VILLAREJO SON LOS PADRES
Directora corporativa y de relacione
s institucionales de 'Público'
Parece imposible no perecer intentando desentrañar este laberinto sin salida en el que nos ha metido el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, al pedir la imputación del vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por la pieza Dina (separada del caso Tándem). Gracias a las investigaciones de Patricia López y Carlos Enrique Bayo en este diario sobre el entramado político, mediático y judicial de las cloacas del Estado (recuerdo cuando solo Público las llamaba así) tal vez pueda ponerse algo de luz en lo que, en apariencia, parece una actuación mesiánica de García-Castellón, sin encomendarse ni a la Fiscalía ni a la Audiencia Nacional de la que forma parte y que decidió hace solo tres semanas devolver a Iglesias la condición de "perjudicado".
Lejos
de dar la razón a SU Audiencia Nacional, en
primer lugar, García-Castellón, en un escrito de 63 páginas que transpira mucho
enfado (¿frustración?), acusa a al vicepresidente segundo de hacerse el perjudicado, esto es, la "víctima" para
"lograr rédito electoral" con la persecución de las cloacas. Porque
todos sabemos -en pleno esplendor de la Kitchen que
lleva el mismo García-Castellón como otra pieza separada de la Tándem-
que lo de las cloacas, Villarejo, el informe PISA, las cuentas
falsas en Suiza de líderes independentistas filtradas por la UDEF a sus
satélites mediáticos, las grabaciones de Fernández Díaz, Cospedal, su
marido,... no son más que una inoportuna pesadilla de los españoles que nunca
ocurrió, y aun menos, con Podemos como objetivo. ¿Pablo Iglesias víctima de las
cloacas? Qué estupidez.
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Vayan
algunos hechos que no por conocidos son irrelevantes: García Castellón sabe -porque el director de OK Diario así
lo reconoció a Público-
que una parte de la información procedente del móvil robado a Dina Bousselham fue
entregada a Inda tres días después de la
sustracción (1 de noviembre de 2015) tras ser incluida en el llamado informe PISA (el
dossier falso de la UDEF sobre la presunta financiación de Podemos), del que
hubo dos versiones para los medios a los que se filtró, por cierto: con la
información del móvil y sin la información del móvil sobre una cuenta bancaria
de Iglesias en Bruselas, donde estaba entonces como europarlamentario. La DAO
de Fernández Díaz, dirigida por el imputado Eugenio Pino, sabía dónde se metía si desvelaba que era
responsable -como todo apunta- del robo del móvil a la exasesora de
Iglesias. Más detalles sobre este capítulo de la pieza Dina,
aquí.
El
juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. EFE
Hay,
pues, una relación contrastada y real entre al menos parte del contenido de la
tarjeta del teléfono de Bousselham, las cloacas policiales de Interior y OK Diario. La conexión
no es una invención de Iglesias ni "un hecho inexistente", como dice
el magistrado, y que el entonces candidato a la Presidencia del Gobierno por
Unidas Podemos la usara como munición electoral contra la derecha, madre de
esas cloacas, entra dentro de la normalidad partidista; es más, es de primero de partidos políticos y a
García-Castellón no le es ajeno si ocupa el puesto que ocupa. Tampoco consta
que sea delito.
Si
a ese vínculo sumamos que durante la investigación Tándem que dio con Villarejo en la cárcel (donde
continúa), también dio en las oficinas del excomisario con
archivos copiados de la tarjeta del móvil de Bousselham, resulta difícil dar coherencia al relato de
García-Castellón, empeñado en convertir a Iglesias en el culpable de que le
fuera sustraído un móvil a su ex asesora y filtrado su contenido, que encima no
ha beneficiado en absoluto ni a Iglesias ni a Podemos. Los hechos son los que
son (detalles cronológicos en el cuadro de esta información
de Público) y
lo que expone García-Castellón son interpretaciones sobre un hecho que,
criticable o no, parece menor -tal y como advirtió la propia Sala Segunda de la
Audiencia Nacional al magistrado-
en comparación con el entramado policial e institucional corrupto que envuelve
la pieza Dina, en particular,
y el caso Tándem, en general:
el porqué Iglesias se quedó con la tarjeta del móvil de Bousselham que le
entregó personalmente el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, tiene al magistrado en vilo. Aunque el
vicepresidente lo explicó, poniendo por delante que podía haber sido un error:
quiso proteger a su ex asesora, sometida a una gran presión. Efectivamente, un
error de proteccionismo machista muy común en demasiados hombres poderosos (y que
no lo son), pero no un delito. Descartado asimismo, con pruebas científicas y hasta en
dos ocasiones, que el daño a la tarjeta lo infligiera Iglesias y sin indicios que conozcamos para elaborar
otras acusaciones que justifiquen su imputación, como la construcción de una
trama para, además de beneficiarse electoralmente, "perjudicar a OK Diario" (¡"Perjudicar a Ok Diario"
Iglesias!, recuerden aquí), como expone el juez en su escrito, el empeño de
García-Castellón se torna aun más incomprensible, salvo, me decía un jurista
esta tarde, que quiera "dar argumentos a Podemos sobre la persecución
institucional contra sus dirigentes".
ESPERANDO AL SUPREMO
Son
muchos los juristas y expertos en Derecho consultados este miércoles que se
muestran perplejos con la petición del juez al Supremo (Iglesias es aforado y
solo el Alto Tribunal puede juzgarlo) Además, en el Ejecutivo tampoco ha pasado
desapercibido el momento elegido por García-Castellón para dar a conocer su
exposición razonada (cuando el presidente Sánchez presentaba su plan de reconstrucción en La Moncloa, con
invitados virtuales de todos los ámbitos, desde el Ibex 35 hasta el Padre
Ángel); la presión del Gobierno para que se renueve el Poder Judicial (lleva
en funciones dos años), incluso apuntando a la posibilidad de modificar las
mayorías de elección si el PP no negocia; el choque entre el muy conservador
presidente Carlos Lesmes con el Ejecutivo a
cuenta del rey;...
Las
lecturas de este hecho pueden y deben hacerse por elevación. En política no
existen las casualidades y las tensiones crecientes entre el Poder Judicial y
el Ejecutivo, precisamente, cuando tantas investigaciones periodísticas y
judiciales nos están mostrando las miserias de unas
instituciones carcomidas por la corrupción (del rey abajo... casi
todas) para salvar los privilegios de los bendecidos por el
régimen del 78. Que hay una rebelión ultraconservadora por mantener el sistema
tal y como se gestó tras el franquismo es un hecho reconocible en todos los
ámbitos, esperable si se tiene en cuenta lo que hay en juego para tantos poderosos
(y algunas -as).
La
presión social -representada en el Parlamento- es cada vez mayor, y no tiene
solo que ver con la forma de Estado, el modelo territorial o el dinero público:
tiene que ver con una modernidad que debe abrazarnos a todos/as en igualdad de
condiciones y oportunidades y ha de superar retos como la desigualdad sangrante
en España, objetivos que son incompatibles con determinados privilegios. Ver
estas ansias como un ataque a las esencias nacionales y otras abstracciones
similares es amargarse por gusto. La resistencia conservadora a
los cambios es comprensible, pero el fin no justifica los medios; ningún medio,
por poderoso que sea éste y por muy elevada que considere su causa, llámenle
monarquía, unidad de España o sexo de los ángeles.
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