LESMES Y MARCHENA O EL PODER DE LOS JUECES EN UNA DEMOCRACIA “DEFECTUOSA”

 

LESMES Y MARCHENA O EL PODER DE LOS JUECES

 EN UNA DEMOCRACIA “DEFECTUOSA”

Llevamos años escuchando a los líderes del PSOE, del PP y de Ciudadanos presumiendo de que España es una democracia “plena”.

DOMINGO SANZ

La democracia española acaba de ser degradada al nivel de “defectuosa” en un ranking que analiza 167 países del mundo y publica “The Economist”.

La cosa tiene importancia, pues llevamos años escuchando a los líderes del PSOE, del PP y de Ciudadanos presumiendo de que España es una democracia “plena”.

Entrando en detalles, dicen los expertos del ranking que lo de España se debe, en gran parte, a la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, pues significa ruptura del papel que deben cumplir los diferentes poderes en cualquier democracia.

 

Tienen razón, pues el mandato de los miembros del CGPJ finalizó hace tres años y, en diciembre pasado, Pedro Sánchez dio por imposible que se pueda renovar antes de finalizar la legislatura, a pesar de que aceptaron a Espejel y Arnaldo en el TC con la nariz tapada. Esto significa que Lesmes batirá récords de okupación, pues nada hace pensar que la particular ética que rige su comportamiento le convenza de que debe dimitir.

 

Sobre Marchena, aunque a muchas personas el cuerpo se lo estuviera pidiendo, quizás habría sido un exceso convocar manifestaciones exigiendo que dejara de dictar sentencias después de que un senador del PP, el inolvidable Cosidó, dijera de él que les aseguraba el control del Tribunal Supremo “por la puerta de atrás”. Pero la vida sigue y cada día pasan cosas.

 

Hoy mismo me he enterado de que el ex diputado canario Rodríguez, cuando se le concedió la última palabra en el juicio que lo condenó por pegar una patada a un policía en una manifestación contra los desahucios en 2014, anunció que acudiría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si era condenado.

 

No parece que, en una democracia, incluso defectuosa, anunciar el derecho que a cualquiera le asiste de recurrir a un tribunal superior, aunque sea europeo, sea algo que pueda molestar. Por eso, lo que nos trasladó a tiempos franquistas es que los jueces, en el mismo texto de la sentencia, le reprocharan que estaba intentando “perturbar al tribunal”.

 

Se lo reprocharon a él y, siendo públicas las sentencias, lo convirtieron en aviso a navegantes, y todos lo somos.

 

Aquel tribunal estaba presidido por Manuel Marchena, el mismo juez que después consiguió que Batet expulsara del Congreso a Rodríguez con un auto en el que ni siquiera reclamaba expresamente tal acción. ¿Acaso sintió la presidenta del Congreso la misma amenaza que sienten los independentistas catalanes en su Parlament cuando desde algún poder judicial les prohíben debatir sobre lo que consideran conveniente?

 

Ciertamente, se quedaba corto el senador Cosidó sobre la capacidad de Marchena para controlar al Supremo, pues hay que añadirle también el arte suficiente para agarrotar a los políticos que se atreven a dudar de su poder “ejecutivo”. El de ejecutar con sentencias a quienes no entienden las leyes como él mismo ordena que se entiendan.

 

¿Qué la justicia europea anula después las sentencias de jueces españoles como Marchena?

 

No hay problema, pues, cuando esas sentencias definitivas llegan, nuestro poder judicial más poderoso ya ha contribuido a degradar la democracia con las suyas.

 

Y si las sentencias europeas llegan en momentos inoportunos, se demora su ejecución en España, no vaya a ser que un Otegui pueda presentarse con EH Bildu a las elecciones en el País Vasco. Ocurrió con las de 2020, por ejemplo.

 

Pero el protagonismo de jueces como Lesmes o Marchena, que quizás lo habrían sido también durante la dictadura, son menos responsables de la degradación de la democracia que la corrupción de una clase política que cada legislatura nace de las urnas con monarquía que reina desde que murió el dictador. Se trata de una corrupción que los convierte en cobardes y, por tanto, en incapaces a la hora de abordar los cambios necesarios para consolidar la democracia y conjurar los peligros que le acechan.

 

Porque se han convertido en la parte más interesada para que nada cambie.

 

Uno de esos cambios imprescindibles tiene mucho que ver con la noticia más importante del 13 de febrero. Ha vuelto a ocurrir que unas candidaturas que no consiguen el 50% en las urnas, sí reciben, en cambio, más del 54% del poder parlamentario que esas mismas urnas eligen.

 

Aunque a los del ranking de democracias de “The Economist” no parezca importarles demasiado si una ley electoral respeta la igualdad de todos los votantes a la hora de convertir la voluntad popular en poder parlamentario, a mí siempre me ha parecido que cualquier edificio, aunque sea el que la sociedad construye para llamarlo política, debe contar con buenos cimientos. En España no es el caso, y cualquier día se derrumbará.