UN TRIBUNAL INCONSTITUCIONAL E INMORAL

 

UN TRIBUNAL INCONSTITUCIONAL E INMORAL

El TC se ha situado por encima de la ley e incluso de la propia Constitución, y se ha convertido en un órgano que decide por criterios políticos y de interés

JESÚS LÓPEZ-MEDEL

Enrique Arnaldo, durante la decimotercera

renovación del TC, en 2021.

Estamos viviendo el momento más involucionista de la historia española desde el intento de golpe militar de 1981. El Partido Popular, a través de sus magistrados en el Tribunal Constitucional, no ha tenido ningún reparo en violentar la Constitución para sus fines, erosionar la democracia y aplicar las teorías diseñadas por el nazismo sobre este órgano, como luego se explicará.

Deben recordarse antes algunos elementos históricos que ayudan a entender esto. En primer lugar, el hecho de que solo la mitad de los diputados de AP (Alianza Popular), el partido del cual surgiría el Partido Popular, votase a favor de la Constitución. Dirigentes históricos como Aznar o Rajoy provienen de aquella organización que no tenía fervor constitucional alguno. Del primero son conocidos algunos artículos periodísticos criticando el texto constitucional. Ahora, sin embargo, se quieren apropiar de él.

 

En segundo lugar, la reacción del PP cada vez que ha perdido las elecciones. En reiteradas ocasiones, y sin rubor alguno, calificaron de “ilegítimo” al gobierno presidido por Zapatero, igual que hacen ahora con el actual, fruto de una coalición del PSOE y Unidas Podemos. Demonizan el apellido de ambos presidentes, lo pronuncian con odio, como escupiéndolos. El sentido patrimonial que tienen del poder y de las instituciones es muy evidente. Lo están demostrando con el órgano de gobierno de los jueces y con el Tribunal Constitucional.

 

Hay algo que caracteriza al PP en su resistencia a perder cualquier forma de poder: no tienen límite

 

Hay algo que caracteriza a este partido en su resistencia a perder cualquier forma de poder: no tienen límite, todo les vale y carecen de prejuicios jurídicos y morales. Estamos asistiendo a algo inaudito, que jamás había acontecido, y que resulta un desprecio a la democracia parlamentaria.

 

La impugnación por el PP por vía de medidas cautelarísimas (sin intervención de otras partes afectadas) para suspender una actividad parlamentaria casi de un día para otro es algo más que excepcional, es alucinante. Cierto es que se utilizó ante el Parlament de Cataluña, pero era para evitar que se aprobara una declaración de independencia. Eso estaba basado en un artículo concreto de la Constitución (155).

 

Sin embargo, en el asunto actual estamos ante un proceso netamente legislativo. La interferencia en un poder del Estado es una locura, como lo sería acudir por vía de amparo al TC para impedir que la Administración dictase un acto administrativo. O que, en un juicio cualquiera, antes de que el tribunal dicte sentencia, el TC interfiriera, mediante un recurso de amparo, impidiéndole realizar su función jurisdiccional. La intromisión es inaudita y disparatada. Pero aún mucho más si se hace contra la institución que constituye el eje del sistema político, el Parlamento. En ningún país europeo ha sucedido esto antes. El recurso de amparo invocaba una supuesta vulneración de derechos fundamentales. Es importante resaltar que, en la práctica, nuestro Tribunal Constitucional rechaza o inadmite casi la totalidad de los recursos de amparo y lo hace después de dejarlos dormir durante muchos meses. Es decir, lo hace prácticamente por sistema.

 

Pero no, en este caso ha hecho una excepción escandalosa, porque se trata de un partido político al que quiere favorecer y lo ha hecho, además, con una inaudita celeridad. Yo me pregunto qué pensarán los ciudadanos que en cualquier lugar de España llevan meses esperando que se resuelva su recurso de amparo, para que luego les digan, con una fórmula de copia y pega sin razonar, que no lo admiten a trámite. Lógicamente pensarán que la justicia siempre protege a los poderosos y que es un trato desigual.

 

 

 

Además, hay otro elemento a tener en cuenta. La petición de medidas cautelarísimas, que el TC nunca había concedido, debía servir para evitar que se pudiera votar una ley en el Congreso. La justificación era que los diputados no podían introducir enmiendas, dada la fórmula, muy desafortunada y chapucera, elegida por los grupos proponentes. Pero fue el lunes 19 de diciembre cuando el TC dictó su resolución y es evidente que, para ese momento, los parlamentarios que habían acudido al tribunal no se encontraban en desamparo pues ya había pasado el trámite del Congreso. La reforma estaba ya en el Senado, donde sí se había habilitado un plazo para que los senadores pudiesen hacer uso de esa facultad de enmendar. Así pues, ya había decaído el objeto del recurso.

 

Es indudable que era una excusa, pues había otras medidas legislativas que se habían introducido en esta fórmula incorrecta en técnica legislativa, pero el PP solo ha intentado paralizar lo que más le preocupaba: un cambio en el poder. El objetivo era impedir que, pese a tener su mandato más que caducado, se produjese una legítima renovación de órganos constitucionales capitales porque el PP perdería su mayoría en ellos.

