¿UNA LEY EUROPEA DE LIBERTAD DE PRENSA QUE
HAGA HONOR A SU NOMBRE?
RENATE
SCHROEDER
Hoy en día, en muchos países de la Unión Europea, la sostenibilidad de los medios de comunicación libres está amenazada. Falta pluralismo, y el auge de las plataformas de los monopolios informativos acelera la reducción del espacio para el periodismo independiente y de interés público. Los medios de comunicación están cada vez más atrapados y controlados por los políticos –o son objeto de difamaciones por “noticias falsas” al estilo del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump– . Entretanto, la protección de las fuentes de los periodistas se ve amenazada por el aumento de la vigilancia estatal.
Estas preocupantes
tendencias se han documentado en los informes anuales sobre el estado de
derecho de la Comisión Europea y, más concretamente, en el Monitor del
Pluralismo de los Medios de Comunicación publicado desde 2013-14, que ofrece un
excelente análisis de los riesgos para los valores fundamentales de los medios
de comunicación. El Centro de Florencia para el Pluralismo y la Libertad de los
Medios de Comunicación, responsable del seguimiento, concluyó acertadamente que
“había llegado el momento de dar a la Unión Europea nuevas herramientas para
proteger y fomentar el periodismo como un bien público en un entorno digital”.
La desinformación
crece
La Ley Europea de
Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés)
propuesta por la Comisión Europea el pasado septiembre, intenta regular el
ecosistema informativo. Éste está dominado por las grandes plataformas en línea
–en su mayoría estadounidenses– y envenenado por la creciente desinformación y
las campañas de conspiración que amenazan las democracias europeas y la
integración europea en general.
La creciente
desinformación y las campañas de conspiración que amenazan las democracias europeas
La Ley de Servicios
Digitales y la Ley de Mercados Digitales, recientemente aprobadas, pretenden
crear un espacio digital más seguro, en el que se protejan los derechos
fundamentales de los usuarios, y establecer condiciones equitativas para las
empresas. La EMFA propone un nuevo conjunto de normas para fomentar el
pluralismo, la transparencia y la independencia de los medios de comunicación
en toda la UE. Se basa en la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales,
pero extiende su ámbito de aplicación a los proveedores de servicios
editoriales y de medios digitales.
La propuesta de
reglamento incluye, entre otras cosas, salvaguardias contra la injerencia
política en las decisiones editoriales y la vigilancia de los periodistas. Hace
hincapié en la independencia y la financiación estable de los medios de
comunicación de servicio público, así como en la transparencia de la propiedad
de los medios y la asignación de la publicidad estatal.
También establece
medidas para proteger la independencia de los periodistas y revelar los
conflictos de interés. Por último, la ley crearía un nuevo Consejo Europeo de
Servicios de Medios de Comunicación independiente, compuesto por autoridades
nacionales de medios de comunicación y basado en el trabajo del Grupo de Reguladores
Europeos de los Servicios de Medios Audiovisuales (ERGA, por sus siglas en
inglés).
Muchos grupos
editoriales –sobre todo alemanes y franceses– han ejercido una agresiva presión
contra la EMFA. La califican de “ley contra la libertad de los medios de
comunicación” y afirman que la tradición de autorregulación se ve amenazada y
que la Comisión carece de legitimidad respecto al contenido de los medios de
comunicación. No obstante, los intentos de debilitar el proyecto de reglamento
transformándolo en directiva de las diputadas alemanas –la ponente de la
Comisión de Cultura y Educación, Sabine Verheyen, y su homóloga alemana, Petra
Kammereverth– fracasaron.
