KITCHEN, CUANDO LA INDECENCIA SE HIZO CARNE
POR VICTOR ARROGANTE
El caso Kitchen es uno más de los que salpican al Partido Popular, por la utilización de los recursos del Estado en su propio provecho y beneficio; primero para financiarse, después para ocultar las huellas. Una historia de saqueo de las arcas pública por malos policías, espías, traidores y altos cargos corruptos, desde las cloacas del Estado. Un entramado que utilizó los fondos reservados para su lucro personal.
La operación
Kitchen, es el nombre dado al dispositivo que organizó el Gobierno de Mariano
Rajoy para robarle a Luis Bárcenas pruebas de la financiación irregular del PP.
Respetando la presunción de inocencia de todos los implicados, destacan el muy
católico ministro Fernández Díaz y la muy leal secretaria general María Dolores
de Cospedal, para quienes Anticorrupción pide imputar por malversación,
prevaricación y revelación de secretos.
Los informes de
anticorrupción apuntan a Fernández Díaz, entonces ministro del Interior, y a Cospedal,
secretaria general del PP y ministra de Defensa, quienes hasta ahora solo han
incriminado al que fuera número dos de Interior, Francisco Martínez,
responsable por su cargo de los fondos reservados. Parece que ya les había
avisado: «no voy a comerme ese marrón solo». Previsiblemente, el juez decidirá
en los próximos días si imputa a Fernández Díaz, Cospedal y su marido, Ignacio
López del Hierro.
Las detenciones de
2009, de políticos y responsables de segundo nivel, activaron lo que se
convertiría en el caso Gürtel. El terremoto acabó con la sentencia de la
Audiencia Nacional en 2018, tras una instrucción torpedeada desde su inicio, y
una campaña de desprestigio de los jueces que la dictaron. La sentencia definió
lo sucedido en Gürtel como fruto de «un auténtico y eficaz sistema de
corrupción institucional». Un sistema basado en cientos de contratos amañados.
Y en sobornos. Y en aportaciones a la caja B del PP, efectuadas como
«contrapartida por adjudicaciones irregulares». La situación creada, vino a
derribar a Mariano Rajoy y su Gobierno previa a la moción de censura. Ahora, el
caso del espionaje a Bárcenas aflora el uso de medios policiales y fondos
reservados para proteger a la organización y sus dirigentes.
Pablo Casado no ve
cómo distanciarse de la operación que el Ministerio del Interior, con uso de
fondos reservados, montó para proteger al partido entonces en el Gobierno. De
momento se desmarca afirmando que en los años 2013 a 2015 él era un simple
diputado por Ávila y que las investigaciones son «de tiempos muy pasados».
Insuficiente aclaración y ambiguo argumento, cuando lo que tiene que decir
claramente es que se aplique la ley y que, si alguien ha cometido un delito,
debe responder por ello. En su día Cospedal, ya tuvo que romper con el pasado
de la Gürtel, legado de José María Aznar, cuando afirmó: «En el PP, quien la
hace la paga y cada uno aguanta su vela«. En aquel 18 de enero de 2013, no se
sabía que Bárcenas guardaba los libros en los que anotaba los pagos y que,
entre los que habían recibido el dinero en B, estaban, entre otros, Rajoy,
Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y la propia Cospedal.
Cinco juicios por
corrupción acorralan al PP, que sentarán en el banquillo a 102 procesados. La
Audiencia Nacional se prepara para juzgar la caja B de Bárcenas, las tramas de
Boadilla y Arganda, los amaños en la visita del Papa a Valencia y la
implicación de Camps. Son demasiados casos.
Por hechos
parecidos a los que acabaron con el Gobierno de Rajoy, la Audiencia juzgará en
breve la corrupción en Boadilla del Monte. La Fiscalía también acusa en este
caso al PP como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la
trama Gürtel. Correa hizo negocios millonarios en Boadilla entre 2001 y 2009.
El gobierno municipal, del PP, adjudicó a dedo numerosos contratos y facilitó
otros negocios inmobiliarios a la red corrupta.
El proceso judicial
que más daño ha hecho a la reputación del PP se refiere a la contabilidad
secreta que manejaron los extesoreros Álvaro Lapuerta (fallecido) y Luis
Bárcenas. En esos papeles, revelados por EL PAÍS el 31 de enero de 2013, se
registran 20 años de una caja B, alimentada por donaciones de constructores y
contratistas, con la que presuntamente se abonaban sobresueldos a dirigentes
del PP y se pagaban otros servicios para el partido. Por los hechos registrados
en esa contabilidad oculta al fisco, el juez tan solo ha procesado a los
tesoreros y gerentes del PP, por pagar con dinero negro la compra de acciones
de Libertad Digital o parte de las obras de la sede de Génova, 13, y a los
directivos de un despacho de arquitectura por defraudar a Hacienda al no
declarar parte de los ingresos logrados por esa reforma. La Fiscalía y la
Abogacía del Estado consideran al PP responsable civil subsidiario de los
delitos fiscales atribuidos a sus tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
El caso Arganda del
Rey, consiste en la adjudicación de terrenos. Con 21 procesados, entre ellos
dirigentes del PP y los cabecillas de Gürtel, el juicio por las irregularidades
detectadas en Arganda del Rey examinará otro asunto oscuro y de especial
relevancia. El tribunal tendrá que juzgar la adjudicación de terrenos a
Martinsa, la constructora de Fernando Martín, una operación que generó unas
plusvalías multimillonarias. El comisario José Manuel Villarejo sostuvo durante
un tiempo que el ático de Estepona que disfrutaba el entonces presidente
madrileño Ignacio González era un regalo de Fernando Martín por la adjudicación
de los terrenos de Arganda.
