INCIERTO FUTURO PARA UN PERÚ EN PARO
MARIANA ÁLVAREZ ORELLANA
Huelga por tiempo indefinido demandando que se vayan todos.
Luego de la tregua por Navidad y Año Nuevo, las protestas populares para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones para el 2023 y una nueva Constitución se reiniciaron en todo Perú, esta vez sin las trágicas consecuencias de diciembre pasado.
Miles de peruanos y peruanas, de sur a norte y de este a oeste comenzaron el miércoles el paro por tiempo indefinido a fin de exigir que se vayan todos, comenzando por la actual mandataria Dina Boluarte y el Congreso “corrupto y golpista”, así como la convocatoria a Asamblea Constituyente y la libertad del depuesto presidente Pedro Castillo.
La policía, junto
con el ejército, mantuvieron el control de la infraestructura clave para evitar
actos violentos, aunque se registraron múltiples enfrentamientos.En el centro
de Lima, la Policía Nacional de Perú (PNP) lanzó bombas lacrimógenas a
manifestantes que intentaban llegar al Congreso tras realizar una movilización
de la Plaza 2 de Mayo en el Cercado de Lima.
En Perú se
iniciaron el pasado 7 de diciembre una ola de protestas luego de la destitución
y arresto del ex presidente Castillo, que dejaron 28 muertos en choques entre
manifestantes y el ejército y otros seis fallecidos en accidentes vinculados a
los bloqueos.
Los analistas
apuntan a la figura del presidente del Congreso, José Williams Zapata, general
en retiro y dirigente de un partido de extrema derecha, uno de los principales
instigadores para la destitución de Petro Castillo, pareciera beneficiarse del
paro para suceder a Dina Boluarte en la presidencia de Perú. Zapara es acusado
de violación a los Derechos Humanos, enriquecimiento ilícito, y vínculos con el
narcotráfico según la misma DEA de EEUU.
El 2021 fue acusado
de encubrimiento en la masacre de Accomarca, ocurrida en 1985, donde fueron
asesinados de 69 campesinos y según la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones de Perú, en 2006 Williams fue acusado
por enriquecimiento ilícito, cuando presidia en Comando Conjunto del Ejército.
Según inormacions de medios mxicano, se involucró asimismo con el
narcotraficante cartel de Tijuana
La Defensoría del
Pueblo reportó que 30 provincias a nivel nacional con acciones colectivas de
protestas, entre movilizaciones, paralizaciones y/o bloqueos de vías. Las
protestas agudizaron la incertidumbre: incierto es la desmilitarización
nacional cuando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son uno de los
soportes del gobierno de Dina Boluarte.
Indicó que no le
corresponde al ejército ni a la policía resolver este conflicto. “Es deber del
Gobierno central y del Congreso de la República encontrar una salida de amplio
consenso que le devuelva la tranquilidad y paz al país”, indicó en su
comunicado.
“Incierto es incluso que las elecciones sean
el 2024, si las protestas arrecian quizás se adelanten al 2023 y si el gobierno
se empodera quiera quedarse hasta el
2026; muy incierto y desalentador es el surgimiento de ideas y sangre nueva en
un país aplastado por la vieja clase política que ha taponeado toda propuesta
de recambio. Predecible nuestra desgracia nacional, incierto nuestro porvenir,
señala Rudecindo Vega Carreazo.
Las protestas
antigubernamentales se iniciaron en forma pacífica y en un clima de tensión,
con algunos bloqueos de carreteras. Como estaba previsto, la jornada tuvo a la
región surandina de Puno como principal protagonista. Desde el amanecer fue
bloqueada la vía que comunica a ese territorio con Bolivia, incluyendo la
carretera Interoceánica, que enlaza el sur de la costa peruana con Brasil.
Hubo paralizaciones
parciales de actividades y marchas en las sureñas regiones de Puno, Cusco y
Arequipa, según reportes de esos lugares, así como en las provincias de
Andahuaylas y Abancay, de la región surandina de Apurímac.
En un intento de
desviar la atención de la conmoción interna, Boluarte “lamentó” las supuestas
continuas injerencias del expresidente de Bolivia Evo Morales en asuntos
internos del país y afirmó que evaluará junto con Migraciones sobre su ingreso
al territorio peruano, debido a que tendría la intención de impulsar un separatismo
en el sur peruano.
El ministro de Defensa, Jorge Chávez, señaló
que denunció que personas ligadas al narcotráfico y a la minería ilegal están
detrás de las protestas en el sur del país y dijo que las manifestaciones no
han tenido la intensidad de las protestas de diciembre de 2022, aunque tuvieron
“mayor incidencia” en Cusco y Puno. El general José Williams, titular del
Congreso, invocó este miércoles a “deponer cualquier medida de violencia” en
las protestas
Boluarte insistió
en no habrá impunidad por las muertes en las protestas de diciembre, desatadas
tras la destitución parlamentaria, el 7 de diciembre, del hasta entonces
presidente Pedro Castillo, a quien reemplazó la mandataria desde su posición de
vicepresidenta.
La presidenta pidió
una investigación rápida de las muertes y que se individualicen las
responsabilidades, lo que dejó en manos del sistema de justicia y de una
indagación a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se
molestó cuando un periodista le mencionó la responsabilidad del Estado en el
saldo luctuoso y le preguntó si garantizaba que no habrá más pérdida de vidas.
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