Una vigilancia
intrusiva
Sin embargo, en el
primer semestre de este año, el Consejo de la UE bajo la presidencia sueca fue
testigo de un retroceso en la libertad de los medios de comunicación y la
protección de las fuentes de los periodistas, al permitir el despliegue de
“software de vigilancia intrusiva” contra los proveedores de servicios de medios
de comunicación por motivos generales de “seguridad nacional”. Ochenta
organizaciones de defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos,
entre ellas editores, emisoras y sindicatos, enviaron una carta abierta a los
miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interiores
del Parlamento Europeo, que lleva la iniciativa en este artículo de la EMFA,
para que adoptaran una posición mucho más firme. Los periodistas de las
capitales europeas se dieron cuenta (y escribieron sobre ello) del daño
potencial que supone permitir que los Estados espíen a los periodistas por
razones de “seguridad nacional”.
Pensémoslo un
momento: los gobiernos proponen legalizar el espionaje a los periodistas
europeos justo en el momento en que el Monitor del Pluralismo de los Medios de
Comunicación muestra su extrema vulnerabilidad en materia de seguridad digital.
La presión ejercida por numerosas organizaciones no gubernamentales, entre
ellas la Federación Europea de Periodistas (FEP), ha permitido reforzar la
posición del Parlamento Europeo sin ninguna excepción por motivos de seguridad
nacional. Pero la prohibición absoluta de utilizar contra los periodistas
programas espía y tecnologías intrusivas similares no figura entre las
enmiendas aprobadas por la Comisión de Libertades Civiles.
Los gobiernos
proponen legalizar el espionaje a los periodistas europeos
La FEP y la
“Coalición EMFA” intensificarán su presión antes de la votación final en el
pleno, para insistir en la prohibición absoluta del uso de programas espía
contra los periodistas. Estas tecnologías obtienen un acceso ilimitado y sin
control a las comunicaciones, fotos, contactos y datos de comportamiento en
línea de los individuos, poniendo en peligro la confidencialidad de sus fuentes
y el acceso de los ciudadanos a un periodismo de calidad.
Negociaciones a
tres bandas
La Comisión de
Cultura del Parlamento Europeo ha mejorado el proyecto de la comisión al añadir
normas vinculantes sobre la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación,
la independencia de los medios de servicio público y su estabilidad financiera.
También ha encomendado tareas adicionales al Consejo Europeo.
Está previsto que
la Comisión de Cultura apruebe el texto de compromiso el 7 de septiembre y que
el pleno vote el texto completo a principios de octubre. Esto permitiría que
las negociaciones “a tres bandas” entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo
tuvieran lugar bajo la actual presidencia española, y finalizarán bajo la
presidencia belga antes de las elecciones parlamentarias del año que viene.
La FEP y sus socios
seguirán luchando por una ley más ambiciosa y digna de su nombre. Pero es una
batalla cuesta arriba: demasiados actores no están interesados en normas
vinculantes sobre temas sensibles como la independencia editorial, la
transparencia y la protección de los periodistas.
Los magnates de los
medios
Pongámonos en
contexto. La regulación de la libertad y el pluralismo de los medios de
comunicación ha sido un proyecto de evolución lenta pero constante en la UE.
Comenzó en 1989 con la Directiva Televisión sin fronteras, seguida de un Libro
Verde sobre la concentración de medios en 1992.
A pesar de que ya
entonces se consideraba que la concentración de medios entrañaba un alto
riesgo, no se adoptó ninguna legislación al respecto. Las agresivas presiones
de los magnates de los medios de comunicación de la época –Rupert Murdoch, Leo
Kirch y Silvio Berlusoni– convencieron al Reino Unido, Alemania e Italia para
que votaran en contra.
Hoy vivimos una
época de presiones sin precedentes sobre el periodismo de interés público. Esta
ley no resolverá todos los numerosos retos que tenemos por delante, pero, junto
con otras iniciativas de la UE, sería un pequeño pero importante paso en la
dirección correcta.
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Este artículo se
publicó en inglés en Social Europe.
Renate Schroeder es
directora de la Federación Europea de Periodistas, que representa a unos
300.000 periodistas en 73 organizaciones de 45 países. Ha trabajado durante 30
años para la Federación Internacional de Periodistas y (desde 2003
exclusivamente) para la FEP.
Traducción de
Paloma Farré.
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