EL INFECCIOSO TRUMP ARRECIA CONTRA LOS INMIGRANTES

 

EL INFECCIOSO TRUMP ARRECIA CONTRA 

LOS INMIGRANTES

LUIS DÍEZ

Antes de que el presidente Donald Trump enfermara de coronavirus dio orden de intensificar la represión contra los inmigrantes hispanos. Las redadas, coincidiendo con la fase más intensa de la campaña electoral a la presidencia de EEUU, comenzaron el 1 de octubre. El operativo policíaco recibe el nombre de “operación santuario” porque los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han recibido la consigna de arreciar en los estados que rechazan la política de Washington y se han declarado protectores.

 

Las redadas se agravarán en California y se extenderán a las ciudades de Denver y Filadelfia, según los planes desvelados por el Washington Post. El informe indica que Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha ordenado más mano dura a nivel nacional en la recta final de la campaña electoral, pero, sobre todo, en las ciudades y los condados que “protegen” a inmigrantes.

 

 

Al margen del polémico muro con México (la promesa estrella y el fracaso sin paliativos del señor Trump), las decisiones de un presidente cuyo apellido suena a portazo son ciertamente crueles. Canalladas como separar a los niños de sus familias y encerrarlos en jaulas parecen propias de un nazi y han sido recordadas ahora por el novelista Don Winslow para para pedir que no voten al necio más poderoso y peligroso del planeta para que siga en la Casa Blanca. Téngase en cuenta que 37 millones de ciudadanos de raíz hispana (más del censo electoral en España) tienen derecho a voto el 3 de noviembre.

 

Desde que accedió al poder, el necio declaró “indeseable” la lengua castellana; ordenó redadas constantes contra los hispanos, sin reparar en que millones de ellos llevan muchos años en EEUU y han aportado al país más que él y los de su clase; canceló primero y endureció después el acceso a la ciudadanía de cientos de miles de jóvenes nacidos de padres inmigrantes; amenazó con desplegar la Guardia Nacional para intensificar los arrestos y deportaciones y, por supuesto, eliminó los cupos de trabajo a los temporeros del sur.

 

Junto con la intensificación de las redadas, la última canallada ha sido el cambio de las tarifas de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (la USCIS, por sus siglas en inglés). Desde el 2 de octubre, los trámites de naturalización, residencia permanente o solicitud de asilo se han puesto al rojo vivo. El precio de la solicitud de ciudadanía por naturalización pasa de 640 a 1.170 dólares (un incremento del 81%), la suspensión de la deportación sube de 285 a 1.520 dólares (el 535%) y la petición de asilo, hasta ahora gratuita, cuesta 50 dólares.

 

Los abogados han alzado la voz contra esa “devastadora” decisión, la USCIS dice que las subidas de las solicitudes de papeles es necesaria para financiar el sistema migratorio, la Red de Ayuda Legal CLINIC de la Iglesia Católica denuncia que “el ajuste afecta a muchas excepciones de tasas y que la Administración Trump está intensificando sus ataques a los inmigrantes con cambios que van en contra de los valores estadounidenses y dañarán a las poblaciones vulnerables de bajos ingresos. Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC, afirma que “la brutal subida de precios tendrá consecuencias destructivas para hombres, mujeres y niños que buscan asilo y para los inmigrantes en el camino hacia la ciudadanía”.

 

Di tu que en este caso un juez federal, el californiano Jeffrey White, ha suspendido la aplicación de las nuevas tarifas, lo que ha sido considerado un triunfo contra la política migratoria de Trump por parte de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. Aunque no dudan de que recurrirán la decisión del juez, la USCIS no podrán cobrar más por las solicitudes de papeles de residencia permanente, naturalización y autorización de empleo.

 

Trump los ataca, los considera delincuentes, pero se estima que el 43% de los trabajadores agrícolas y de procesado de alimentos son inmigrantes, en su mayoría sin papeles. Según el último informe del Centro para la Integridad Pública, en estados como California “casi nueve de cada 10 de los trabajadores agrícolas y procesadores de alimentos inmigrantes son latinos”. Aunque han sido considerados esenciales durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, han quedado excluidos de la llamada Ley Cares de ayuda federal.

 

 

El informe indica que entre el 70 y el 80% de las tareas agrícolas más penosas, manuales y menos mecanizadas son realizadas por inmigrantes, la mitad de ellos sin papeles. Y agrega que un tercio de los 1.870.000 trabajadores de las industrias de procesado y transformación de productos agrarios del país son inmigrantes. En contraste con esos 790.000 trabajadores que aportan su esfuerzo y pagan impuestos, los permisos o visas para trabajos especiales de temporada, como descascarar cangrejos, por ejemplo, no llegaron a 10.000. “Estados Unidos no otorga visas para trabajar en el empacado de carne, ordeñar vacas o realizar trabajos agrícolas durante todo el año”, indica el informe.

