'LAWFARE': ¿POR QUÉ AHORA?

'LAWFARE': ¿POR QUÉ AHORA?

JUAN CARLOS MONEDERO

Carlos Lesmes, expresidente del CGPJ, en una imagen

de archivo.- J.J Guillén / EFE

La ley de hierro de las élites

Hay una ley en la ciencia política de la que poco o nada se habla. Podríamos llamarla, con ayuda de Robert Michels, "la ley de hierro de las élites" (o, si actualizamos los materiales, la "ley de sílice de las oligarquías", por eso de los chips). Esta ley rezaría así:  "Los poderosos siempre utilizan cualquier recurso a su mano para mantener sus privilegios, escogiendo el que creen que le procura el máximo resultado con el mínimo costo".

 

La violencia siempre ha sido un recurso inmediato y eficaz en el corto plazo. Pero a largo plazo, como recordaba Maquiavelo en El príncipe, ganas más convenciendo que amedrentando. Por eso la iglesia siempre ha estado cerca del poder: se ayudaban mútuamente para garantizar ambos su estatus.

 

En sociedades capitalistas, el poder judicial tiene como última misión defender la propiedad privada, que siempre ha estado ligada al estatus. Lo hace encarcelando al que roba una gallina y dejando en libertad al que hunde un fondo de inversiones con el dinero de los pensionistas. Y lo hace, también, persiguiendo a los que buscan un nuevo acuerdo que cambie el equilibrio social. En el siglo XIX perseguían a los anarquistas que alfabetizaban al pueblo y, en el siglo XXI, defienden a los que matan a aquellos que enseñan derechos a los pueblos.

 

Lawfare o guerra judicial ha existido siempre. Como el poder no puede basarse en la arbitrariedad, tiene que mantener evidentemente algún equilibrio con los que entiende que son su sostén social y político, pero nunca al punto de perder sus privilegios. Es verdad que cuando el pueblo se ha soliviantado ante una canallada muy grande, ha podido castigarse a algún poderoso (como en la Fuenteovejuna de Lope de Vega o en el caso de Antonio Pérez y Felipe II), pero eran casos puntuales para que todo lo demás permaneciera invariable.  El lawfare sólo ha cambiado en virtud de los tiempos y las circunstancias de cada país.

 

Una guerra con menor derramamiento de sangre

Esta guerra judicial siempre es menos sangrienta que otro tipo de represiones y logra mayor consenso social. Pensemos cómo la imaginería del Cristo ha ido cambiando con el tiempo. En las casas burguesas, confiadas en el orden permanente de sus sociedades, un Cristo sangrante y en el borde de la muerte no era muy aleccionador en los comedores o los dormitorios. De manera que fue suavizándose el dolor, al tiempo que se colgaban cuadros de bodegones que repetían la idea de abundancia o de paisajes desde donde miraba el atardecer algún rey ocuparon el lugar del recuerdo cristiano del infierno.

 

La correlación de fuerzas en España permitía sentar en el banquillo a la infanta Cristina, pero no meterla en la cárcel. Igual que con su padre, el rey emérito (en este caso, en el banquillo mediático), si bien eran piezas a sacrificar para que Felipe VI pudiera seguir reinando.

 

Algo parecido ocurrió con las ejecuciones públicas o la pena de muerte: dejaron de representarse cuando ya no hacían falta. La violencia física siempre ha estado del lado del poder (por eso son poder). Y, conforme la violencia iba resignificándose, era más útil garantizar el orden con métodos más civilizados. Al final, la ley -y, sobre todo, su interpretación y aplicación- expresa la correlación de fuerzas entre las clases sociales en cada sociedad.

 

La correlación de fuerzas en España permitía sentar en el banquillo a la infanta Cristina, pero no meterla en la cárcel. Igual que con su padre, el rey emérito (en este caso, en el banquillo mediático), si bien eran piezas a sacrificar para que Felipe VI pudiera seguir reinando. La ley es el más claro ejemplo de aquello de lo que se rió Antonio Machado en su Juan de Mairena: "La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Agamenón: -Conforme. El porquero: -No me convence".

 

La evolución del derecho marcha con la evolución del sistema capitalista y de la necesidad de certidumbre y previsión que reclama este modelo basado en la obtención de beneficios en el mercado. Por eso, el capitalismo no puede funcionar sin derecho y el derecho no puede ser arbitrario como la voluntad de un faraón o un rey absoluto.

