FUERA TORRA Y VIVA EL REY

 

FUERA TORRA Y VIVA EL REY

POR MARTÍ CAUSSA

Este ha sido el lema de la derecha y la extrema derecha durante los últimos días, pero quien lo escenificó y le dio visibilidad mediática fueron la cúpula judicial y el propio rey durante la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces.

El profesor Joaquín Urías explica que: “La voluntad del poder judicial era que la sentencia [contra Torra] que ha salido este lunes saliera el viernes, coincidiendo con la presencia del rey en Barcelona. La irritación de Lesmes y la cúpula judicial viene porque querían que el rey apareciera apoyando una posición ultramontana del CGPJ”. Dado que el gobierno de Madrid no programó la presencia del rey en el acto, Lesmes atizó a la concurrencia y los asistentes terminaron gritando ¡Viva el Rey! Poco después el monarca llamó a Lesmes para decirle que le hubiera gustado estar en Barcelona y toda la prensa se hizo eco. Objetivo cubierto: Torra destituido como presidente de la Generalitat, el españolismo reaccionario agrupado en torno a la figura del rey y, de paso, un nuevo torpedo a la línea y flotación del gobierno PSOE/Unidas Podemos.

 

Un rey sospechoso de corrupción y perdiendo popularidad a marchas forzadas parece buscar su continuidad desplazándose hacia la derecha y la extrema derecha. La sospecha de corrupción no viene sólo de la cobertura de los negocios de su padre, sino de que él mismo ha sido beneficiario a través de algunas sociedades. El paso decisivo hacia las posiciones derechistas y autoritarias fue su discurso del 3 de octubre del 2017, cuando animó la ofensiva represiva contra Catalunya. El aval a Lesmes y el apoyo que significaba a la inhabilitación de Torra sólo es el último episodio.

 

Una sentencia desproporcionada y injusta, pero políticamente clarísima

 

El motivo de la condena del presidente Torra es conocido: descolgar con retraso una pancarta que pedía la libertad de los presos políticos y exiliados tal como le exigía la Junta Electoral Central. Es decir, ni siquiera era una desobediencia, porque terminó descolgando la pancarta.

 

La sentencia hay que calificarla de profundamente desproporcionada sin necesidad de cuestionar la legalidad española: a una obediencia retardada o una desobediencia de baja intensidad se la castiga con la inhabilitación de un presidente de la Generalitat elegido democráticamente. Precisamente por esta desproporción brutal la sentencia es injusta.

 

Pero la lectura política de la sentencia es clarísima. La cúpula judicial se ha convertido en el brazo ejecutor de la derecha y la extrema derecha, tanto si están en el poder, como si están en la oposición. El voto popular es irrelevante, tanto en Catalunya como en España, cuando se trata de asegurar los intereses del Estado profundo. No es una novedad absoluta, sino una tendencia que se ha ido reforzando con el paso de los años. La sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 ya recortó el Estatuto de Catalunya a pesar de haber cumplido todos los requisitos legales, haber sido aprobado por el Parlamento, recortado por las Cortes españolas y ratificado por referéndum de la ciudadanía de Catalunya. La sentencia contra las personas consideradas responsables del 20-S y el 1-O transformó el derecho de manifestación y la organización de un referéndum, ejercidos de forma no violenta, en un delito de sedición castigado con en decenas de años de prisión. Posteriormente ha habido 2.850 represaliados en Catalunya por actividades similares: el mismo día que Torra fue inhabilitado Tamara Carrasco tuvo que declarar ante un tribunal con una petición de siete meses de prisión, después de meses de confinamiento en su pueblo y con la única base de un informe de la Guardia Civil; y también el mismo día se supo que Jordi Pesarrodona era condenado a un año y medio de inhabilitación por haberse puesto una nariz de payaso junto a un guardia civil

 

El Estado profundo considera que las demandas soberanistas o independentistas de la mayoría de la ciudadanía de Catalunya deben ser derrotadas por medio de la represión, ya que se ha demostrado que no pueden serlo a través de las urnas. Para ello se debe retorcer la legalidad y recortar la democracia.

 

Paralelamente, este ataque contra libertades fundamentales se utiliza para impedir las demandas populares y para encubrir la corrupción y el expolio que practican una minoría de poderosos. Esta es la otra cara de la moneda: el rey emérito ni siquiera es investigado por corrupción, las cloacas del Ministerio del Interior continúan funcionando, el ex ministro de la dictadura Rodolfo Martín Villa sigue sin ser citado por los tribunales español por delitos de lesa humanidad, los responsables de la estafa de Bankia son exculpados, pero la policía carga contra los manifestantes ante la Asamblea de Madrid que protestaban contra la gestión de la pandemia en los barrios populares.

 

La cuestión de fondo no es Quim Torra, sino la democracia

 

Ninguna movilización impedirá que el presidente Torra deje de estar inhabilitado. Él mismo y su gobierno ya lo dan por hecho, a pesar de los recursos que presentarán. Pero si no hay movilizaciones y protestas contra su sentencia injusta habrá más, la democracia continuará retrocediendo y la consolidación de los elementos autoritarios del Estado continuará avanzando.

 

Protestar y movilizarse contra la sentencia judicial que ha inhabilitado a Quim Torra no significa apoyar su política, con una buena parte de la cual discrepo desde el momento de su nombramiento. Tampoco significa apoyar la independencia de Catalunya, como tampoco lo significaba el hecho de votar en el referéndum del 1-O, como lo demostraron la cantidad importante de votos negativos que se contabilizaron. Movilizarse contra la inhabilitación de Quim Torra es luchar contra el retorcimiento de la ley para impedir el ejercicio de libertades fundamentales, contra el secuestro de la democracia por parte de poderes no elegidos, como la cúpula judicial y el rey, que se han puesto al servicio de la derecha y la extrema derecha.

 

Hace tiempo que la democracia retrocede en el Estado español y que se refuerzan las posiciones de la derecha extrema y de la extrema derecha. No obstante es difícil que un ataque profundo contra la democracia pueda venir exclusivamente del triunfo electoral de estas posiciones. El apoyo de la cúpula judicial y del rey parece casi imprescindible, por no hablar del del ejército. Para compensar la falta de apoyo democrático la derecha y la extrema derecha buscan y seguirán buscando la colaboración activa de los poderes no elegidos. Por eso es importante pararlos.

 

La lucha popular por la democracia y las reivindicaciones sociales, a nivel de Catalunya y del Estado, es la única manera de hacer frente a la ofensiva de los poderosos. Democracia y reivindicaciones sociales sin aplazar ni recortar ninguna de las dos. La democracia debe incluir el derecho de autodeterminación y de decidir sobre monarquía o república. Los derechos sociales se deben reivindicar para hoy, sin posponerlos al día después de la autodeterminación o de la proclamación de la república.

 

Democracia, República y Derechos sociales deberían ser los lemas de las clases populares.