ILEGALES

 

ILEGALES

ANA PARDO DE VERA

En 2017, en pleno procés catalán, Casado y el ala más dura del PP plantearon la posibilidad de ilegalizar a los partidos independentistas, impidiendo que se presentara a las elecciones cualquier partido que quisiese modificar el modelo territorial y pretendiese romper la sacrosanta unidad de España. Como siempre ocurre en estos casos de patrioterismo de la derecha, ahondar en las causas de ese deseo legítimo y legal de independencia o en los anhelos mayoritarios -aunque insuficientes- de los catalanes ni se plantea; no hablemos de hacer política, que eso da mucho trabajo y roba demasiado tiempo: mano dura, ley, Poder Judicial afín y cárcel para silenciar disidentes.

 

En 2002, el PP de Aznar en el Gobierno y el PSOE de Zapatero en la oposición acordaron y dieron luz verde a la ley de Partidos Políticos para aislar a Batasuna, obligando a la izquierda abertzale a ser examinada desde los libros que leía hasta la ropa interior que usaba para considerarse apta y formar un partido legal que pudiera ir a elecciones. Hoy, EH Bildu es la segunda fuerza política en Euskadi y tiene grupo parlamentario propio en el Congreso con 5 diputados, ha condenado la violencia para lograr la independencia y reniega de ella -como aclaró una vez más su líder, Arnaldo Otegi, por ejemplo, en esta entrevista con Público. El PP, no obstante, sigue considerándolos ilegítimos e indignos de escaño, al igual que a todos los partidos que pactan con ellos, incluido el PSOE del Gobierno. "Ilegítimos", paradójicamente, por acatar la cuestionable ley de partidos del bipartidismo, algo que resulta grotesco si no fuera por las connotaciones antidemocráticas tan oscuras que conlleva.

 

Estamos en 2020, y en pleno boicot del PP de Casado al Gobierno de coalición y a la Constitución Española (art. 122.3) , revienta en toda su plenitud corrupta otro capítulo de las cloacas de Interior al servicio del Gobierno de Rajoy (titulado Kitchen), en esta ocasión, para fulminar a un adversario interno, el ex tesorero y ex todopoderoso Luis Bárcenas, cuya información sobre el funcionamiento del partido en materia de financiación y otras miserias era y es, al parecer, infinita. Canta La traviata el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, número dos del ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz -sobre cuya ilegitimidad como político (ésta sí), las grabaciones difundidas en este diario no dejaron atisbo de duda-, y quedan expuestas las mezquindades (ilegítimas y presuntamente ilegales) de Dolores de Cospedal, ex ministra y ex secretaria general del PP, y de Rajoy, ex presidente del Gobierno que, como en el intento de destrucción del independentismo catalán y de Podemos mediante dosieres falsos difundidos por una estructura mediática cómplice, utilizaron al Estado, al comisario Villarejo y cantidades de dinero público aún por cuantificar para neutralizar a Bárcenas: querían robarle -y emplearon hasta la violencia contra su familia con un sicario y falso cura- la información que pudiera comprometer y condenar al PP.

 

El martes, tras conocerse las revelaciones del número dos de Fernández Díaz en Interior, confirmando el operativo parapolicial para perseguir a Bárcenas con las órdenes de Fernández Díaz y las indicaciones y supervisión de Cospedal y Rajoy, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, afirmó que la información sobre la operación Kitchen era suficiente para "ilegalizar al PP". Por supuesto, la derecha tardó una décima de segundo en rasgarse las vestiduras con la nariz bien alzada ante ese independentista "ilegítimo" -y por ellos, ilegal- que es Rufián. Pero vamos a analizar la ley de Partidos Políticos de PP y PSOE, pasando por alto la sentencia de la Audiencia Nacional -recurrida por el PP ante el Supremo- donde se confirma que el partido de Casado se financió ilegalmente y se enriqueció ilegítimamente. Vamos a ceñirnos a la Kitchen con su uso presuntamente ilegal de funcionarios, dinero y herramientas del Estado para torpedear la acción de la Justicia en el caso Bárcenas.

 

En la página 13 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, avanzamos directamente al "CAPÍTULO III, De la disolución o suspensión judicial de los partidos políticos", donde el art.10.2 explica las razones por las que:

 

"La disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente en los casos siguientes:

 

a) Cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal [¿Un partido que crea, por un lado, un sistema de financiación ilegal para hacerse y mantener el poder y enriquecer a sus dirigentes y, por otro, una estructura parapolicial con recursos del Estado para salvaguardar los intereses del partido saltándose la legalidad más elemental puede considerarse una "asociación ilícita"?]

 

b) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 8 de la presente Ley Orgánica [sobre organización y actividad democrática del partido, democracia interna o derechos y deberes de los afiliados].

 

c) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las conductas a que se refiere el artículo 9 (Art.9.1 Los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades. Deberán respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos. Desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo)".

 

Nunca he sido partidaria de una ley de Partidos Políticos como la que tenemos, ni entonces ni ahora: no todos los afiliados ni dirigentes del PP son unos corruptos, conozco a muchos/as que defienden sus ideas democráticamente y están muy incómodos y preocupados con lo que estamos sabiendo. Pero no deja de ser una ironía del destino que una ley del Gobierno Aznar pudiera perfectamente, y a tenor de los hechos, llevarse por delante hasta su "disolución" al partido refundado por Aznar. La tentación tiene que ser muy grande para este Gobierno, aun con un Poder Judicial bajo el manto del PP. Claro.