 

El comercio ha ido suavizando la violencia en el mundo occidental, también porque la trasladó hacia el ámbito colonial. Pero, con el tiempo, el derecho se ha hecho tan arbitrario como la voluntad de los grandes capitales (que son una suerte de nuevos reyes feudales). ¿O no recordamos en España la reunión inédita de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo donde se revirtió -por 15 votos frente a 13, lo que señala que hay grietas- que el pago de los impuestos de las hipotecas lo iban a tener que pagar los bancos por culpa de una sentencia de un juez que se creyó lo de la universalidad de la ley?

 

El cuento del molinero reparado, la insolencia del porquero y el "método Yakarta"

Suele mencionarse el caso de Arnold, el molinero alemán de Sanssouci, que pleiteó con éxito contra el Emperador Federico el Grande. En la fábula, al monarca le molestaba el molino cercano a su palacio y decidió demolerlo cuando el molinero se negó a vendérselo. Ante su queja por la injusticia del acto, el emperador le habría contestado: "Hay jueces en Berlín". Y el molinero acudió a los tribunales y, en el cuento, le ganó el pleito. Puro mito (como cuenta José Esteve Pardo en Hay jueces en Berlín. Un cuento sobre el control judicial del poder, Madrid, Marcial Pons, 2020).

 

En España conviene más el caso de Pedro Beneitez, El Gordo, molinero de oficio y vecino de Aribayos, condenado por la Audiencia Episcopal de Zamora a pagar a la Iglesia, pese a sus quejas, una multa por moler grano en domingo en el molino arrendado al Cabildo Catedral de Zamora. Habiendo penitencia que engrose el cepillo, aquí paz y después gloria. O el señalado de las tasas de las hipotecas. O la incapacidad de la democracia española de anular con todos los efectos las sentencias del franquismo.

 

El siglo XX ha sido el siglo de la guerra entre los trabajadores y el capital. Unos, los más, tenían el número de las mayorías; otros, los acaudalados, detentaban el poder real (dinero, ejércitos, policías, medios de comunicación, diplomacia, universidades, Iglesia). Esa confrontación se zanjó en la Segunda Guerra Mundial con la derrota de unas derechas que habían visto en el nazismo y el fascismo una opción desesperada frente al avance de la izquierda.

 

Los Estados sociales fueron una revolución cultural y material que funcionó sobre todo en Europa como manera de frenar la influencia de la Unión Soviética. En esa estela, el derecho y la justicia -las garantías y la igualdad ante la ley- empezaron a acompasarse en los países más desarrollados.

 

Pero el auge de los Estados sociales coincidió con la hegemonía norteamericana en el mundo. Por eso, mientras Europa era un oasis, EEUU ponía en marcha lo que Vincent Bevins ha llamado "el método Yakarta" (Madrid, Capitán Swing, 2022), que implicaba la colaboración del Gobierno norteamericano en la ejecución en 1965 de un millón de indonesios vinculados al partido comunista (el más numeroso del mundo en ese momento después de la URSS y China) o el apoyo a dictaduras sangrientas en Argentina (con 30.000 desaparecidos), Brasil o Chile.

 

Estados Unidos se dio cuenta de que era mejor formar jueces y periodistas que educar a militares en la represión de subversivos en la Escuela de las Américas. Y el resultado era el mismo.

 

La puesta en marcha del neoliberalismo como respuesta a la crisis de 1973 generó muchas protestas, que fueron reprimidas con fuerza e, incluso, como en los casos del Cono Sur latinoamericano señalados, con golpes de Estado. La idea de "gobernabilidad" lograda con violencia dejó paso a la "gobernabilidad pactada", llamada "gobernanza".

 

Cuando la fuerza ya no era necesaria y carecía de legitimidad, se garantizó el orden con fórmulas más sofisticadas. El aporte judicial al orden social cobró mayor relevancia. Estados Unidos se dio cuenta de que era mejor formar jueces y periodistas que educar a militares en la represión de subversivos en la Escuela de las Américas. Y el resultado era el mismo.

 

Las inercias del Estado las gestionan los jueces

El Estado siempre tiene inercias, selectividades, que son legados como herencia a los que gobiernen. Los jueces, como funcionarios con toga, igual que los militares -funcionarios con armas-, forman parte de esa herencia.

 

 

La única manera de frenar esas selectividades del Estado heredado es cambiando la correlación de fuerzas. Con votaciones que lleven a mayorías absolutas abrumadoras o con la calle. Puedes ganar el Gobierno, pero el Estado, con sus inercias, va a pesar como una losa en la gestión de las instituciones.

