LASA Y ZABALA: 40 AÑOS DEL CRIMEN FUNDACIONAL DEL TERRORISMO DE ESTADO

 

LASA Y ZABALA: 40 AÑOS DEL CRIMEN FUNDACIONAL DEL TERRORISMO DE ESTADO

POR IKER RIOJA ANDUEZA

 

Foto: Familiares ante la fosa alizantina de Lasa y Zabala]

El secuestro de estos veinteañeros en Francia, torturados en Donostia y enterrados en Alicante, dio carta de naturaleza a los GAL, aunque nunca han sido reconocidos como víctimas por ser miembros de ETA.

El sábado 15 de octubre de 1983, por la noche, Joxean Lasa y Joxi Zabala acudieron al 11 de la rúa de los Toneleros de Baiona. Mariano, un amigo, les dejó las llaves de un ‘cuatro latas’ verde con matrícula SS-M para que fueran a las fiestas de un pueblo cercano. Dos días después, esta persona denunció la desaparición de estos guipuzcoanos veinteañeros. El Renault no se había movido pero la puerta estaba abierta y había dentro algunas pertenencias de los jóvenes.

 “Han caído dos peces medianos en Francia”, le informó esa madrugada el comandante del cuartel de Intxaurrondo de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, al gobernador civil en Gipuzkoa del nuevo gabinete de Felipe González, el socialista Julen Elgorriaga. Regresaban en un Ford Granada de Oñati, donde ETA había asesinado a un agente, José Reyes Corchado, y herido a otro, Antonio Ramos. Había nacido lo que serían los GAL (siglas que responden a Grupos Antiterroristas de Liberación) y que fueron gestados en las cloacas del Estado para combatir con más terrorismo a otro terrorismo.

Lasa y Zabala, que habían huido a Francia al ser identificados como miembros del comando Gorki de ETA militar, responsable de un atraco sin heridos en la Tolosa natal de ambos, fueron trasladados desde Intxaurrondo hasta el palacio de La Cumbre de Donostia. En 1983, ese recinto histórico por el que habían pasado Francisco Franco o Juan Carlos I fue traspasado al Ministerio del Interior. Los secuestrados fueron ocultados en el sótano. Según ‘El País’, una guarnición de entre 16 y 18 agentes perfectamente coordinados con los mandos de Intxaurrondo se encargaba de las vigilancias y de los interrogatorios bajo tortura. Los jóvenes, después, fueron trasladados a la provincia de Alicante, donde fueron enterrados en cal viva tras recibir disparos a bocajarro en la cabeza. En 1985 aparecieron los restos mortales pero hasta 1995 no fueron identificados. En 2000, la Audiencia Nacional condenó a Rodríguez Galindo y a Elgorriaga por asesinato, así como a Ángel Vaquero, Enrique Dorado y Felipe Bayo, aunque luego cumplieron penas ínfimas.

Lasa y Zabala nunca han recibido la consideración de víctimas del terrorismo que sí tienen otras víctimas de los GAL. Su pertenencia a ETA -se da por probado que atracaron “armados y encapuchados” una oficina de la Caja Laboral en Tolosa en 1981- es la justificación oficial para una decisión que enfada a las familias e indigna también a organizaciones como Covite. En Euskadi, existe desde 2016 una ley autonómica complementaria para casos de violencia policial que, por ejemplo, ya ha permitido a la familia de Mikel Zabalza acceder a una indemnización económica. Fuentes del Gobierno vasco indican que la comisión de valoración creada al calor de esta normativa está analizando este caso, aunque todavía sin conclusiones claras.

“No tenemos ningún tipo de reconocimiento. No hay ninguna ley que reconozca a mi hermano”, se queja Pili Zabala, hermana de Joxi y que en 2016 fue candidata a lehendakari al frente de la coalición Elkarrekin Podemos, que englobaba también a IU y a Equo. Zabala, ya retirada de la política, tiene claro que todo el proceso desde 1983 hasta el presente ha estado trufado de “irregularidades”. Zabala, que lleva años visitando centros escolares para ofrecer su testimonio junto con otras víctimas de ETA o del GAL, lamenta, por ejemplo, que en España siga vigente una ley de secretos oficiales franquista que impide “desclasificar” de modo general papeles del CESID (el antiguo nombre del CNI, los servicios secretos del Estado).

