EL PACTO MIGRATORIO EUROPEO. UN PACTO DE MUERTE

 

EL PACTO MIGRATORIO EUROPEO.

 UN PACTO DE MUERTE

MIGUEL URBÁN

Aunque pudiera parecer lo contrario por los titulares de prensa o por las declaraciones grandilocuentes de la Comisión Europea y de la Presidencia española de la UE, el llamado Pacto Migratorio no está, todavía, aprobado. Lo que el Consejo ha alcanzado hace tan solo unos días por mayoría cualificada,  después de varias intentonas fallidas, ha sido su posición en el Reglamento de Crisis, la última pieza del Pacto de Migración y Asilo que los Estados miembros estaban pendientes de cerrar. De hecho, con esta posición de acuerdo del Consejo sobre dicho reglamento, entramos en una recta final que consiste en intentar aprobar el paquete entero de reformas migratorias antes de que termine la presente legislatura.

 

Pero ¿por qué era tan importante aprobar el Reglamento de Crisis en el Consejo?  Este Reglamento es uno de los elementos clave del Pacto de Migración y Asilo que Bruselas presentó en 2020 y que regula la normativa a aplicar en caso de situaciones de crisis o de fuerza mayor, como el caso de las llegadas masivas de personas migrantes. Hasta la semana pasada, este reglamento bloqueaba la obtención de una mayoría de tres cuartos en el Consejo, necesaria para la aprobación del Pacto Migratorio. Después de que la extrema derecha consiguiera la victoria política consistente en acabar con las cuotas obligatorias de reparto de refugiados, que había sido uno de sus principales caballos de batalla y de fricción con Bruselas, el Reglamento de Crisis había pasado a ser su otro gran objetivo en las negociaciones de la nueva normativa migratoria. El reglamento consigue por tanto superar la mayoría cualificada, a pesar de la denuncia teatralizada de los gobiernos húngaros y polaco sobre la imposición de un acuerdo en contra de su opinión. Denuncia que responde más a sus propios equilibrios internos y a la proximidad electoral que a una oposición real a lo aprobado.

 

Con la aprobación de este Reglamento, se consigue seguir avanzando en una reforma migratoria que institucionaliza la ausencia y vulneración de derechos para las personas migrantes, ya que lo que pretende es normalizar e institucionalizar las prácticas vulneradoras de derechos que varios Estados miembros han venido poniendo en marcha hasta la fecha, a pesar de las incontables denuncias por parte de la sociedad civil, las organizaciones sociales y las propias personas migrantes. Así, esta regulación permitirá suspender de facto los derechos en frontera siempre y cuando se evoque cualquiera de estas tres razones: “crisis migratoria”, “fuerza mayor” e “instrumentalización”. Si bien todos ellos son conceptos vagamente definidos, que pueden suponer la suspensión de derechos a gran escala, quizás el más problemático y el que hasta el momento ha rechazado el Parlamento Europeo es el de “instrumentalización” o, tal como está definido en la propuesta, aquellas “acciones de terceros países y agentes no estatales que faciliten las llegadas a la UE”.

 

En la práctica, tal y como apunta el European Council on Refugees & Exiles (ECRE), de lo que estamos hablando en caso de que se apruebe definitivamente el acuerdo con este Reglamento de Crisis, es de la posibilidad de que los Estados evoquen una suerte de circunstancias que les permitan evadir sus responsabilidades con respecto al asilo.  Entre otras medidas, esto permitiría a los Estados miembros retrasar el registro de solicitantes, aumentar el tiempo de detención y aumentar el número de  personas cuyas solicitudes sean tramitadas mediante el procedimiento fronterizo, lo que puede incluso incluir a menores no acompañados y familias. También empeoraría aún más las ya deficientes condiciones de acogida y de prestaciones materiales y sanitarias, que ya de por sí se encuentran muy lejos del umbral que requiere el mantenimiento de una mínima dignidad humana, especialmente para las personas vulnerables. Crearía, además, situaciones de discriminación contra determinados grupos de refugiados y refugiadas, vulnerando el artículo 3 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y los artículos 2 y 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

 

