EL NEGOCIO DE LA MUERTE SIGUE MUY VIVO

EL NEGOCIO DE LA MUERTE SIGUE MUY VIVO

En el oligopolio de las funerarias, seis empresas se reparten 400 millones de ingresos anuales. Mémora, la más importante, gestiona 130 tanatorios, 28 crematorios y 23 cementerios. Hoy se contabilizan más de 20 millones de pólizas de decesos

ESMERALDA R. VAQUERO

A Alejandra C. (nombre ficticio) la avisó su familia por teléfono. Era un día de finales de marzo. Su abuela, ingresada en una residencia de mayores, tenía síntomas de coronavirus, pero no podían trasladarla al hospital. Al día siguiente falleció. La funeraria con la que trabajaba la residencia, Parcesa, extendió a la familia una factura de más de 4.400 euros. El precio, además del ataúd y la incineración, incluía un concepto de “interior féretro especial”, de más de 325 euros. También figuraba un “equipo de desinfección”, por un importe de 450, que posteriormente sería íntegramente devuelto por el Estado. “Y ni siquiera tuvimos tanatorio, ¿por cuánto habría salido la factura entonces?”, se indigna.

En marzo varias funerarias comenzaron a usar “féretros especiales” debido a la covid, lo que aumentaba la factura. El día 30, Consumo prohibía que los precios se incrementaran por esta enfermedad

La crisis del coronavirus ha puesto sobre la mesa múltiples cuestiones, entre ellas, los abusos perpetrados en el sector de la muerte. Estos, según indican personas afectadas, no son nuevos, pero el aumento de las cifras de fallecimientos los ha evidenciado. “Hemos normalizado precios muy altos por unos servicios en los que hay sobrecoste; entre lo que pagamos y el precio real de estos servicios hay un abismo”. Son palabras de Rosa Canela, integrante de Afectados Mémora, un colectivo que intenta sacar a la luz las irregularidades que han vivido con la mayor empresa del sector. A finales de febrero, este grupo empezó a dar a conocer sus denuncias y demandas en redes sociales. En marzo comenzó la odisea covid y, desde entonces, han recibido múltiples consultas y peticiones de asesoramiento: facturas desorbitadas, ataúdes envasados “al vacío”, conceptos ininteligibles, etcétera.  “Se han reducido los servicios, no ha habido ceremonias, ni velatorios, y se han cobrado precios similares”, señala Canela.

A finales de marzo aparecieron en varias televisiones testimonios de personas que aseguraban que las funerarias estaban obligando a usar unos “féretros especiales” debido al coronavirus, lo que aumentaba la factura. El 30 de marzo, el Ministerio de Consumo prohibía que los precios se incrementaran por esta enfermedad.

Para Canela, la situación no es nueva. Ella también pasó por un trance difícil tras la muerte de su padre. “En el hospital nos dirigieron hacia Mémora; decidimos velarlo y hacer todo en casa y nos presionaron diciendo que teníamos que ir al tanatorio”. La familia terminó abonando más de 6.000 euros. Según les indicaron, al no acogerse al combinado “féretro-sala tanatorio” el precio subía. “Es desorbitado. Equivale a casi un año de pensión de nuestro padre”, apunta.

Con un ingreso total de unos 400 millones de euros anuales, Parcesa, Funespaña, Albia, Servisa, Grupo ASV y Mémora son las principales funerarias del Estado. Esta última, propiedad de Ontario Teacher 's Pension Plan, es la más importante. En España gestiona 130 tanatorios, 28 crematorios y 23 cementerios. Al otro lado de la balanza se sitúan las pequeñas funerarias, los negocios familiares que van pasando de una generación a otra y que se ven perjudicados por este oligopolio.

Los seguros de muertos, para hacerse cargo del funeral y el enterramiento, se  generalizaron después de la Guerra Civil y hoy se contabilizan más de 20 millones de pólizas

Aurelio Sánchez conoce bien este mercado. Trabaja desde hace años en una pequeña funeraria de Manresa y preside la Asociación Esfune, organización que busca “favorecer la liberalización real de los servicios funerarios, el apoyo y asesoramiento a los usuarios y la dignificación de la profesión funeraria”. Hasta él también han llegado múltiples informaciones de personas afectadas por los abusos de las grandes empresas del sector. “Un féretro de calidad media o media-alta nos viene costando unos 180 euros; aquí en Cataluña ese producto se vende después por 2.000 €”, explica. Para Canela, el propio concepto del ataúd en los casos de incineración le parece un sinsentido.  “Es absurdo que te hagan pagar esa cantidad cuando esa caja se va a quemar”, apunta. “Aquí cabrían otro tipo de iniciativas, pero este negocio mueve demasiado dinero como para que se pongan en marcha”.

Aseguradoras

La combinación de funerarias y aseguradoras de decesos es un cóctel perfectamente elaborado, asegura Sánchez. Los seguros de muertos, para hacerse cargo del funeral y el enterramiento, se  generalizaron después de la Guerra Civil y hoy se contabilizan más de 20 millones de pólizas.

La mayoría de las aseguradoras intentan que los familiares de los fallecidos encarguen todos los detalles a la  funeraria con la que trabajan. Sin embargo, no existe ninguna obligación legal. Además, denuncia Canela, nunca devuelven la amortización excedente. “Hay mucha gente que lleva pagando el seguro 50 o 60 años, se abona mucho más de lo que va a suponer ese gasto, pero nunca te devuelven nada”. Santalucía y Ocaso acaparan la mitad del mercado de este tipo de seguros.