 

Por eso, los jueces pudieron sacar a Lula de la contienda electoral hace cuatro años. Y, por eso, ahora Lula ha ganado las elecciones pero aún está por ver si le dejarán gobernar o las inercias volverán a derrotarle. Dependerá de lo que haga ese 50% que le ha votado. Y es evidente que el Deep State, el Estado profundo -esa gente que "vota todos los días", porque todos los días toma decisiones vinculantes-, hará lo posible para que lo que no han conseguido en las urnas lo intenten conseguir por fuera. Y lo hará con sus jueces, servicios de inteligencia, sector financiero, patronal, inversores dueños de medios de comunicación y jerarquía de las iglesias.

 

Como plantea Pablo Gentili, el presupuesto de 2023 que deja a Lula Bolsonaro "no tiene partidas para merienda escolar ni para educación infantil (indispensable en las regiones más pobres); tampoco para las farmacias populares ni para el auxilio de emergencia que utilizó con fines solo electoralistas".

 

Y, como el bolsonarismo ha ganado en las cámaras, fácil será que hagan filibusterismo parlamentario para entorpecer la tarea de gobierno. Con apariencia de legalidad democrática. Como le ha pasado a Alberto Fernández en Argentina, endeudada con el FMI por culpa de Macri -que usó el dinero para intentar ganar las elecciones-, o le está pasando a Gabriel Boric en Chile.

 

El juez corrupto Sergio Moro, que encarceló ilegalmente a Lula y lo sacó de la contienda electoral hace cuatro años, ha sacado en estas elecciones de octubre de 2022 el escaño de senador. Un juez que pervirtió la decisión popular, que quebró la soberanía del pueblo propia de una democracia, no recibe ningún castigo por su golpe blando.

 

Contra el independentismo catalán funcionó la coartada de que iban a secesionarse de España; con el terrorismo de ETA, su condicion violenta. Pero contra Podemos no pueden achacar nada contra la Constitución y, por eso, necesitan con urgencia que la maquinaria judicial golpee a sus líderes.

 

Guerra judicial contra Podemos, ¿por qué?

En España conocemos casos de guerra judicial reciente -algunas aún en marcha-, especialmente contra el independentismo catalán y contra una fuerza emergente, Podemos, que llegó a tener cinco millones de votos, a los que se sumaría el millón que sacó Izquierda Unida (el PSOE de Pedro Sánchez gobernó con 5,3 millones de votos).

 

En la lucha contra el independentismo vasco, tanto en su vertiente terrorista como en lo que el juez Garzón llamó "el entorno" (y que llevó a barbaridades, como la autorización de torturas, el encarcelamiento sin delito o el cierre de periódicos), se dio un paso más allá y la herencia franquista en la Policía y la Guardia Civil llevó incluso al terrorismo de Estado.

 

Es llamativo cómo para el PSOE, igual que para el PP, Vox y Ciudadanos, los GAL siguen siendo un tabú, porque era algo a lo que apoyaban en silencio - una ley del Talión que quería responder desde las instituciones a las barbaridades de los terroristas- en una época donde era complicado forzar la ley para justificar los asesinatos extrajudiciales como se había hecho durante la dictadura.

 

Contra el independentismo catalán funcionó la coartada de que iban a secesionarse de España; con el terrorismo de ETA, su condicion violenta (aunque, en realidad, antes de lo que hicieron con el independentismo catalán lo hicieron con el presidente del Parlamento vasco, José María Atutxa, en 2008). Pero contra Podemos no pueden achacar nada contra la Constitución y, por eso, necesitan con urgencia que la maquinaria judicial golpee a sus líderes.

 

No olvidemos tampoco que el lawfare, esto es, la guerra judicial contra adversarios políticos, ha recibido apoyo desde el poder legislativo. Es el papel de las "leyes mordaza", que castigan con enormes penas de cárcel a los activistas. Esto, a su vez, alimenta las interpretaciones forzadas que han llevado a que las presiones judiciales se entrometan en el poder legislativo -sede de la soberanía popular-,por ejemplo, para quitarle el escaño en España a Isa Serra o a Alberto Rodríguez o para enjuiciar a una parte no menor de sus líderes.

 

No deja de ser llamativo que los mismos jueces que no ven delito en las conversaciones para alterar pruebas entre el comisario Villarejo y la entonces secretaria general del PP, Dolores de Cospedal; los mismos tribunales que no han podido dilucidar quién es M.Rajoy; los que tienen fuera de la cárcel a Eduardo Zaplana o que no imputan al actual portavoz del PP, Esteban González Pons, tras ser señalado con pruebas por uno de los "conseguidores" de la Gürtel, tienen enjuiciados a numerosos miembros de Podemos por los "rumores" sin prueba alguna de abogados enfadados con la formación morada por su despido o de delincuentes venezolanos que buscan favores judiciales y están vinculados a tramas corruptas.

