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jueves, 24 de febrero de 2022

CUANDO TODO HUELE A PODRIDO EN EL PP

 

CUANDO TODO HUELE A PODRIDO EN EL PP

JAIME PASTOR

La guerra total entre Casado y Ayuso está sacando a la luz algunas de las peores prácticas de corrupción y guerra sucia

Empleadas a lo largo de su historia por el principal partido de la derecha española, no sólo contra sus enemigos políticos sino también en su propio seno.

Llega además pocos días después del fracaso de su proyecto de obtener la mayoría absoluta en las elecciones anticipadas en Castilla y León; fue primera fuerza, pero con 31 escaños, lo que le obliga a encontrar una fórmula que le permita gobernar esa Comunidad sin tener que ceder a todas las exigencias que ya le está planteando Vox. Unas elecciones en las que este partido de ultraderecha ha visto consolidados los resultados que había ya alcanzado en las pasadas elecciones generales de 2019, pasando de 1 a 13 escaños, aunque con 10% menos de votos, mientras que el PSOE y UP han conocido un retroceso notable (bajaron de 35 a 28 escaños y de 2 a 1, respectivamente), principalmente en beneficio de Unión del Pueblo Leonés (con 3 escaños) y de Soria ¡Ya! (con otros 3), formaciones que han sabido canalizar el malestar popular ante unos desequilibrios territoriales cada vez mayores en el interior de esa Comunidad y a escala estatal.

 

¿Nuevo ciclo?

 

Sin duda, ahora se abre un nuevo ciclo, pero no el que deseaba el todavía principal líder de la oposición en su aspiración a llegar a la Moncloa, sino el que se está desencadenando en el interior de su partido y en el que no cabe descartar el peor de los escenarios: una ruptura orgánica, más pronto o más tarde, entre los dos sectores enfrentados, si bien son muchos también los intereses comunes que pueden presionar a favor de una recomposición que, en cualquier caso, no evitará importantes daños colaterales.

 

Desde luego, no faltan antecedentes de esa mezcla de corrupción y guerra sucia que ha ido caracterizando al PP desde sus orígenes y, sobre todo, en las últimas décadas: el tamayazo de 2003 (que, comprando a dos diputados del PSOE, dio el gobierno en la Comunidad de Madrid a la madrina política de Ayuso, Esperanza Aguirre); los espionajes de la gestapillo del ahora dimitido Angel Carromero a dirigentes de su propio partido, o los del siniestro Villarejo al extesorero Bárcenas, la larga historia de macroescándalos de corrupción (con la Gürtel como detonante de la moción de censura que echó a Rajoy de la Moncloa)[1], o, más recientemente, su connivencia con dos diputados de UPN para impedir que saliera adelante el decreto de reforma laboral del gobierno.

 

Por eso no faltan razones jurídicas que justifiquen, como ha sostenido Javier Pérez Royo[2], reclamar la ilegalización de este partido, calificado ya judicialmente como “organización criminal”.

Porque, no lo olvidemos, se trata de una formación política que lleva en sus genes sus orígenes franquistas[3] y que ha ido consolidando unas redes de corrupción y una “clase público-privada’ (Pastor, 2010: 93) que tienen su anclaje en un capitalismo inmobiliario y extractivista y en el núcleo duro del aparato estatal. Así que, no hay nada nuevo bajo el sol, salvo que ahora toda las tensiones dentro de esta trama de intereses se manifiesta con toda su crueldad, como lo han tenido que reconocer los propios protagonistas.

 

Esta guerra llega además en un momento en el que Pablo Casado ha ido acercándose cada vez más al discurso que desarrolló Ayuso en su exitosa campaña electoral de mayo del año pasado, adaptándose a la presión por ofrecer una versión trumpista neoliberal y neocon a la española que le permita contrarrestar la influencia de Vox en una parte creciente de su electorado[4].

 

Una lucha por el poder

 

Así pues, no tiene mucho sentido buscar diferencias entre ambos dirigentes en el plano ideológico. Se trata, pura y simplemente, de una lucha por el poder cuya evolución dependerá probablemente de cuál sea la posición que adopten los principales barones autonómicos en los próximos días, con el presidente gallego, Feijóo, a la cabeza, quien parece apostar por un Congreso extraordinario en el caso de que ambos contendientes no lleguen pronto a un armisticio. Un conflicto en cuyo desenlace influirá sin duda el alineamiento que vayan tomando los principales poderes mediáticos y, junto a ellos, el peso que tenga la calle, con iniciativas como la manifestación convocada este domingo 20 de febrero en Madrid en apoyo de Ayuso delante de la sede del PP.