Es decir, la medida trata de apuntalar un violento sistema común de asilo  cuando el principal desafío que tenemos no es ni mucho menos regular la excepcionalidad, sino atajar el incumplimiento de las obligaciones legales sobre el derecho internacional al asilo y los derechos humanos, y todo ello en medio de una profunda y continua crisis del Estado de derecho en la UE. Además, es necesario recordar que el marco legal y jurídico actual ya proporciona flexibilidad a los Estados miembros para hacer frente a eventos de crisis que se produzcan en sus fronteras, incluso permitiendo derogaciones. Eso sí, estrictamente circunscritas por los Tratados y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Por tanto, lejos de añadir un mecanismo que facilite la adaptación a situaciones excepcionales, lo que provocaría la implementación de la “instrumentalización” es una nueva vuelta de tuerca en la necropolítica migratoria: aumento de la detención, más restricción al derecho al asilo, más deportación y más justificación irracional de políticas racistas, eurocéntricas y estigmatizantes.

 

Es también un gravísimo retroceso que, en el marco de las negociaciones para alcanzar la ansiada mayoría de los tres cuartos del Consejo Europeo, el gobierno italiano de la extrema derecha de Meloni haya conseguido que la cláusula alemana de salvaguarda de la actividad sobre las ONGs de búsqueda y rescate fuera retirada, permitiendo que su actividad pueda criminalizarse. Las declaraciones del ministro italiano de exteriores Antonio Tajani sobre el rescate en el mar son una muestra explícita del discurso de la extrema derecha de criminalización de las ONGs: el "problema no es salvar" a los inmigrantes en el Mediterráneo, sino "no tener organizaciones gubernamentales que los recojan y los lleven a Italia[1]". Un continuismo con el clima antipersona que reina en Europa y que acaba normalizando tragedias como la sucedida en Phylos, donde cientos de personas murieron ahogadas por la ¿negligencia? de los guardacostas griegos, y sobre la que pesa una denuncia colectiva de víctimas cuyas vidas, parece, no merecen ser ya recordadas.

 

En definitiva, la aprobación del Reglamento de Crisis por parte del Consejo Europeo no da por cerrado el Pacto Migratorio pero sí consigue allanar el terreno para seguir ahondando en una propuesta que discrimina, excluye y vulnera derechos fundamentales. Es verdaderamente preocupante que durante estos años de negociación, desde que la Comisión presentara el pacto hace ya tres años[2], la extrema derecha haya conseguido empeorarlo aún más, demostrando su gran capacidad para marcar la agenda migratoria de la Unión. Sin embargo, creo que sería un error si señalásemos únicamente a la extrema derecha como única culpable de esta política que destruye derechos e inocula una visión xenófoba de la migración humana. Tenemos que ampliar el foco y señalar a los cómplices necesarios para aplicar esta necropolítica migratoria, que no son otros que la gran coalición del extremo centro que gobierna la Unión.

 

Como ejemplo de esta lepenización de los espíritus de la gran coalición europea en cuanto a política migratoria se refiere, tenemos el gobierno de Pedro Sánchez. Este ha pasado de iniciar su primera presidencia acogiendo al barco de rescate y salvamento marítimo Aquarius, al que la extrema derecha del gobierno italiano de Salvini le negó puerto seguro, a ser felicitado por la ministra alemana, Nancy Faeser, quien afirmaba que la Presidencia española del Consejo de la UE ha realizado un “excelente trabajo” para llegar a la propuesta de texto actual que permite la criminalización de las ONGs de búsqueda y rescate por parte del gobierno ultraderechista de Meloni. Ha sido también el gobierno español quien ha abogado recientemente por un aumento de la externalización de fronteras que incremente los esfuerzos para detener la migración en origen[3] y quien ha justificado la indefendible actuación de las fuerzas policiales españolas en la frontera de Melilla. Además de mantener en el limbo administrativo a, al menos, medio millón de personas en su territorio.

 

Pero el Pacto Migratorio todavía no está aprobado, y por tanto aún hay tiempo para pelear contra la institucionalización de la vulneración de derechos que pretende cerrar la Presidencia española del Consejo. Es fundamental exigir a los socios de gobierno y de investidura del PSOE que incluyan el rechazo a esta reforma en el acuerdo para que Pedro Sánchez sea presidente. Es fundamental recuperar la movilización social contra la Europa Fortaleza, denunciando no solo sus consecuencias sino también a sus culpables, y, por tanto, no solo a la extrema derecha sino también a quienes aplican sus políticas migratorias. Todavía tenemos una oportunidad para frenar este pacto de muerte que está convirtiendo el Mediterráneo en una gran fosa común.