualitario a todos
sus ciudadanos.
La cuestión de las
identidades nacionales en España es un tema muy complejo, cuya gestión política
tiene aún muchas limitaciones, y que requiere muchas sutilezas, algo que un
modelo nacional unitario y homogeneizador tiene dificultades para encajar. Este
es el caso de algunos ámbitos que poco han evolucionado en el marco del Estado
de las Autonomías, como la administración de justicia, y que puede tender a
identificarse fuertemente con una noción de comunidad nacional muy homogénea,
lo que explicaría su trato desigual a los que reniegan de su identidad
nacional. Todo ello es sin duda una cuestión política, de digestión lenta y
plagada de incertidumbres, pero lo que sí parece claro es que el problema –la
inadecuación del Estado a la pluralidad territorial y nacional de España–
requiere una solución política. Es decir, si en su momento el estamento
judicial tomó decisiones políticas, quizás se ha hecho necesaria una
intervención desde la política. O, en otras palabras, frente a tratamientos
desiguales, se requieren también soluciones desiguales.
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Jacint Jordana es
profesor de Ciencia Política en la Universidad Pompeu Fabra.
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