 

Esos dos órganos (TC y CGPJ) tienen en común el carácter negro de sus togas sacerdotales tras las que se esconden vergüenzas, pero que ellos engalanan con chapas y más chapas. Se sienten ensoberbecidos de poder y se sitúan por encima de todo y de todos. Desde luego, de la institución que representa la soberanía nacional, las Cortes, y por supuesto, de las normas que estas aprueban. Se las han saltado por su manera de actuar. Se han pasado las leyes por el forro. La moral no, porque algunos parecen carecer de ella.

 

TC y CGPJ tienen en común el carácter negro de sus togas sacerdotales tras las que se esconden vergüenzas

 

Esta dimensión ética especialmente pisoteada es uno de los más aberrantes aspectos de esta grave decisión. No tiene nombre el hecho de que votaran los dos magistrados con mandato más que caducado a los que se iba a cesar en pocos días si el 22 de diciembre se hubiera aprobado definitivamente la reforma. Las leyes aplicables al funcionamiento del TC obligan a aquellos a abstenerse si tuviesen interés directo en el asunto. ¿Qué mayor interés que el de quienes se veían afectados por el cambio legislativo y debían abandonar el TC si se aprobaba la ley? Nunca debieron haber participado en el asunto por decisión propia. Además, estaba la recusación presentada por dos partidos, que los magistrados conservadores se negaron a tramitar.

 

Esto evidencia la absoluta falta de valor jurídico e igualmente la carencia de ética de los dos magistrados que debían haberse retirado. El descrédito del Tribunal Constitucional ha llegado a límites insospechados. Algunos veníamos alertando de la degeneración ya en tiempos de la mayoría absolutísima del PP (en 2014 publiqué un artículo jurídico en la revista La Ley titulado “Crisis institucional, crisis normativa, crisis democrática”). Pero lo que se ha producido ahora es un paso gigante en la erosión del sistema democrático. Y demuestra que no tienen límites y pueden hacer cualquier cosa para retener el poder en las instituciones e impedir algo consustancial en democracia: la temporalidad y la renovación.

 

Para intervenir en un proceso, hay que tener independencia e imparcialidad, y es muy importante que la apariencia de esto sea creíble y asumible por la ciudadanía. Una de las votantes del desafuero ha sido la magistrada del PP Concepción Espejel. Quiero recordar que cuando estaba en la Audiencia Nacional siempre se la apartaba de juzgar todos los asuntos que afectaban al PP por decisión de los órganos superiores. No era idónea para ello, pero ahora, como el TC no tiene superior jerárquico, la jueza no tiene barreras. Vota y votará en todo lo que interese al PP. Tampoco su colega, el ponente de este desgraciado asunto, Enrique Arnaldo, un enredador nato, una persona de antecedentes morales tenebrosos. Cada vez está más extendida la idea de que él mismo podría haber sido el muñidor de la idea y reacción del PP, como Juan Palomo. Esos dos miembros del TC, peperos hasta la médula, fueron torpemente aceptados por el PSOE. El negociador del Gobierno, Félix Bolaños, diseñador también de esta chapuza reciente de las enmiendas, ha hecho un papelón. La actuación invasiva e ilícita del TC no exime a los responsables de esas dos torpezas graves.

 

Esos dos miembros del TC, peperos hasta la médula, fueron torpemente aceptados por el PSOE

 

Tengo fundadas sospechas de que los magistrados votaron sabiendo que aquello era jurídicamente rechazable y erróneo. Pero les pueden más los intereses propios y, sobre todo, los del partido al que sirven. 

 

Son tres poderes los que existen en nuestro sistema. No lo es el Tribunal Constitucional que, con esa decisión, en connivencia con un Consejo General del Poder Judicial más que caducado, podrido, ha invadido, de una manera estrepitosa, la inviolabilidad del Parlamento, según proclama la Constitución.

 

Es la consagración en la práctica de la peligrosísima teoría de Carl Schmitt, brillante jurista pero sustentador ideológico del nazismo, que trata, entre otras cosas, de la politización de la justicia constitucional, frente a la tesis del gran Hans Kelsen que defendía lo contrario y cuyas ideas, afortunadamente, son las que existen donde hay tribunales constitucionales, aunque ahora el español ha dado un paso peligrosísimo.

 

La decisión que ha tomado el TC constituye un inaudito precedente para que cualquiera, a través del recurso de amparo, pueda paralizar un proceso legislativo e impida que el parlamento apruebe leyes.  ¿Van a volver a utilizar esa vía para paralizar la elaboración de leyes estatales o autonómicas, o solo era para evitar que les expulsaran a ellos mismos? Eso no sucede en ningún país democrático y solo tiene un nombre: golpe de Estado. Aquí lo ha perpetrado el Partido Popular a través de los magistrados que nombró.

 

Siguiendo la teoría de Carl Schmitt, el tribunal español se ha situado por encima de la ley e incluso de la propia Constitución, y se ha convertido en un órgano que decide por criterios políticos y de interés. Su descrédito es enorme y su prestigio quedará siempre manchado. Las Cortes no han sabido o no han querido hacer frente a ello de manera suficiente; se han limitado a emitir dos comunicados, cuando tenían que haber forzado personarse ante el TC con alegaciones, aunque este las hubiera rechazado.