EL PSOE, EL SÁHARA
OCCIDENTAL Y LA AUTONOMÍA: “FALTA A LA VERDAD EL SENADOR SANTIAGO PÉREZ”
Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional en la Universidad del País
Vasco, responde a un artículo del político tinerfeño del PSOE, Santiago Pérez,
en el que este trata de justificar que la decisión del Gobierno español de
apoyar la “autonomía” del Sahara Occidental ocupado por Marruecos, es una
solución conforme con el Derecho internacional. “Voy a tratar de explicar –
precisa el prof. Juan Soroeta – las razones por las que tal decisión constituye
una violación grave del Derecho internacional por parte de nuestro país (…).
POR JUAN SOROETA (*)
Hace
unos días Santiago Pérez, senador por el PSOE,
publicaba un escrito en elDiario.es (pinchar aquí
para abrir enlace al artículo de Pérez) en el que trata de justificar que la decisión del gobierno
español de apoyar la autonomía del Sahara Occidental ocupado
por Marruecos es una solución conforme con el Derecho
internacional.
En las
líneas que siguen voy a tratar de explicar las razones por las que tal decisión
constituye una violación grave del Derecho internacional por
parte de nuestro país, y, además, por partida doble: violación
de sus obligaciones generales como Estado, y violación de sus
obligaciones como potencia administradora del territorio, condición
que, mal que le pese al Sr. Pérez y al Gobierno,
España tiene y seguirá teniendo hasta que se produzca la descolonización
del territorio. Baste recordar que el Pleno de la Sala de lo
Penal la Audiencia Nacional, bajo la presidencia del actual ministro del
Interior, Grande-Marlaska, ha afirmado textualmente que:
“España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la Potencia
Administradora, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene
las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de
la Carta de Naciones Unidas” (auto nº 40/2014).
Siguiendo
recientes instrucciones de Felipe González (“se puede tener
razón sobre el Sahara y perderla si no se explica bien”),
trata de explicar las bondades de la decisión de Pedro Sánchez, ampliando “la
perspectiva para el análisis del origen, la evolución y la situación de este
conflicto”.
“Falta a la verdad el Sr. Pérez cuando afirma que la ONU ha ido dando pasos
hacia la autonomía como solución al conflicto”.
En su
opinión, deben entenderse las pretensiones de Estados “jóvenes”en vía
de consolidación como Marruecos y Argelia. Por una parte, este argumento
serviría para modificar las fronteras de medio mundo, pues desde la
independencia del primero en 1956 han aparecido en la sociedad internacional al
menos otros 100 Estados “más jóvenes”. Por otra,
la Corte Internacional de Justica (CIJ) dejó claramente establecido hace
más de 50 años el principio de la intangibilidad de
las fronteras establecidas en la época colonial (principio uti
possidetis iuris). Desde la perspectiva del Derecho
internacional, la realidad es diáfana: con
independencia de las razones que lo motiven, un Estado, Marruecos,
viola el Derecho internacional, y el otro, Argelia, defiende su
aplicación.
La “juventud” de
estos Estados haría tan “comprensible” e interesado el apoyo
de Argelia a la autodeterminación saharaui como
la pretensión de Marruecos de consolidar la ocupación militar. De
esta forma, pone al mismo nivel a quien, desde el final de la guerra de
liberación nacional, que pagó cara, pues se llevó por delante la vida
de cerca de un millón de argelinos, ha apoyado a carta cabal el derecho
a la libre determinación de los pueblos sometidos a dominación colonial, y quien
desde 1975 ocupa militarmente el territorio saharaui, y que, dicho sea
de paso, apoya la ocupación militar de Palestina por su Estado
amigo, Israel.
Entiende
el senador que
“la diferencia entre Marruecos y Argelia consiste en que,
desde el punto de vista formal, Marruecos es parte del
contencioso y Argelia no ha aceptado serlo”.
Está en
lo cierto: no se trata de un conflicto
bilateral entre dos Estados, tal y como ha pretendido siempre Marruecos (ya
lo pretendió también en relación con España en 1975, posibilidad
que fue rechazada por nuestro país). Se trata de un conflicto de
descolonización, y por ello en él no se enfrentan dos Estados que
reclaman la soberanía sobre el territorio, sino el pueblo que sufre
la colonización y ocupación (y, de su lado la comunidad internacional
en su conjunto, tal y como estableciera la CIJ en relación con
la actual Namibia), y quien las lleva a cabo, violando el Derecho internacional. Hay
que recordar una vez más que la Corte estableció en 1975 que Marruecos
no tiene ningún título jurídico que le permita reclamar la soberanía sobre el
territorio.