Un documento que sí apareció, fechado en julio de 1983, planteaba “posibilidades” de “intervención” de funcionarios españoles en jurisdicción francesa y “señalaba como más aconsejable el procedimiento consistente en la desaparición por secuestro”. Agencias extranjeras, como la CIA, sí han revelado información de la época. “El Gobierno parece determinado a adoptar una estrategia no ortodoxa en relación con ETA. González ha estado de acuerdo en la formación de un grupo de mercenarios, controlado por las fuerzas armadas, para combatir a los terroristas al margen de la ley. Los mercenarios no tienen por qué ser necesariamente españoles y su misión sería asesinar a líderes de ETA en España y Francia. Un grupo autodenominado GAL, similar en naturaleza a los grupos especiales contemplados por el Gobierno, ha emergido ya en el sur de Francia. El GAL ha asesinado a dos muy conocidos activistas de ETA militar en el sur de Francia y secuestrado a un hombre de negocios español en Hendaya que era sospechoso de haber colaborado con los terroristas. Madrid ha negado con la boca pequeña cualquier conocimiento o conexiones con el GAL, pero políticos vascos, claramente convencidos de la complicidad gubernamental, han protestado airadamente”, se puede leer en un cable de la inteligencia estadounidense.

“Nosotros sabíamos casi con todas las garantías que quienes gobernaban eran los responsables políticos de aquellas acciones. Sabíamos que el Gobierno de Felipe González o que miembros de ese Gobierno -no todos, obviamente- trasgredieron todas las normas de convivencia y democráticas. Permitieron, financiaron, fomentaron, promovieron, … Dilo como quieras”, explica Zabala. Cree que a “muchísimos jóvenes” agentes destinados en las comandancias vascas “les inculcaron un odio terrible”, que estaban en una “guerra”, y “les obligaron a cometer atrocidades”. Pero matiza: “No es conveniente generalizar. No todos los funcionarios de la Guardia Civil eran el GAL. También hay que ser rigurosos”. Lo hace después de haber visitado Intxaurrondo y La Cumbre con agentes, a los que ha regalado la película editada en 2014 sobre el caso.

“Esto fue gestado por el Gobierno de Felipe González. Y encima dieron alas y munición a ETA. Es lo peor que ha podido pasar. Es lo más execrable que puede hacer un Gobierno, organizar y financiar más terrorismo”, sostiene Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite y una de las voces más referenciales del ámbito de las víctimas. En Covite han participado también víctimas de los GAL junto a las de ETA. El Memorial de Vitoria, que depende del Ministerio del Interior, sostiene textualmente que esta guerra sucia “fue promovida por varios altos cargos del Gobierno socialista” en su panel sobre este capítulo de la historia del terrorismo en España. Ordóñez ironiza que despejar la ‘x’ de la ecuación de los GAL es mucho más sencillo que de la de ETA. El actual líder del PSE-EE, Eneko Andueza, llegó a sugerir en 2020 que González fuera expulsado del partido. Andueza, como también el delegado del Gobierno actual, Denis Itxaso, han acudido esta semana a un homenaje.

Con el secuestro de Lasa y Zabala se había liberado un monstruo oculto en las cloacas del Estado. Había un GAL verde, operado por guardiaciviles, uno azul, con agentes de la Policía Nacional, y otro marrón, con espías y militares. En octubre de 1983, a las 48 horas de la desaparición de los tolosarras, Francia ya abortó otro secuestro en su territorio, en aquella ocasión con ‘azules’ como protagonistas. En diciembre ocurrió la captura de Segundo Marey, donde apareció ya el nombre de la nueva organización terrorista que recuerda en su denominación al estadio del Real Unión de Irún pegado a la frontera con Francia, a la que acusaban de no combatir a ETA en su primer comunicado y donde operaban con más frecuencia. Su emblema era casi calcado al de quienes pretendían combatir, aunque en esta ocasión el hacha cortaba la cabeza a la serpiente.

