LA
PLATAFORMA MONTAÑA CLARA HA PEDIDO PROTECCIÓN AL DIPUTADO DEL COMÚN DE
CANARIAS, PARA LAS MÁS DE 970 PERSONAS Y
480 MENORES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y EXCLUSIÓN RESIDENCIAL EN SAN ISIDRO.
La Plataforma Montaña Clara denuncia al Ayuntamiento de Granadilla, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias, ante la vulneración de derechos humanos básicos a familias y menores, y ante su gestión negligente en materia de vivienda
La Plataforma Montaña Clara por el Derecho a la Vivienda Digna, junto a la Asociación de Vecinas y Vecinos, Arguayoda - Las Acacias, han elevado ayer quejas al Diputado del Común de Canarias ante la vulneración de derechos fundamentales a menores y familias.
Entre las quejas que han trasladado, se encuentra la
negligente gestión por parte del Ayuntamiento de Granadilla ante la dramática
situación que padecen las más de 970 familias y 480 menores, en situación de
ocupación de viviendas vacías de entidades financieras. Recordar que a día de
hoy la Corporación local no ha dado cumplimiento a los acuerdos adoptados en
materia de viviendas y desahucios aprobado hace más de 3 años, con el
consiguiente empeoramiento de la situación de las familias afectadas.
La Plataforma ha
destacado que a día de hoy, no se han convocado la Mesa de Vivienda con los
sectores implicados para empezar a buscar una solución a la situación de
exclusión residencial, tal y como recogen los acuerdos. Por otro lado no
se están garantizando derechos
fundamentales básicos al agua y la luz a los menores y sus familias, no se está
ofreciendo ayudas al alquiler a familias en situación de pobreza y exclusión
residencial. También podemos observar como se está vulnerando de manera
sistemática el empadronamiento por parte del Ayuntamiento de Granadilla a todas
las personas que están residiendo en las viviendas ocupadas, vulnerándose con
ello la atención sanitaria, el derecho a las ayudas sociales, y en definitiva a
la protección de los menores.
La Plataforma Montaña
Clara ha visto como las entidades financieras han empeorado la situación al
poner en marcha un nuevo modus operandi
para expulsar a familias y menores sin la menor garantía social y jurídica.
Para ellos algunos bancos están utilizado la figura de los seguritas para así controlar
las zonas comunes de los edificios, e impedir con ello la entrada y salida al
inmueble. Una medida que busca coaccionar a las familias para que abandonen las viviendas, sin que las
instituciones públicas no hagan nada ante esta situación de total desprotección.
Esta dramática situación impidió a 14 menores asistir a la escuela, durante 5
días.
Esta denuncia explica
como ante la pobreza sobrevenida debido a la crisis financiera de 2008, miles
de familias y menores fueron expulsadas de sus hogares ante el impago de
hipotecas, que más tarde se trasladó al alquiler, viéndose obligados a
autoorganizarse para garantizar un techo a sus hijas e hijos ante la falta de
respuesta de Ayuntamientos, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias. Un
derecho que viene recogido en la Constitución española en su artículo 47, y que
a día de hoy se conculcan a miles de familias y menores en Canarias.
La Plataforma destaca que muchas de
estas viviendas vacías están en manos de bancos, fondos buitres, e incluso,
vivienda VPO, tanto del Gobierno de Canarias, como de Ayuntamientos, que llevaban
décadas vacías, sin cumplir con el fin social al que estaban destinadas,
generando con ello, una mayor tensión en el mercado del alquiler y del precio
de la vivienda.
También destaca la
denuncia el estigma social al que se ven enfrentados muchas niñas y niños al
ser señalados como “Okupas”, sufriendo bulling en el ámbito social y educativo;
teniendo como consecuencias entre otras, el bajo rendimiento escolar y las
dificultades de integración social ante la aporofobia y el racismo reinante.
La Plataforma Montaña
Clara junto a la Asociación de Vecinas y Vecinos, Arguayoda - Las Acacias, ha
decidido interponer esta denuncia al Diputado del Común, porque entienden que el Ayuntamiento de
Granadilla de Abona, el Cabildo Insular de Tenerife, y el Gobierno de Canarias, a través de
Instituto Canario de la Vivienda, no han tomado las medidas de protección necesarias
para que estos menores y sus familias
vean garantizadas sus derechos constitucionales, como así lo están haciendo
otros ayuntamientos y comunidades autónomas. Y es por lo que han pedido la
defensa a las más de 970 familias y 480 menores que viven en San Isidro, ante
la vulneración de sus derechos fundamentales y libertades públicas en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias; y exigir con ello que se investiguen la
actuación de los diversos organismos públicos implicados ante esta gestión
negligente y contraria a los derechos humanos.
Israel Ojel Jaramillo Miranda
DNI 78676270D
Presidente del La Plataforma Montaña Clara
Granadilla de Abona a 26 de Agosto de 2020
Teléfonos: 611 21 91 77 y 695 18 79 67
Correo electrónico: asociacionantidesahuciomc@gmail.com
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