SAHARA: ¿CUÁL ES EL PRECIO DE
UN MILLÓN DE ALMAS?
RICARDO GÓMEZ
Varias personas, con
banderas saharauis y una pancarta que reza 'Sr Sánchez, El Sáhara no se vende',
protestan durante una manifestación convocada por la Coordinadora Estatal de
Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara), frente al Ministerio de Asuntos
Exteriores, a 26 de marzo de 2022.- Fernando Sánchez / Europa Press
En 1975, España entregó el Sahara a cambio de nada, contraviniendo la legalidad internacional. Podía haberlo hecho de una manera digna, abandonando el territorio cumpliendo antes las exigencias de Naciones Unidas, que instaba a abrir un proceso de descolonización. Pero lo hizo de forma vergonzosa, cobarde e indigna, dejando a los saharauis abandonados a su suerte, bajo la presión de los civiles de la Marcha Verde primero y de los aviones Mirage cargados con bombas de fósforo que atacaban las caravanas de refugiados después. Abandonó una provincia a cambio de nada.
El territorio del
Sahara Occidental era el primer productor de fosfatos del mundo. Sus costas son
ricas en pesca y un excelente destino turístico. Pero, sobre todo, allí vivían
decenas de miles de personas: familias con ancianos e hijos que
tradicionalmente se habían dedicado a la pesca, la ganadería, el comercio, la
conducción de caravanas y al servicio de los militares como asistentes, guías o
traductores. De nada les valió que tuvieran el estatus de ciudadanos de una
provincia española, con un documento nacional de identidad español y registros
notariales españoles que los hacían propietarios de terrenos, tiendas o casas. Todos
fueron abandonados.
El resto de la
historia la conocemos bien. Quienes no pudieron o quisieron dejar sus casas o
tierras cayeron bajo la ocupación del vecino del norte, sufriendo la represión
y el miedo. Los que consiguieron y pudieron escapar de allí se asentaron en el
desierto, soportando la sed y el hambre. Entre medias hubo una guerra, dos en
realidad, en las que perdieron la vida miles de contendientes de uno y otro
lado. Y el vencedor construyó un muro minado, de 2700 km de longitud, para separar
el territorio ocupado de lo que se considera territorio liberado. En este
tiempo, cientos de miles de personas han muerto sin ver reconocida una
reclamación justa.
Aquel abandono, en
1975, se produjo sin el más mínimo respeto al derecho de los pueblos ni de los
derechos humanos. Era coherente con las decisiones políticas de un régimen que
tampoco reconocía derechos a los habitantes del propio país. La dictadura, más
preocupada en sobrevivir y perpetuarse, no estaba para sutilezas: ni leyes ni
diálogo ni estrategia. Aquella caterva de gobernantes, de inspiración militar y
autócrata, solo tenía dos respuestas: atacar al débil y recular ante el posible
enemigo.
Pero de aquel
abandono han pasado casi cincuenta años y la llamada Transición nos trajo
sucesivos gobiernos democráticos. Todos han sido conscientes de que la
legalidad internacional, tozuda, ha señalado siempre a España como responsable
de la descolonización de ese territorio. Incluso en 2014 lo refrendó la
Audiencia Nacional española, que recordó la obligación jurídica y política de
garantizar la libre determinación efectiva del pueblo saharaui. ¿Qué tenemos en
2022, entonces? Sucesivos gobiernos que infringen a sabiendas las directrices
internacionales e incluso las leyes del propio país.
¿Podríamos imaginar
qué le sucedería a una ciudadana, a un ciudadano, que incumpliera repetidamente
las leyes? Sí, podemos. ¿Qué ocurre con los gobiernos que ignoran o vulneran
las leyes? Nada. Absolutamente nada.
El año 2022, tras
la pandemia y en mitad de una guerra, nos trae una decisión sorprendente:
España se alinea con el país ocupante y da la espalda de nuevo a la legalidad
internacional. Y por mucho que se nos diga que la posición de nuestro país no
ha cambiado, se trata simplemente de una explicación de trileros. ¿No ha
cambiado nada, en relación con una carta que tardó ¡once meses! en redactarse y
consensuarse? Marruecos presume de su victoria, Argelia se indigna, todas las
fuerzas políticas del espectro parlamentario se oponen, los ciudadanos salen a la
calle, las redes sociales arden… ¿No ha cambiado nada, mientras el ministro de
Asuntos Exteriores español y el Secretario de Estado de EEUU visitan el país
vecino?