El caso de Marey, que era un empresario sin relación alguna con el terrorismo, acabó con condenas para un ministro de González, José Barrionuevo, para su alto cargo Rafael Vera y para el homólogo de Elgorriaga en Bizkaia, Julián Sancristóbal. De nuevo, cumplieron penas mínimas. El PP de José María Aznar indultó a estos socialistas. En julio de 1987, con el asesinato de Juan Carlos García Goena, de nuevo sin relación alguna con ETA, se cerró un cuatrienio negro de terrorismo de Estado. Se estima en 27 las víctimas mortales del GAL o de organizaciones parapoliciales de similar operativa por 853 de ETA. Barrionuevo, en 2022, aún justificó la guerra sucia: “Yo no puedo actuar contra los que están disparando desde mi trinchera aunque hagan algún disparo equivocado. No puedo, así son las reglas. Yo me hago responsable de todo lo que ha ido mal en el Ministerio del Interior mientras he estado”.

“Existe poca formación o información al respecto”, sentencia Zabala sobre toda la nebulosa del terrorismo de Estado. “Había muchas presiones para investigar. La época de Galindo era tremenda. Tenía el respaldo del poder político y era intocable. Tenía montado un equipo de su confianza y se hacían todo tipo de cosas”, explica un fiscal destinado en Gipuzkoa décadas atrás y que participó en algunas causas como la de Zabalza. En paralelo a los GAL, emergieron corrupción con fondos reservados, mercenarios, contrabando y hasta narcotráfico.

Tres tiros y 50 kilogramos de cal viva

La mayor “desesperación” de las familias Lasa y Zabala vino por los años que transcurrieron hasta que los cuerpos fueron identificados. “Si no hay cadáver, no hay pruebas. Si no hay cadáver, no hay duelo”, señala la hermana de uno de los dos asesinados. Otros parientes hicieron batidas de búsqueda. En una de ellas la Guardia Civil encañonó a otro hermano de Zabala. La Justicia acreditó que al menos Rodríguez Galindo, Elgorriaga y sus ejecutores Vaquero, Bayo y Dorado acordaron “darles muerte” a los secuestrados para “hacerlos desaparecer”. “Decidieron llevarlo a cabo en un paraje aislado que les permitiera deshacerse de los cuerpos enterrándolos en cal viva. Fue elegida la Foya de Coves, término municipal de Busot, en Alicante”, se puede leer en la sentencia de la Audiencia Nacional.

Y, en efecto, lo mismo que habían llevado ocultos en un vehículo a Lasa y Zabala desde Baiona hasta Donostia -pasando una frontera internacional que entonces no era espacio Schengen de libre circulación- los desplazaron más de 700 kilómetros hacia el Mediterráneo. Fueron Dorado, Bayo y “otras personas” no identificadas los que se encargaron del viaje. Lasa y Zabala fueron vivos, pero “atados y amordazados y con los ojos vendados”. Para llegar al paraje, salieron de la A-182 por un camino de tierra, en el que se adentraron unos 15 kilómetros. Dejaron los coches y siguieron andando otros 200 metros. Con una pistola Browning que no era reglamentaria del cuerpo de la Guardia Civil dispararon un tiro a Lasa y dos a Zabala. Los tres fueron en la cabeza. “Después, arrojaron los cuerpos, sin ropa, aún amordazados y con unas vendas, a una fosa que habían preparado de unos 180 cm de largo por 80 de ancho y 90 de profundidad. Los cubrieron con tierra y con más de 50 kilos de cal viva”, recoge el apartado de hechos probados de la sentencia del caso.

El 20 de enero de 1984, día de San Sebastián, “una voz masculina” llamó a la emisora en Alicante de la Cadena Ser. La locutora María Nieves Martínez atendió la llamada. El interlocutor se identificó como portavoz de los GAL. Le explicó que habían asesinado a Lasa y Zabala y que habían pedido como súplica final un sacerdote. No se lo proporcionaron “porque no se lo merecían”. Explicó que los cuerpos estaban en Busot. Un año después, de nuevo el día de San Sebastián, el cazador Ramón Soriano encontró “esparcidos por las alimañas” restos humanos y una fosa. Avisó… a la Guardia Civil. Encontraron los dos cadáveres con mordazas en la boca y vendas en los ojos. En efecto, los animales habían esparcido parte de los cadáveres en un radio de 20 metros. También había casquillos en la zona. La Policía estimó que los habían matado a golpes -a pesar de las balas- y que era un ajuste de cuentas por temas de narcotráfico.