 

Porque el papel que puedan jugar estos actores no tan secundarios es la principal baza que tiene la presidenta madrileña frente a Casado: su liderazgo carismático innegable le está permitiendo presentarse como víctima, pese a las evidentes pruebas de la corrupción en la que se ha visto implicada en el peor momento de la pandemia. Movilizando a sus seguidores en defensa de su «libertad» de negocio… a costa de dinero público, y de “lo más importante, mi familia” frente al espionaje sufrido, vuelve a tirar de argumentario para dejar en segundo plano su constante recurso al nepotismo y a redes clientelares.

 

Esa complicidad conquistada entre su base más militante es la que viene a corroborar cómo a lo largo de las últimas décadas se ha ido consolidando lo que define el juez Joaquim Bosch como “electorado corrupto”: esos “ciudadanos que aplauden los tratos de favor y las prácticas fraudulentas, con conocimiento de que lo son. Esa carencia de valores éticos favorece notablemente la corrupción”. Una complicidad que no supone negar el peso de otros factores que pueden explicar el éxito electoral de Ayuso y que tienen que ver con el arraigo social, cultural e ideológico de su neoliberalismo trumpista a la madrileña. Pero no por ello debemos desdeñar la contaminación en su electorado fiel del todo vale en la defensa común de sus intereses y privilegios de poder o de estatus. Lo mismo cabría sostener, obviamente, respecto a Casado pese a que quiera presentarse ahora con voluntad de distanciarse del pasado corrupto de su partido… recurriendo para ello a los peores métodos de la gestapillo.

 

Como insisten desde el PSOE –que también tiene un historial de corrupción y guerra sucia que no debemos olvidar- y también desde UP, no cabe ninguna esperanza en que de esta crisis surja una derecha “democrática y moderna, europea”, sobre todo cuando lo que estamos viendo en muchos países vecinos, como Francia, es una adaptación creciente a la agenda y a los discursos de las extremas derechas respectivas por parte de esas viejas derechas..

 

Esta guerra interna irrumpe además cuando Vox puede presentarse como la única oposición creíble frente al gobierno PSOE-UP, tras la descomposición de Ciudadanos y, ahora, la división interna creciente en las filas del PP respecto a la táctica a adoptar ante ese partido.

Algunos columnistas de medios como El Confidencial ya auguran un sorpasso de la ultraderecha al PP en el caso de que Casado siga a la cabeza de esta formación en las próximas elecciones generales.

 

En cambio, desde el otro lado, el del pueblo de izquierdas, en unos sectores se extiende la resignación ante la política del mal menor y, en otros, la desilusión respecto a un gobierno que no ha cumplido las principales promesas que, aun siendo moderadas, contenía su programa electoral, como las relativas a la derogación de la reforma laboral de 2012, la reforma fiscal o, mucho nos tememos también, la de la ley mordaza, cuyo proyecto ha sido ya criticado como mero “maquillaje” por diferentes organizaciones sociales, entre ellas Amnistía Internacional. Por tanto, no podemos sorprendernos de que, en medio de una desmovilización casi general, el vacío que dejan esos partidos haya facilitado la irrupción de nuevas fuerzas políticas provinciales en las instituciones ni, sobre todo, de que aumente la desafección ciudadana ante la política y los partidos en general.

 

Todo esto se da, en fin, en un contexto internacional en el que es difícil encontrar diferencias sustanciales entre los principales partidos del régimen, coincidentes ambos en su obediencia a los dictados de la Comisión Europea -como ha tenido que reconocer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz- y del FMI, que ya pide ajustes en 2023. O, lo que es todavía más indignante, el servilismo que muestran ante el imperialismo estadounidense, con el que han cerrado filas desde el primer momento para promover la escalada militar de la OTAN ante la crisis abierta en torno a Ucrania. Un conflicto que nos obliga a recuperar la memoria de los movimientos antiOTAN y antimilitarista de pasadas décadas para emprender iniciativas capaces de frenar la amenaza real de estallido de una guerra cuyas consecuencias serían desastrosas más allá de la región directamente afectada.

 

Será frente al ascenso de Vox y su creciente control de la agenda política, así como ante la falta de voluntad del PSOE y su gobierno (UP se está convirtiendo en mero espectador de su deriva al centro cada vez más patente) para romper con los límites marcados por la Comisión Europea, la CEOE y las grandes transnacionales, como habrá que recuperar fuerzas e ilusión que demuestren que existe otro camino posible: el que han marcado la confluencia entre organizaciones sindicales, sociales y políticas en la necesidad de ir más allá de la no derogación de la reforma laboral de 2012; la reafirmación del movimiento feminista en las calles ante el próximo 8 de marzo; la perseverante lucha de diferentes colectivos en su defensa del derecho a una vivienda digna, o campañas como la que se está emprendiendo ahora por una Iniciativa Popular para una regulación extraordinaria de las personas extranjeras. Desde esos y otros espacios en reconstrucción habrá que trabajar, con “lenta impaciencia”, por reconstruir nuevos frentes comunes y polos políticos alternativos.

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