Es habitual ver  en las puertas de los hospitales a comerciales  en busca de familias a las que ofrecer los servicios de su empresa. Incluso, se han llegado a conocer casos en los que personal de hospitales incitan a elegir una funeraria en concreto, en lugar de ofrecer el listado con la oferta de funerarias disponibles.

En noviembre de 2016 la madre de Manuel Monterde falleció en el Hospital Sociosanitari Mutuam Güell, en Barcelona. Una sanitaria del centro, según contó Monterde en una carta del lector en El Periódico, le indicó que tenía que llamar lo antes posible al tanatorio de la funeraria Sancho de Ávila, en la capital catalana. Él le contestó que tenían un nicho en Santa Coloma de Gramenet, donde estaban empadronados y donde harían el velatorio, pero ella insistió en que la normativa marcaba que, al morir en Barcelona, ​​el cadáver debía ser recogido por esa empresa. “En ese momento de trasiego y pena y ante la rotundidad de sus palabras, fui incapaz de reaccionar y cuestionar lo que me decía (...). Actué de buena fe y fui a Sancho de Ávila. Mi madre estaba muerta... tenía que hacer todo lo que me decían por ella: ataúd, amortajamiento, traslado... Firmé las hojas que me pusieron delante. Tres horas después supe que podía haber elegido la funeraria que yo hubiera querido, pero en ese momento no sabía nada, estaba en shock”, recordaba en el diario. Tener que elegir este servicio y no otro supuso un sobrecoste de 5.000 euros. Monterde denunció ante la Autoritat de la Competència de la Generalitat. Hace un par de años la Administración le dio la razón e instó al Ayuntamiento de Barcelona a investigar el caso y a sancionar a las empresas funerarias por monopolizar el mercado.

Desde 1997 el sector funerario está liberalizado por normativa europea. Así, la constitución de estas empresas no está sujeta a un determinado número de licencias por parte de los ayuntamientos, sino que pueden ofrecer sus servicios todas aquellas compañías que quieran optar a ello siempre y cuando cumplan determinados requisitos. Además, está garantizada la libre elección del servicio funerario, independientemente de tener contratado un seguro de decesos.

En 2016, el consistorio de Carmena remunicipalizó la Funeraria de Madrid, que había sido semiprivatizada en 1993 por Álvarez del Manzano. Funespaña, perteneciente a Mapfre, pagó 100 pesetas por el 49%

“Debería ser un servicio público, gestionado por empresas públicas y sin comisiones. O al menos que fueran empresas con un control, que la administración limite precios, que haya una intervención real”, indica Canela. Entre los proyectos del equipo de gobierno de Ada Colau para su primera legislatura estaba incluido la creación de una funeraria pública para abaratar los entierros. En febrero de 2019, la oposición echó por tierra la propuesta de Barcelona en Comú. PDeCAT, Ciudadanos, PSC y PP votaron en contra. ERC se abstuvo. El consistorio de Manuela Carmena sí consiguió llevar a cabo una de sus promesas electorales: en 2016 remunicipalizó la Funeraria de Madrid, que había sido semiprivatizada en 1993 por el alcalde popular José María Álvarez del Manzano. Funespaña, perteneciente a Mapfre, pagó 100 pesetas (0,6 euros) por el 49% de las acciones.

Sobrecostes

Para abaratar los costes de los entierros, uno de los primeros pasos podría ser revisar el IVA del sector. En 2012, el gobierno del PP decidió aumentarlo, del 8 % (tipo reducido) al 21%. Esto supuso a las familias el pago de unos 500 euros más de media, aunque los precios varían considerablemente dependiendo de las ciudades. Desde entonces han surgido distintas iniciativas encaminadas al descenso del impuesto, pero no han fructificado. España es uno de los países de la Unión Europa con el IVA funerario más caro.

Además de por el elevado IVA, el alto coste se debe, según Sánchez, a que se otorgan contraprestaciones económicas y se pactan contratos de exclusividad y acuerdos entre funerarias, residencias de mayores y hospitales. “El coste de un servicio sencillo pero con todo lo necesario debería rondar unos 2.500 euros. Y puede ser aún más económico”.

Además de por el IVA, el alto coste se debe a que se pactan contratos de exclusividad y acuerdos entre funerarias, residencias de mayores y hospitales

¿Y qué ocurre si una familia no tiene presupuesto? Las funerarias ofrecen financiar el gasto, si se presenta la documentación necesaria. Financiación, eso sí, con intereses. Además, resulta llamativo que haya empresas públicas, como la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que también lo ofrezca. Si el préstamo tampoco es viable, existen otras opciones. El ayuntamiento de la ciudad en cuestión se puede hacer cargo del sepelio, certificando la falta de ingresos; también es posible elegir una ciudad con costes mortuorios más económicos, donar el cuerpo a la ciencia u optar por la cremación. A finales de mayo la empresa valenciana Alfilpack dio a conocer sus ataúdes de cartón homologados para dar respuestas a las necesidades originadas por la crisis sanitaria.

“El fallecimiento de un familiar es el peor momento para engañar de la manera que sea; estás desprotegida, herida, y confías en las personas que tienes alrededor”, denuncia Canela. “La comunidad siempre ha ayudado a acompañar en la muerte, y es algo muy alejado a lo que se está haciendo ahora. Antes con las funerarias más de barrio era otra cosa; ahora es capitalismo salvaje”.