 

La doble vara de medir es otro ángulo del lawfare. El PSOE va a ver entrar en la cárcel a José Antonio Griñán, quien fue presidente de la Junta de Andalucía​ entre 2009 y 2013 y presidente del Partido Socialista Obrero Español entre 2012 y 2014. Al tiempo, Esperanza Aguirre, por un comportamiento similar, no ha recibido la imputación por ese mismo delito. Es verdad que Griñán cuenta con el indulto gubernamental, pero tampoco se van a librar del lawfare si no ayudan a detenerlo.

 

Las victorias apretadas de la izquierda en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, con frentes amplios sin gran cohesión ideológica ni organizativa nos pueden hacer prever que el lawfare se va a recrudecer.

 

No olvidamos tampoco que hay un lawfare judicial y un mediafare comunicacional que van de la mano. Por eso, proliferan las acusaciones falsas y sin pruebas, porque los medios, prácticamente el 100% en manos de la derecha en todos los países, le dan un recorrido mediático que tiene como objetivo "matar civilmente" a los adversarios. Y, si las acusaciones caen en juzgados igualmente conservadores, las acusaciones se convierten en imputaciones que, sea cual sea el resultado, terminan alterando la voluntad popular.

 

Por eso, se reabren antes de las elecciones municipales casos varias veces archivados (como el de una multinacional del agua contra Ada Colau). Y, por eso, la presión para que en las próximas elecciones Podemos se disuelva en algún tipo de proyecto que las élites dejen de ver como una amenaza.

 

Cuando la Troika puso de rodillas, a Grecia no lo hicieron solo porque Tsipras y Syriza estaban desobedeciendo sus mandatos -que carecían de cualquier base democrática- sino como un aviso a "navegantes", en especial a Podemos.

 

La economía griega es equivalente a la economía de la Comunidad de Madrid. Una fuerza política crítica con el neoliberalismo y las políticas de ajuste en la cuarta economía del euro era un problema. Por eso, lleva en España el Consejo General del Poder Judicial fuera de la Constitución cuatro años por la negativa del PP. Por eso, todos los juicios contra Podemos (algunos no hemos tenido un solo mes sin querellas o imputaciones desde 2015). Y, por eso, la presión mediática tan fuerte que sufre la formación morada y, también, Pedro Sánchez por el Gobierno de coalición, incluso desde dentro de sectores del propio PSOE que querrían una gran coalición con el PP. Por eso se reabren, antes de las elecciones municipales, casos varias veces archivados (como el de una multinacional del agua contra Ada Colau). Y, por eso, la presión para que en las próximas elecciones, Podemos se disuelva en algún tipo de proyecto que las élites dejen de ver como una amenaza.

 

Conclusión: la lucha contra la democracia va a venir de los jueces

Entender el mecanismo del lawfare y del mediafare explica por qué Podemos -la fuerza que más ha logrado en la política española reciente desde la izquierda no socialdemócrata- ha recibido y recibe tantos ataques y por qué los intentos de acabar con ella siguen siendo tan presentes. Incluidos los esfuerzos divisionistas que tanto daño le han hecho.

 

Si Podemos se disolviera, significará que lo que no han podido hacer las élites con el lawfare y el mediafare lo podrían hacer movimientos que nazcan de su propio seno, como ya se intentó con la división que encabezó Errejón con todo el apoyo mediático.

 

El lawfare es el incendio del Reichstag de los nuevos enemigos de la democracia. Su justificación y lo que va a ahogar a la democracia liberal. Con la enorme paradoja que va a ser la izquierda que quiere superar la democracia liberal la que va a defenderla.

 

Por eso es tan relevante tener claridad ideológica como requisito para poder tener claridad organizativa. Lo que a su vez permite entender las nuevas herramientas del poder para apuntalar su dominio. Esto es, la guerra judicial. No hay que descartar el uso de la fuerza -ahí están los seguidores de Bolsonaro en la calle pidiendo un golpe; ahí está el golpe de Estado en Bolivia; ahí están los seguidores de Trump entrando en el Capitolio-, pero los nuevos golpes van a ser judiciales.

 

El lawfare es el incendio del Reichstag de los nuevos enemigos de la democracia. Su justificación y lo que va a ahogar a la democracia liberal. Con la enorme paradoja que va a ser la izquierda que quiere superar la democracia liberal la que va a defenderla, frente a los ataques de una derecha que es la beneficiaria de esa democracia vaciada.