 

Aunque las empresas demuestren la escasez de mano de obra local, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no otorga permisos laborales y propicia así el empleo negro, sin regulación y con bajos jornales. Puesto que la mano de obra latina realiza casi la mitad de las tareas agrarias y de preparación de los alimentos es comprensible que el exsindicalista y consultor Erik Nicholson diga: “Si usted está en contra de los inmigrantes indocumentados, entonces deje de comer el 50% de lo que está en su plato, ahora mismo”.

 

Un despacho de la agencia Efe del 29 de septiembre decía que la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cerró el período fiscal 2020 con 21 inmigrantes muertos bajo su custodia, su peor balance de los últimos 15 años. Y atribuía las muertes a la incidencia del coronavirus en sus centros de detención. Unos centros que, por otra parte, estaban a la mitad de su capacidad a causa del patógeno precisamente.

 

La ICE cuenta con 40 centros de detención de inmigrantes, muchos de ellos operados por empresas privadas que, según numerosas denuncias, no cumplen las normas oficiales para la custodia de individuos y grupos familiares. Según ese organismo policíaco, dependiente de la DHS, hasta el 25 de septiembre se había efectuado la prueba de detección del virus a 42.366 detenidos, de los que 6.168 resultaron positivos. Actualmente 582 internos están lidiando con el virus y se encuentran aislados.

 

La crueldad de las redadas es de tal magnitud que están arrestando a personas que residen en EEUU hace más de treinta años. Ante la cárcel de inmigración en Adelanto, California, las familias de varios detenidos iniciaron el 1 de octubre una huelga de hambre indefinida para reclamar su libertad. “Voy a quedarme aquí hasta que las autoridades dejen libre a mi esposo”, decía a Efe Leonor Gómez, una de las participantes en la huelga y portavoz de las familias, cuyo marido, el guatemalteco de 61 años Hugo Rolando Gómez fue arrestado el año pasado y llevaba más de 34 residiendo en EEUU. Se contagió de coronavirus y está aislado.

 

En ese centro de Los Ángeles se limitan a aislar a los contagiados y a suministrarles Tylenol como único tratamiento. El caso de Hugo Rolando es solo un ejemplo de la “crueldad” con la que el ICE estaría tratando a los migrantes bajo su custodia, dice el reverendo Guillermo Torres, miembro de Clérigos y Laicos Unidos por una Justicia Económica (CLUE), quienes apoyan la huelga. Varios reclusos de ese centro denuncian el uso de fuertes productos químicos de desinfección que les provocan serios problemas de salud. José Ricardo Viveros Rodríguez, de 62 años de edad, es uno de los cientos de reclusos a los que “desinfectan” varias veces al día rociándoles con el desinfectante industrial. “Por favor, digan al mundo lo que está pasando aquí; nos van a matar aquí”, dijo a una coalición de representantes que visitaron el centro.

 

Según la información obtenida por ese grupo de observadores y publicada por La Opinión de Los Ángeles, los celadores del centro “rocían a los migrantes con el compuesto industrial, HDQ Neutral, que es un desinfectante potente y potencialmente tóxico” y puede dañar la salud de los detenidos. El HDQ Neutral es un compuesto químico de la firma industrial Spartan Chemical que sólo debe utilizarse en exteriores o en áreas de interiores, pero muy bien ventiladas. La marca recomienda que el compuesto debe de usarse con medidas preventivas como usar guantes y vestir ropa protectora, y específicamente proteger el rostro para cuidar que el químico no alcance los ojos.

 

Vale suponer que al necio (el necio siempre tiene razón absoluta en todo) no le habrán rociado con HDQ industrial para mitigar su infección y evitar (de paso) que siga infestando al mundo con sus excrecencias racistas, machistas, supremacistas y neonazis; el grupo de médicos que se desvive por él en el hospital militar Walter Reed de Maryland nunca haría eso. Pero a un presidente ahora enfermo de Covid-19 que ha provocado tanto sufrimiento a los inmigrantes, no se toma en serio la amenaza del cambio climático, arremete contra la OMS y se mofa del virus que ha matado a 207.000 compatriotas hasta el momento, le convendría alguna cura suplementaria el 3 de noviembre. El mundo respiraría mejor.