En marzo está
previsto el inicio del juicio por las adjudicaciones de la televisión pública
valenciana a una constructora Teconsa, para la cobertura informativa de la
visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, cuando gobernaba el PP. Hay
23 procesados, entre ellos estaba el expresidente de las Cortes Valencianas y
Director General de la Policía, Juan Cotino, fallecido en abril de este año.
El juicio sobre los
contratos del Gobierno de Francisco Camps, llega tras reabrir la investigación
De la Mata por una confesión de quien fue secretario general del PP valenciano,
Ricardo Costa. En su declaración, Costa involucró al expresidente Francisco
Camps en el amaño de contratos a favor de la trama Gürtel. El testimonio de
quien fue mano derecha de Camps permitió incluir al expresidente valenciano
como procesado. La Fiscalía pide para Camps dos años de cárcel.
Hoy conocemos que
María Dolores de Cospedal, en una de sus colaboraciones junto al excomisario
Villarejo, trabajó para que Ricardo Costa, entonces tesorero del PP valenciano,
asumiera todas las responsabilidades de la trama Gürtel. «Esto te lo tienes que
comer«, asegura Villarejo en uno de los audios publicados. El excomisario
propone que el damnificado fuera el tesorero Ricardo Costa, y se «coma» todas
las cargas que la causa conllevara. Tras estas conversaciones, donde también
participaba Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, Costa fue destituido
y apartado de su cargo.
Junto a estos cinco
juicios, los magistrados finalizarán antes de julio la instrucción de otras dos
causas, los casos Lezo y Púnica, que implican al PP en nuevos delitos de
financiación ilegal y que mantienen imputados a tres expresidentes autonómicos
de Madrid: Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes.
Francisco Martínez
Vázquez, ex secretario de Estado de Seguridad del ministerio de Interior, ha
amenazado con tirar de la manta en el juicio sobre la Operación Kitchen: «Voy a
contarle al juez todo lo que sé«. Martínez, imputado en la operación de
espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, afirma que supo «de esa operación
por el ministro. Me llamó, no recuerdo si un sábado o un domingo por la tarde,
para decirme que un confidente iba a colaborar con la policía para ver lo de
Bárcenas […] Yo me quedé atónito. Hablé con el director adjunto operativo de la
Policía, Eugenio Pino, y me dijo que sí, que había un grupo de policías con el
confidente, que era el chófer de Bárcenas».
El escrito de los
fiscales que han investigado la pieza Kitchen deja poco lugar a la duda: al
menos entre 2013 y 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y con Jorge
Fernández Díaz como ministro del Interior, altos mandos de la Policía y de su
ministerio dieron un uso ilícito a los fondos reservados y a recursos
policiales para el exclusivo beneficio particular de los participantes, ya fuera
por la retirada de fondos reservados para lucro personal, ya fuera para
financiar subrepticiamente tejemanejes de la organización criminal. Dicho
escrito recoge las primeras conclusiones de la fiscalía a través de las cuales
solicita al juez la imputación de dos personas que ocuparon carteras muy
sensibles durante el mandato de Rajoy: Jorge Fernández Díaz (Interior) y María
Dolores de Cospedal (Defensa); se solicita también la imputación del marido de
esta, Ignacio López del Hierro.
La cúpula del PP se
saben entre dos fuegos: por la derecha, Vox, con una moción de censura (sin
fecha) que ya no será solo una herramienta contra Pedro Sánchez, sino también
contra Casado, y, por la izquierda, PSOE y Unidas Podemos, que desdeñarán
cualquier iniciativa que presente como oposición y se apoyarán en la comisión
de investigación en el Congreso para erosionarle durante los tres meses que,
como mínimo, durará. Una organización como el PP, que ha participado en causas
como la de la Púnica, considerada por el juez Eloy Velasco «organización
criminal«, no debería permitírsele participar políticamente en un sistema
democrático.
El PSOE y Unidas
Podemos han registrado en el Congreso su petición para que la Cámara cree una
comisión de investigación sobre la Operación Kitchen sobre «la utilización
ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la
finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas
inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de
gobierno del Partido Popular».
Con toda esta
situación de imputaciones en la que se encuentra el PP, se entiende el bloqueo
al que somete la renovación del Consejo del Poder Judicial, nombrado por el
Gobierno de Rajoy. Siguen utilizando los poderes del Estado como propios y la
Constitución a su antojo y beneficio
Víctor Arrogante
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