Pero aquello quedó ahí. Tuvieron que pasar diez años hasta que un agente de la Policía Nacional de Alicante, Jesús García, leyera informaciones sobre el uso de cal viva por parte de los GAL para que relacionase dos cuerpos olvidados durante años en el depósito con la desaparición de Lasa y Zabala. En marzo de 1995, tras entrevistarse con las familias, el forense Paco Etxeberria viajó hasta la Comunidad Valenciana para hacer un análisis pericial. Etxeberria, después, ha trabajado con fosas comunes de la Guerra Civil y hasta con Miguel de Cervantes y Salvador Allende. “Vi dos esqueletos masculinos de unos 20 años, de una determinada estatura, con un determinado tipo de pelo… Mi margen de error prácticamente era cero. Eran ellos. Calculé que se iba a organizar un buen jaleo”, cuenta al otro lado del teléfono. Fueron importantes también algunos detalles de problemas dentales de ambos jóvenes aportados por las familias. “Esta vez sí”, recalca que pensó en aquel momento.

Explica Etxeberria que en la época se fueron conocieron revelaciones de personajes como José Amedo que apuntaban a que, si de él dependiera, haría desaparecer un cuerpo en España, enterrado en el suelo y con cal viva. Estas pistas hicieron que al “honrado” agente García le saltara la bombilla. Fue él quien recibió al forense en el aeropuerto y quien le facilitó toda la información. “Era un buen funcionario que hablaba de democracia y de acabar con las chapuzas”, recuerda. García falleció de un infarto fulminante televisado en directo mientras declaraba en el juicio, celebrado en 2000. “Lo primero que pensé fue que no era casualidad. Fue beber agua y caer redondo”, recuerda Zabala, allí presente. “Él sí que tuvo que soportar presiones”, afirma Etxeberria.

Este especialista entregó a los pocos días de la inspección un detallado informe mecanografiado, con gráficos y con fotografías que identificaba como Lasa y Zabala a los restos mortales hallados. Tenía 64 folios. De hecho, en las imágenes se aprecian claramente los efectos devastadores de los balazos. “No sé si puede haber un crimen mayor. Van a otro país soberano, los secuestran, los traen a este país, los tienen en un centro clandestino de detención, los torturan, los asesinan y los ocultan. ¡Había un centro clandestino de detención y tortura a 500 metros del Palacio de Justicia de San Sebastián en plena democracia! Lo hicieron funcionarios públicos con recursos públicos y con conocimiento de las autoridades. Es completamente imposible que todo esto lo hicieran miembros de la Guardia Civil ‘motu proprio’”, opina Etxeberria.

La “salvaje” Ertzaintza en el cementerio

La identificación de los cuerpos y la posibilidad de llevar a juicio a los responsables no fue el final del camino. Las familias sienten como una puñalada lo ocurrido con la llegada de los féretros al aeropuerto de Hondarribia -en un vuelo regular de Avianca- y en el funeral en Tolosa después. Esto sucedió en junio de 1995. Había instrucciones judiciales precisas sobre el manejo de los ataúdes con las que las familias no estaban de acuerdo. De hecho, los féretros estuvieron una hora parados en la pista hasta que se ordenó que cuatro furgonetas de la Ertzaintza acompañaran a los coches fúnebres hasta el camposanto directamente.

“Había mucha gente apoyándonos y desde los cristales de la terminal vimos cómo daban a diestro y siniestro. Fue descorazonador”, explica Zabala sobre lo sucedido en el aeropuerto. Allí estaba la Policía Nacional dentro del recinto, la Guardia Civil en la pista y la Ertzaintza fuera. Se corearon proclamas como ‘ETA, mátalos’ o ‘Gora ETA militarra’ y ello motivó una respuesta de los antidisturbios. Cuatro dirigentes de Herri Batasuna (HB, el partido de la izquierda abertzale) resultaron heridos por la actuación policial, incluidos Jon Idigoras y Rafael Díez Usabiaga. Hubo trasladados al hospital comarcal del Bidasoa.