“Y vuelve a faltar a la verdad el senador Pérez al decir que “reiteradas resoluciones
del Consejo de Seguridad, adoptadas desde 2007, admiten que la solución de este
conflicto (…) puede ser alcanzada a través de un modelo autonómico”
Y ahí se
acaba del debate jurídico. Argelia, también en esta cuestión, ha
respetado el Derecho internacional y ha rechazado ocupar un
lugar privilegiado en las negociaciones que no le corresponde, por no ser parte
en el conflicto, pese a tener un interés legítimo en alcanzar una solución: los
campamentos de refugiados saharauis se encuentran en su territorio…
Falta a
la verdad el Sr. Pérez cuando afirma
que la ONU ha ido dando pasos hacia la autonomía como solución al
conflicto. La única ocasión en que la autonomía ha llegado a ser aceptada
por el Frente POLISARIO y a ser aprobada por el Consejo
de Seguridad se produjo en el marco del Plan Baker II. Este
plan preveía una autonomía limitada de 5 años que sería administrada por un
gobierno elegido entre y por las personas incluidas en el censo para el
referéndum confeccionado exitosamente por la MINURSO en el año
2000 (es decir, los saharauis). Tras ese periodo se celebraría un
referéndum de autodeterminación en el que se darían dos opciones a la
población (autonomía e independencia), y en el que participarían, además de los
saharauis incluidos en el censo, todos los “residentes de buena fe” que
hubieran llegado al territorio antes del 31 de diciembre de 1999 (es decir, los colonos
marroquíes, que en aquel momento, y en violación de los convenios
de Ginebra, que prohíbe expresamente el traslado de población
del territorio del Estado ocupante al territorio ocupado, duplicaban ya a los
saharauis).
Cuando
en el parlamento francés se le preguntó a Peter Van Walsum, en
aquel momento enviado de Secretario General en el Sahara Occidental,
cómo era posible que Marruecos rechazara un plan abiertamente
favorable a sus intereses, éste contestó que “el gobierno de este
país no se fía del voto de sus propios ciudadanos”.
Marruecos propuso entonces el plan de autonomía que ahora apoya nuestro
Estado (que fue rechazado por el Consejo de Seguridad), y
volvió a plantear la posibilidad de resolver el conflicto por medio de
negociaciones directas con Argelia, a lo que este país se opuso frontalmente,
tal y como exige el Derecho internacional. James Baker renunció
al cargo después de 7 años de infructuosas negociaciones, acusando
expresamente a Marruecos de boicotearlas, afirmación que ha reiterado
recientemente con ocasión del desdichado reconocimiento de Trump, que
ha calificado de “duro golpe para la diplomacia y el Derecho
internacional”.
Vuelve a
faltar a la verdad el senador Pérez al
decir que “reiteradas resoluciones del Consejo de Seguridad, adoptadas desde
2007, admiten que la solución de este conflicto (…) puede ser alcanzada a
través de un modelo autonómico”: las resoluciones de los
órganos de las Naciones Unidas (Comité de Descolonización, Asamblea
General o Consejo de Seguridad) han vinculado siempre esta opción, tal y como
estableciera la CIJ en 1975, al ejercicio del derecho de
autodeterminación por el pueblo saharaui. En el informe del
Secretario General de la ONU (de 10 de abril de 2014) al que hace
referencia Santiago Pérez se señala que el presidente
saharaui, Mohamed Abdelaziz, apoyaba la celebración de “un
referéndum con opciones múltiples, incluida la independencia”. En
eso consiste precisamente el derecho de autodeterminación. Varias
opciones, entre las que esté la de la independencia. La opción
de la independencia no necesita aclaraciones. La de la integración
parece que sí. Un pueblo puede decidir integrarse en un Estado
descentralizado como el español, o extremadamente centralizado, como el
marroquí. Pero ambas posibilidades son dos versiones distintas de una misma
opción: la integración. Por ello, el gobierno español no está apoyando
el derecho de autodeterminación, sino la integración del Sahara Occidental en
Marruecos, apoyando así la violación del Derecho internacional.
El
senador, como el presidente Sánchez, utiliza un argumento
rayano en el sarcasmo: la decisión de España pretende evitar que los saharauis
sigan sufriendo las consecuencias de la durísima vida en los campamentos de
refugiados: la solución según ellos, es que admitan la ocupación y
vuelvan a casa después de 47 años como si nada hubiera pasado.
Concluye
el senador culpando de todos los males a los demás:
“la
derecha lanzada al monte y las fuerzas que propugnan la autodeterminación
de Cataluña o Euskadi”.
Pero
este entuerto lo ha creado el presidente Sánchez sin ayuda de
nadie. Como ha confesado públicamente en declaraciones que le honran el
diputado del PSOE Odón Elorza, es duro asumir después de tantos años
de apoyo a la causa saharaui el cambio de posición de su partido
(“la
razón de Estado no repara en sentimientos, emociones o lealtades. ¡Qué triste!
Me duele el abandono de una causa justa. Ante el pragmatismo político y la
geoestrategia, siempre pensé que los Socialistas podíamos abrazar causas
justas, aunque otros las consideren inútiles por perdidas”).
No sé
cómo se puede asumir una contradicción tan grave, pero hay que llamar a las
cosas por su nombre: cediendo a los permanentes chantajes de
Marruecos (¿es esta la “Marca España” de la
que habla el Gobierno?), nuestro país no apoya los esfuerzos de
la ONU por culminar la descolonización del territorio mediante
el ejercicio del derecho a la autodeterminación; nuestro
gobierno“abandona una causa justa” y apoya pura y llanamente
la consolidación de la ocupación militar marroquí, incurriendo así
en una violación grave del Derecho internacional.
(*) Juan
Soroeta es profesor de Derecho
internacional en la Universidad del País Vasco
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