VIVA EL REY, JÓDETE RASTAS

 

VIVA EL REY, JÓDETE RASTAS

PABLO IGLESIAS

Isa Serra y Alberto Rodríguez, en el encuentro con jóvenes

El futuro es nuestro en 2019.

Juan Carlos I, turista en Abu Dabi, cazador de puntería legendaria se tratase de osos, de elefantes o de lo que hiciera falta, presunto comisionista en la venta de armas y presunto comisionista en general, presunto defraudador a la Hacienda pública española, presunto evasor de capitales, presunto, presunto… Alberto Rodríguez, cinturón negro de krav magá y pateador en diferido de policías antidisturbios, condenado. Prácticamente al tiempo que sabemos que la Fiscalía archivará la causa contra el emérito, nos enteramos de que el Supremo condena a 45 días de cárcel a Alberto Rodríguez y le inhabilita para presentarse a las elecciones. El Congreso además podría retirarle el acta de diputado. La sala segunda del Tribunal Supremo, esa que el Partido Popular se jactaba de controlar por detrás en un memorable mensaje de WhatsApp a sus senadores, considera probado que Alberto Rodríguez, de más de dos metros de altura,

propinó una patada a un antidisturbios y se marchó tranquilamente a su casa. La mayoría de los magistrados entienden que “la apariencia física” de Alberto “hace fácil su reconocimiento” pero no debía hacer fácil su detención en el momento de la supuesta agresión. Se conoce que no había suficientes antidisturbios para detenerle. Ya se sabe: le das la patada al policía, te marchas a casa tranquilamente y ya irán a por ti en unos años, cuando te elijan diputado por Podemos. Dos magistrados han emitido un voto particular cuestionando la “extrema parquedad del relato” del agente. ¿Alguien puede creer que es viable dar una patada a un policía que afirma conocerte y marcharte tranquilamente? Nadie se lo cree, pero hace tiempo que la justicia, cuando se trata de asuntos políticos, ha perdido toda apariencia de justicia.

 

Nadie en España, empezando por los más acérrimos monárquicos, se cree que Juan Carlos I no sea un delincuente. Y nadie se cree que Alberto Rodríguez diera una patada a un policía o que Isa Serra hiciera lo propio y se fuera, también tranquilamente, a su casa. Es inverosímil pero la diferencia entre la verdad y la mentira es ya poco menos que un recurso moral de los ingenuos. Hay quien dice que si la vicepresidenta Yolanda Díaz o el diputado Rafa Mayoral no están condenados por agredir a policías en la concentración de los trabajadores de Alcoa frente al Congreso, fue por la presencia masiva de reporteros gráficos. Pero ni eso es ya garantía de nada. Prepárense para que nuevas sentencias digan exactamente lo contrario a lo que sus ojos ven y sus oídos escuchan. Estamos instalados en la más absoluta indecencia.

 

 

 

La degradación democrática que implica el bloqueo a la renovación del CGPJ por parte de la derecha política, y el escandaloso dominio de la derecha judicial en las más altas instancias de la magistratura, forman parte de un proceso general de degradación. Vivimos en el país en el que la Fiscal General del Estado es sorprendida tratando con Eduardo Inda en un domicilio y, no solo no dimite, sino que trata de camuflarlo con una entrevista fake. ¿Alguien se creyó aquella entrevista? Les aseguro que en el lugar donde yo trabajaba entonces nadie, pero qué más da; la indecencia es la norma, no la excepción. Vivimos en el país en el que el PP hace desfilar en su convención a Vargas Llosa para que nos enseñe a votar bien y a defraudar a Hacienda, en el que presume de corruptos internacionales condenados (Sarkozy) o por condenar (Kurz). Vivimos en el país donde Cantó reivindica la espada y la cruz como instrumentos civilizadores de América frente a los caníbales; donde Marcos de Quinto pide dinero a El Pozo para hacer una televisión plural y centrista; donde Iberdrola se compra a Antonio Miguel Carmona; donde los presentadores de televisión más famosos están vinculados a Villarejo; donde se restauran los nombres fascistas en las calles; donde los telediarios públicos dan voz a la patronal inmobiliaria para criticar la futura ley de vivienda y no se la dan a los sindicatos de inquilinos; donde las eléctricas se permiten desafiar al Gobierno, donde la ultraderecha reivindica la dictadura y el vandalismo.

 

La lista de indecencias patrias es interminable pero, en los últimos tiempos, se ha instalado un elemento nuevo: ya no es necesario ni siquiera disimular. Cualquier atisbo de consenso ético en la sociedad, aunque se asentara sobre la más discreta hipocresía, desapareció. Hay una parte de la izquierda que piensa que la denuncia de la indecencia aún hace mella al adversario. La última prueba de que no es así es la reciente convención del PP; solo un ingenuo puede pensar que sacar a bailar a defraudadores y corruptos afecta a sus expectativas electorales. Vivimos otra época en la que las fake news son mucho más eficaces que cualquier información contrastada, precisamente porque son munición ideológica contra el adversario.

 

Por eso ya no hace falta convencer a nadie de lo majo y campechano que era el Rey y de que Alberto Rodríguez es un terrorista. Nadie se cree ni una cosa ni la otra. Se acabaron los consensos, las reglas del juego pactadas y el Estado de Derecho como límite a las arbitrariedades y los abusos. El mensaje es cristalino: lo importante no es que haya libertad para votar sino votar bien o, en román paladino: viva el Rey, jódete Rastas.