 “Y, si eso fue dramático, lo de la Ertzaintza en el cementerio de Tolosa fue salvaje. Solamente estábamos la familia directa, algunos representantes políticos y la prensa. Al intentar poner una foto… Empezó una carga policial. No fue nada amistosa la presencia de la Ertzaintza. En todo momento lo que hicieron fue intimidar a la familia”, cuenta Pili Zabala. Las crónicas explican que la Policía vasca cargó a porrazos, con pelotas de goma e incluso con las culatas de las escopetas. Años después, el entonces consejero de Interior, Juan María Atutxa, del PNV, realizó autocrítica por lo sucedido y admitió que fueron momentos “imborrables”, aunque remarcó que había un contexto muy concreto con ETA muy activa -Gregorio Ordóñez acababa de ser asesinado y él mismo era objetivo terrorista- y apoyo social a esa organización. “No es válido para las familias. Tras la actuación de la Ertzaintza hubo heridos y todas las denuncias fueron archivadas. Lo vemos como una venganza más de determinados eslabones del Estado”, responde Zabala preguntada por esta petición de disculpas de Atutxa.

 “No sé si me va a matar ETA o Galindo”

Etxeberria y García no fueron los únicos apoyos de las familias Lasa y Zabala. Su abogado fue Iñigo Iruin. En el Gobierno de González, una joven exmagistrada, Margarita Robles, ahora ministra de Defensa, y otros (pocos) altos cargos comandaron un trabajo interno que encontró “dificultades” y “recriminaciones”, según la sentencia del caso. También se implicó en esclarecer los hechos el gobernador civil de Gipuzkoa en 1995, Juan María Jáuregui, el último del ‘felipismo’. “Maixabel, no sé si me va a matar ETA o Galindo”, le confesó a su mujer tras declarar como testigo en la Audiencia Nacional. Lo hizo ETA, en 2000. Su esposa, de apellido Lasa y nacida a 11 kilómetros de Tolosa, llegó a ser la responsable de Víctimas del Gobierno vasco y, en 2021, protagonizó una película en la que explica sus encuentros con los asesinos de su marido que han querido desmarcarse del terrorismo.

Lasa recuerda que recibieron las noticias sobre la identificación en Alicante en La Cumbre, que se había reconvertido en la residencia de los subdelegados del Gobierno en la provincia. “Aquello era una jaula de oro. Tenía todas las comodidades, pero era una jaula. Estábamos vigilados por la Guardia Civil.. Era como un museo”, cuenta sobre el espacio donde torturaron a los tolosarras. La reciente ley estatal de memoria democrática prevé su cesión a Donostia para un uso memorialístico.

Asegura Maixabel Lasa que “Juan Mari” hizo lo que tenía que hacer, es decir, colaborar para limpiar la corrupción a todos los niveles. “Conocía perfectamente las irregularidades que se cometían en Intxaurrondo”, afirma sobre su marido. Sostiene también Lasa que es “vergonzoso” que Lasa y Zabala no sean considerados víctimas del terrorismo: “Son igual de víctimas que yo. Estamos en 2023. Han pasado 40 años. Me da vergüenza”.

Lamenta esto mismo Etxeberria, que también es guipuzcoano y también de “un pueblo de al lado” del de las familias, Beasain. La segunda familia, según expresa Pili Zabala, está muy herida por un reciente intento judicial en el que no solamente no obtuvieron los objetivos deseados sino que les han obligado a pagar las costas, 9.256,06 euros exactamente. “A mi madre, con 93 años, le han hecho esto. Nos quitan lo que más queremos y encima les tenemos que pagar”, dice la hermana de uno de los dos asesinados.

“Ellos son víctimas del terrorismo igual que lo soy yo. Fueron rastreros. Es obsceno que les cobraran. El calvario de estas familias es terrible. Es un maltrato gravísimo”, sostiene en la misma línea Consuelo Ordóñez. Y denuncia que no es el único caso. Ordóñez cita otro ejemplo reciente, el del hijo de un guardiacivil asesinado por ETA. Le pagaron la mitad de la indemnización que le correspondía y, al recurrir, “le llegaron unas costas impresionantes”. Esa víctima es Antonio Ramos, que antes de fallecer en 1986 tras ser tiroteado en Arrasate-Mondragón ya había resultado herido en otro atentado, precisamente el de la noche del 15 de octubre de 1983 en la que Elgorriaga y Rodríguez Galindo iniciaron un negro capítulo de terrorismo de Estado después de visitar el lugar de aquella acción de ETA