REPRESIÓN A MIGRANTES EN MÉXICO
ADALBERTO SANTANA
Cada vez se hace más evidente que las políticas migratorias del gobierno mexicano de la llamada Cuarta Transformación (4T) no cambió mucho con relación a las mismas políticas que ejercieron los anteriores gobiernos como los que emanaron de los sectores conservadores, reaccionarios y de derecha que antecedieron al de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Es decir, las administraciones que en el presente siglo XXI ejercieron Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. En términos generales esos mandatarios aplicaron una política anti-migrante, especialmente con los hermanos centroamericanos, caribeños, sudamericanos y de otras regiones periféricas del mundo que buscaban ingresar irregularmente ha territorio mexicano. En los últimos dos años del nuevo gobierno de AMLO parece repetirse esa política racista y discriminatoria que no va muy a tono con un gobierno que se reivindica de izquierda o progresista.
Sin duda es una política
pragmática que se identifica y se subordina a los intereses que le convienen a
los gobiernos de Estados Unidos. Tanto a
los de Donald Trump como ahora a la de Joe Biden. La crítica a esa política
entreguista del gobierno mexicano, es un reiteración que diversos sectores y
organizaciones que trabajan en favor de los migrantes han cuestionado y que
hacen ver que en ese aspecto la llamada 4T no se pone a lado de los más
débiles, sino al contrario con los más fuertes y prepotentes. Política
migratoria que se ha hecho más evidente con el actuar reciente del tristemente
célebre Instituto Nacional de Migración (INM).
Incluso sobre ese accionar de los
agentes migratorios, la derecha política mexicana no hace ninguna crítica, ya
que claramente se identifica con ese accionar de la gestión anti-migrante en México. La mejor constatación
de ello es que los partidos de la derecha y la ultraderecha mexicana, como son,
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN)
y el Partido de la “Revolución Democrática”
(PRD), no han cuestionado las políticas inti-migrantes del INM. De una u
otra manera la han tolerado y festejado.
En tanto que por el otro lado,
principalmente organismos defensores de los derechos humanos y de apoyo a los
migrantes de la sociedad civil o de entidades religiosas por el contrario apoyan
el esfuerzo que hacen los migrantes y refugiados por recibir cobijo y que requieren esa
solidaridad por su vulnerabilidad. Así, se han hecho diversas y múltiples
denuncias para frenar esa política anti-migratoria del INM.
El caso más reciente fue presentado
por la prensa mexicana con la expulsión que los agentes migratorios hicieron de
una familia afgana cuando pidieron refugio en México, al llegar de un vuelo de
Turquía, huyendo de su país. Al respeto la nota periodística donde se hizo la
denuncia fue firmada por los reporteros Jessica Xantomila y Néstor Jiménez
donde daban cuenta que el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)
denunciaba que una familia afgana había a sido deportada a pesar de que solicito asilo y de que se
había promovido un amparo para evitar su expulsión del país. Sin embargo, los
agentes migratorios siguiente esa política represiva de la derecha mexicana al
expulsarlos rápidamente del país. Incluso pese a que la cancillería mexicana se
había pronunciado con anterioridad de que “México tenía la disposición de
recibir a la población afgana, por razones humanitarias, luego de que los
talibanes tomaron el control de Afganistán” (La Jornada, 15/0ct./20, p. 9).
José Guadalupe Torres Campos y Héctor López Vivas responsable y secretario
ejecutivo, respectivamente de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad
Humana (DEPMH) de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), han
denunciado el aumento de los abusos y
de las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes. Torres
Campos, obispo de la diócesis de Ciudad Juárez, llegó a denunciar que esa
política discriminatoria ha generado que los migrantes y refugiados puedan
padecer “matanzas como las de San Fernando o Cadereyta, no queremos ver más
muertes ni dolor”. En efecto, con esa políticas represivas contra los migrantes se genera que ellos opten como alternativa
“buscar otras rutas más peligrosas y a exponerse más al crimen organizado”.
Cuestión que sin duda, al reprimir los agentes del INM a los migrantes y al evitar su acceso regular como
indocumentados, hacen que ellos busquen su tránsito en la clandestinidad o para ser más precisos en la economía
sumergida donde operan los polleros o coyotes. Es decir, donde funciona una
economía subterránea controlada por el crimen organizado que les deja millones
de dólares y donde los migrantes corren todo tipo de riesgos, perdiendo muchas
veces su vida. Sobre todo cuando se conoce que esa presión de los agentes
migratorios actúan en contubernio con las organizaciones de traficantes de
seres humanos, creando una serie de redes de ese turbio negocio que controla
finalmente el crimen organizado.
Frente a esa reciente coyuntura,
en la que fue expulsada injustamente esa familia afgana, la cancillería
mexicana tuvo que enmendarle la plana a la política migratoria de la 4T y que:
“La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acordó con el Instituto Nacional
de Migración (INM) dar protección humanitaria a la familia afgana con una mujer
embarazada de siete meses a la que ayer le fue negado el acceso a México y que
fue deportada a Turquía tras permanecer 24 horas en el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (AICM)”.
Este es únicamente un ejemplo de los muchos “errores” o actos
delesnables y mal intencionados que comete a diario el INM. Es una de las
constantantes irregularidades que el INM
comete cotidianamente en contra de los derechos humanos de los migrantes en
México. Hasta cuando realmente el gobierno de AMLO volverá a detentar una
política migratoria independiente de las presiones e intereses de los EU y
responda más a una política de inclusión y defensa de los derechos humanos como
las que enarboló el presidente Benito Juárez durante su gobierno asilando y
protegiendo a refugiados que provenían de Cuba y Puerto Rico, todavía
colonizados y sometidos por la corona de España en el siglo XIX o bien la política se asilo del General
Lázaro Cárdenas, que dio cobijo a miles
de refugiados de la Guerra Civil
Española y de los miles de hombres,
mujeres y niños que escapaban de la
Segunda Guerra Mundial. O incluso de los miles de latinoamericanos que en el
siglo XX huían de las dictaduras que ejercieron Anastasio Somoza en Nicaragua,
Tiburcio Carías Andino en Honduras, Rafael Leónidas Trujillo en República
Dominicana, Carlos Castillo Armas en Guatemala, Fulgencio Batista en Cuba,
Augusto Pinochet en Chile, Rafael Videla en Argentina, Hugo Banzer en Bolivia,
y otras tantas que a los largo del siglo XX poliferaron en nuestra América e
incluso la más recientes, como la del
golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Evo Morales y la ola represiva
de Lenin Moreno en Ecuador contra los correístas. En el primer año del gobierno
del presidente López Obrador se reivindicó al brindarles asilo. Cosa muy
contraria a lo que hoy padecen miles de haitianos, hondureños, guatemaltecos,
salvadoreños, ecuatorianos, colombianos, brasileños y afganos que hoy son
vulnerables frente a discriminación de los agentes y autoridades del INM. Hasta
cuando la 4T volverá los ojos a los más vulnerables que son los migrantes irregulares de nuestra América y el mundo.
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