FACTURA DE LA LUZ: EL GOBIERNO NO TIENE EXCUSA

 

FACTURA DE LA LUZ: EL GOBIERNO 

NO TIENE EXCUSA

CTXT

El acuerdo de Gobierno firmado entre el PSOE y Unidas Podemos fue claro: bajar la factura de la luz mediante la realización de “los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como “beneficios caídos del cielo”) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión”. Es evidente que el acuerdo se está incumpliendo, frente al escándalo generalizado que representan las continuas subidas de la factura de la luz para los consumidores.

 

En su día, la parte minoritaria del Gobierno no logró arrancar ni el compromiso de nacionalizar alguna empresa energética, ni el de crear una pública, pero sí el de tomar las medidas necesarias para evitar lo que está ocurriendo en estos momentos. Que entre las compañías que más beneficios obtienen de los fondos europeos para la recuperación económica estén las energéticas aumenta más si cabe el escándalo y la vergüenza. Del mismo modo que es un bochorno seguir viendo a expolíticos en los consejos de administración de algunas de estas empresas, que siguen siendo una promesa de jubilación dorada para los ministros con competencias para regularlas. Afrontar este asunto se hace aún más urgente en un marco de crisis energética, de superación del pico del petróleo y de otros minerales, como el que señala la (poco sospechosa de ecologismo radical) Agencia Internacional de la Energía.

 

Hay además sobre la mesa del Consejo de Ministros propuestas muy claras. Establecer, como en Francia, un precio fijo a la energía nuclear o fijar un precio máximo para la hidroeléctrica (un mecanismo ya usado con varias de las renovables en España) serían medidas acordes con la legislación de la UE, que ya se aplican en varios países de la Unión y en nuestro propio país y que servirían para proteger a los consumidores.

 

El mercado actual sigue pagando a todas las centrales el precio de la más cara, haciendo que los injustos “beneficios caídos del cielo” aumenten la factura que pagan los ciudadanos al tiempo que aumentan los réditos del oligopolio. Por dar solo dos datos: en 2020, Iberdrola y Endesa obtuvieron unos beneficios conjuntos de más de 5.000 millones de euros, un incremento del 36% respecto al año anterior. Y el 31 de agosto de 2021 el precio de la luz alcanzó un nuevo máximo histórico: casi 130,53 euros el megavatio hora (iba a llegar a 137 euros a las nueve de la noche). Un 200% más que el año pasado.

 

Más allá de que resulte descorazonador que un Gobierno que hace gala de su compromiso con los objetivos de la Agenda 2030 despliegue una política energética que podría firmar la derecha, la palabra del presidente Pedro Sánchez, que puso su firma en el acuerdo de Gobierno, quedará en cuestión si no cumple. Unidas Podemos, fuerza presente en el Gobierno, y el resto de fuerzas políticas de izquierdas que lo sostienen deben hacer valer su peso parlamentario, sin el cual el PSOE no puede legislar, para resolver esta cuestión cuanto antes. Dilatar más la solución equivaldría a ignorar el mandato de las urnas y a aumentar el riesgo de que la derecha y la ultraderecha ganen las próximas elecciones.