MARCHENA Y MANOS LIMPIAS, DE
AQUELLOS POLVOS...
ANA PARDO DE VERA
El lunes 25 de octubre, en una columna titulada "Luego vinieron por mí, pero...", trataba de poner en contexto todo lo que rodea a la expulsión de su escaño del exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, y con él, a todos los que le votaron. No obstante, y porque el espacio en la red también es (y debe ser) limitado, me dejé un episodio que considero de singular importancia para confirmar la constatación de una derechización judicial que va más allá de los nombramientos del PP -que también- e incide en los valores de base de la ideología conservadora-no liberal, y permítanme la redundancia, pues todavía hay políticos que se autoconsagran "liberales y conservadores", y tan anchos.
En 2008 Manuel
Marchena ya estaba en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que hoy preside
y que quería controlar "desde detrás" el PP nombrando presidente del
Supremo y el CGP a este magistrado, orgulloso padre de fiscala en plaza de
nueva creación. Como bien informa la periodista Ana Pascual en esta pieza de Público
que acabo de enlazar, ese 2008 fue un gran año para Marchena, cuando fue
ovacionado y fichado por el Partido Popular para futuras altas
responsabilidades por expulsar de la Presidencia del Parlamento Vasco a Juan
María Atutxa, de la Vicepresidencia a Gorka Knörr y de la Secretaría Segunda a
Kontxi Bilbao, tres representantes institucionales integrantes entonces de tres
partidos diferentes, dos nacionalistas y uno de izquierda verde: PNV, EA y
Ezker Batua-Berdeak.
El actual
presidente del PP en Euskadi, Carlos Iturgaiz, que entonces era presidente del
PP vasco, como ahora, calificó a Atutxa de "delincuente" y le dijo
que "no estaba en condiciones psicológicas" de seguir presidiendo el
Parlamento vasco. Por si ustedes, jóvenes lectores, a tenor de las palabras de Iturgaiz,
creen que Atutxa era simpatizante de ETA o un encapuchado de la kale borroka,
decirles que la banda terrorista intentó atentar contra él diez veces, que se
sepa, cuando fue consejero de Interior entre 1991 y 1998.
Marchena, ponente
de la sentencia del Supremo contra Atutxa, Könrr y Bilbao, aceptó el recurso de
casación del sindicato ultra y organización criminal Manos Limpias -sí, el
mismo pseudosindicato liderado por un exsecretario general de Fuerza Nueva,
Manuel Bernard, que denunció a Los Lunnis por homosexuales-. Esta organización
homófoba, condenada por varios delitos, emprendió acciones legales contra
Atutxa, Knörr y Bilbao por negarse a disolver Socialista Abertzaleak (SA),
heredera de la ilegalizada Batasuna, al entender el presidente de la Cámara de
Euskadi que no existía marco legal que aplicar. Ell Tribunal Superior de
Justicia Vasco (TSJC) los absolvió en 2004 por gozar de inmunidad parlamentaria
y el Supremo los condenó en casación.
El Tribunal
Constitucional, no obstante, dio la razón a Marchena en 2013 al desestimar el
recurso de amparo de los condenados y en 2017, la bomba estalló en las manos
del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que había sido
ascendido en 2015 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Manuel
Marchena: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) consideró que, en el
proceso judicial contra los condenados por el Supremo, se vulneró el artículo 6
del Convenio Europeo de Derechos Humanos, nada menos: a Atutxa, Knörr y Bilbao,
en definitiva, se les vulneró el acceso a un juicio justo, con todas las
garantías. Estrasburgo condenó al Estado español por eso.
Este asunto tan
grave para un magistrado del Supremo no impidió que Marchena continuara en la
presidencia de la Sala Segunda del alto tribunal y, posteriormente, como se
desvela en el dantesco episodio recogido ya en este mismo artículo, se acordara
que ascendiera y presidiera el conjunto de éste y el CGPJ para que el PP
controlara la sala de lo Penal "desde detrás", algo que fue abortado al
filtrarse la literalidad de los mensajes. Conviene insistir en este punto
porque tal vez algún día, nuestros hijos e hijas, nietas y nietos, se asombren
de que los ciudadanos podamos resistir semejante capacidad de caciquismo
partidista en el poder judicial. Si es así, además, significará que les hemos
dejado un país mejor y unas instituciones más dignas.
En mi opinión,
Atutxa, Knörr y Bilbao fueron condenados por el Supremo y expulsados del Eusko
Legebiltzarra por nacionalistas vascos y roja cómplice de éstos,
respectivamente, aunque entonces es probable que muchas no lo percibiéramos,
como quizás el PSOE está tardando en percibir que los cómplices de Alberto
Rodríguez, EH Bildu y ERC, ahora y a ojos del Supremo y otras instituciones
españolas del Estado profundo, que bien conocen, son los socialistas; los que
lideran esa compleja coalición para la investidura de Pedro Sánchez, el mismo
secretario general del PSOE que si puede volver a gobernar tras las generales
de 2023, tendrá que repetir aliados. Por eso entiendo menos la decisión de
Meritxell Batet, presidenta del Congreso, tercera institución del Estado, de
acatar el sinuoso e inconcreto escrito del magistrado Marchena, precisamente,
consciente como es éste de que Estrasburgo ya le avisó una vez. Y entonces no
pasó nada. Entonces.
(*) Un
recordatorio, para muy cafeteros: el 27 de junio de 2017, el Parlamento vasco
celebró un acto de reconocimiento a Atutxa por haber defendido la
"soberanía" de la institución al negarse a disolver a Sozialista
Abertzaleak. El homenaje se celebró dos semanas después de que el TEDH
condenara a España por la decisión del Supremo de inhabilitar al entonces
presidente del Parlamento vasco, a Knörr y a Bilbao y asistieron todos los
grupos de la Cámara menos el PP y el PSE-EE, hoy PSE-EE PSOE.
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