LA ASOCIACIÓN SOCIAL VOLCÁN CUMBRE VIEJA URGE AL NUEVO GOBIERNO
CANARIO A APROBAR LOS DECRETOS LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL Y
AGRÍCOLA YA CONSENSUADOS
Este colectivo de afectados por la erupción de 2021 recuerda que los borradores de decretos ley para la reconstrucción de viviendas y zonas agrarias realizados por el Gobierno canario saliente ya son fruto de las reivindicaciones de la población damnificada y no se debe demorar su aprobación. Además, apoya la iniciativa legislativa popular de la Ley de Volcanes, aunque defiende que no se puede esperar a que se apruebe en el Parlamento canario, sino promulgar antes esos decretos-ley.
La Asociación
Social Volcán Cumbre Vieja solicita al nuevo Gobierno de Canarias que continúe
sin demora la tramitación final de los decretos ley de los que ya existen
borradores elaborados y consensuados que permitirán avanzar en la
reconstrucción de las viviendas de las personas damnificadas por la erupción volcánica de 2021 y también
de las zonas agrícolas destruidas -gran parte plataneras- en esta atroz
catástrofe.
La fórmula del
decreto ley, además, para esta agrupación de afectados, es la más adecuada para
la aplicación, con carácter urgente, de las medidas que necesita la población
damnificada, aunque más adelante se promulgue la nueva legislación que surja de
la iniciativa legislativa popular de la Ley de Volcanes, una propuesta que la
Asociación Social Cumbre Vieja apoya y anima a avalar con firmas para que pueda
alcanzar las 15.000 que se requieren para su debate y votación en la Cámara
autonómica.
Dicho esto, la asociación no puede menos que congratularse del importante compromiso que el nuevo presidente del Gobierno canario ha contraído en su discurso de investidura con la recuperación socioeconómica de los afectados del volcán, y precisamente por ello confía en que el trabajo ya plasmado en los borradores finales de ambos decretos ley sean aprobados cuanto antes.
Este colectivo
ciudadano pone de relieve que en el último borrador de decreto ley para la
normalidad residencial, entregado la pasada semana a representantes de los
afectados por el consejero en funciones de Transición Ecológica y Planificación
Territorial, José Antonio Valbuena, incluye medidas positivas por las que han
luchado los colectivos de afectados, como son la posibilidad de vender, con
carácter voluntario, las propiedades destruidas por el volcán a la
Administración por el precio de mercado que tenían antes de la erupción, o bien
su permuta por una parcela urbanizada en los nuevos suelos para la reposición
de las viviendas sepultadas por la lava.
Y lo mismo ocurre
con el decreto ley agrícola, elaborado durante la etapa de Alicia Vanoostende
como titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, un documento
que prevé una reordenación de los terrenos, ahora cubiertos por las coladas de
este volcán, mediante una reparcelación, y la reconstrucción de las fincas
agrarias con inversión pública, para su posterior entrega a los agricultores
afectados para que las puedan volver a cultivar.
Además, se permite
a los dueños de suelos agrarios en los bordes de coladas reconstruirlos por
iniciativa propia, con la correspondiente modificación de la zona de exclusión.
Asimismo, hay que
reseñar que a los agricultores que no deseen continuar con las explotaciones
agrarias se les permite acogerse a una indemnización económica.
Otro aspecto que
quiere destacar este colectivo ciudadano es el hecho de que tanto la
reconstrucción de viviendas como las de las fincas agrícolas se gestionará a
través de la Agencia de Gestión de la Normalidad en la isla de La Palma
(AGESNORM), en la que los representantes de la población y los sectores
perjudicados han logrado tener el 50% del poder de decisión en su Consejo
General, mientras que el otro 50% lo ostentarán las Administraciones Públicas.
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