Los electores de
este país tenemos el derecho a saber. Ya no somos súbditos de una dictadura,
sino ciudadanas y ciudadanos de un país democrático. ¿Se nos ha amenazado con
una ocupación manu militari de los territorios de Ceuta y Melilla? ¿Con una
extensión efectiva de las aguas territoriales sobre Canarias? ¿Está en juego la
venta por parte de Estados Unidos de aviones F-35 a Marruecos? ¿Hay alguna
alianza desconocida relacionada con futuros suministros de gas? ¿Se preveían
masivas oleadas de inmigrantes lanzados como balas humanas a través de las
fronteras vecinas? ¿Estamos con esto apoyando indirectamente la creación de una
zona geoestratégica militar en el norte de África, en un futuro vinculada a la
OTAN, ahora que esta previsiblemente no se expandirá hacia el este de Europa?
Los ciudadanos y las ciudadanas de este país somos adultos, exigimos saberlo,
podemos entenderlo. Somos, se supone, un país democrático. ¿Por qué hemos
conocido esta posición a través de los gobernantes de otro país, y no del
nuestro? ¿Qué se nos oculta?
Este gobierno peca
de ingenuo si piensa que con ello aplaca a un vecino que se siente
históricamente molesto y que suele tapar con su agresiva política exterior sus
problemas internos. ¿Cree con ello que cesarán las reivindicaciones sobre
Melilla, Ceuta o Canarias? ¿Piensa de verdad que van a regularizarse así los
flujos de migrantes? ¿Que no va a haber otras presiones sobre pesca e
importación o exportación de bienes? ¿Cree que se van a asegurar el bienestar,
la seguridad o la prosperidad de los saharauis, y sus derechos personales y
políticos, cuando tampoco se respetan los derechos de los ciudadanos del propio
país? ¡Qué ingenuidad y qué torpeza! ¿Cuánto durará la tregua de esta sincera
amistad? ¿Cinco años? ¿Diez, a lo sumo…?
Entretanto, por
estos secretos, frágiles e imprevistos acuerdos, un millón de almas saharauis
han sido sacrificadas sin explicaciones. Seiscientos mil en los territorios
ocupados. Doscientos mil en los campamentos de refugiados. Cientos de miles
muertos en este tiempo esperando una solución justa. Decenas de miles en el
exilio.
Esto es una
traición, no hay paliativos. Si de verdad, como se dice, se quería desbloquear
una situación enfangada desde hace décadas, no había nada más sencillo que
apelar a las resoluciones de la ONU: que los saharauis decidan si quieren esa
autonomía o prefieren la autodeterminación. ¿O es que seguimos actuando como el
país colonial que fuimos, que no concede a otros –dominados, africanos,
refugiados, pobres– el derecho y la libertad de decidir su destino? Marruecos
tiene grandes intereses económicos en el territorio ocupado: recordemos los
fosfatos, la pesca, las minas de uranio, el petróleo… Pero ¿y nosotros? No
ganamos nada. Solo perdemos en dignidad. Repito: no ganamos nada; que se sepa,
ni siquiera seguridad.
Así que sabedlo,
Hamida, Bachir, Alghailani, Ageila, Abdesalam, Fiuna, Memona, Limam, Zahra,
Maga, Elías, Magali, Abdelhai, Mariam, Kabara, Ebnu, Iselmu, Larosi, Ahmed,
Saad, Lefdal, Bahía… (por citar solo algunas personas saharauis que conozco y con
las que hablo o me escribo en español, por cierto). Sabedlo, ancianos, jóvenes
y niños de los campos de refugiados de Smara, Dajla, El Aaiún, Bojador y
Ausserd. Sabedlo, hombres y mujeres que camelleáis o comerciáis por los
territorios liberados de Tifariti y más allá. Sabedlo, saharauis que seguís
viviendo en las ciudades de los territorios ocupados de El Aaiún, Awainit,
Guelta, Bojador, Dajla, Boucraa… Sabedlo, saharauis de la diáspora: no podéis
decidir vuestro destino. El millón de almas vuestras y de vuestros antepasados
no pesan nada.
Pero consolaos.
Cuando se sientan a negociar políticos, mercaderes y militares, un millón de
almas españolitas tampoco valdrían nada. Como se ve.
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