Cuando aPPestan las cloacas del Estado Español

Cuando aPPestan las cloacas del Estado Español  

(I). EL CASO GÜRTEL

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ

Las cloacas del Estado Español, como las de cualquier Estado, siempre apestan. Unas más que otras y cuanto mayor es ese Estado y más grandes y extendidos sus intereses, más fuerte es la peste que exhala.

Si olvidamos los inmensos pozos negros de las grandes potencias  y miramos al Estado Español cierto es que, durante el franquismo, no había cloacas como las actuales que emitieran ese tufo asqueroso porque todo el Estado era ya una cloaca. Empieza el olor fétido allá por el 75, cuando el previamente momificado caudillo muere el día seleccionado –el 20N- para coincidir con Primo de Rivera. Un par de días después se corona a su “sucesor a título de Rey” Juan Carlos Borbón tras jurar explícitamente “fidelidad a las Leyes Fundamentales del Reino y lealtad a los principios del Movimiento Nacional”. A su lado, como Presidente del Gobierno, queda un lacrimoso e inútil Arias Navarro. Es la archifamosa “Transición” gatopardiana que nunca acaba.

En esos últimos coletazos del franquismo explícito –el implícito continúa vivito y coleando- empieza la fetidez en esta colonia con el asesinato a golpes de karateca de Antonio González Ramos a manos del comisario Jefe de la Brigada de Investigación Social de Tenerife José Matute Fernández, con la complicidad del cabo de la Guardia Civil José González Álvarez. Los dos se acogieron a la Ley de Amnistía con la que Adolfo Suárez hizo borrón y cuenta nueva para todos los criminales fascistas anteriores ya que, según su Art. 4º “quedará también extinguida cualquier responsabilidad penal en que pudieran haber incurrido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los delitos amnistiados por esta ley”. Esto es, hecha a medida de todos los crímenes cometidos en la supuesta “defensa de la patria”.

A partir de aquí empieza la actuación de las cloacas con el mismo objetivo declarado de la supuesta “defensa de la patria”. En esos sumideros donde mueren la libertad y la democracia se crían y desarrollan, con gobiernos a derecha e izquierda indistintamente, los GAL, la Triple A, el Batallón Vasco Español, los Comandos Antimarxistas, el Antiterrorismo ETA (ATE)… todas ellas con la aquiescencia, el apoyo y el uso de fondos reservados –el Fondo de Reptiles- de los sucesivos Ministros de Interior. Son hechos que me traen el recuerdo del periodismo valiente del gallego José Benigno Rey “Pepe Reí” que fue capaz de bucear en aquellas enlodadas aguas policiales y políticas en defensa de la libertad. En Canarias nos basta recordar los asesinatos de Bartolomé García Lorenzo y Javier Fernández Quesada y el intento frustrado del de Antonio Cubillo instigado y tutelado por el ministro Rodolfo Martín Villa que cargaba ya sobre sus espaldas con el asesinato de 5 obreros en Vitoria en 1976.

Todos esos comportamientos delictivos de los supuestamente encargados –policiales y/o judiciales -de cumplir y hacer cumplir las leyes se inspiran y tienen su coartada, de nuevo, en la “defensa de la patria”, pero de tanta justificación de estos comportamientos inmorales, ilegales e inicuos, de tanta falta de ética, le han nacido nuevas cabezas a la hidra de la corrupción, como sucedía con la mitológica de Lerna que, con cada cabeza que se le cortara salían dos nuevas. Desprovisto ya de la falaz armadura de la salvación patria, se muestran claramente los fines últimos del uso y abuso de la cloaca: el lucro personal y la conservación del poder político y económico

El primer caso importante constatado estatalmente fue puramente de lucro individual.  Luis Roldán que empezó, con curriculum falsificado, como Delegado de Gobierno en Navarra ocupó luego la Dirección General de la Guardia Civil. Usó su cargo para estafar casi 2.000 millones de las antiguas pesetas (unos 12 millones de €) en compras de munición defectuosa para la guardia civil. Además robó otros 450 millones de pesetas ( 2,7 millones de euros) de los FONDOS RESERVADOS. Roldán tuvo que dimitir. Antes de enfrentarse a la justicia huyó de España y en una rocambolesca operación con el agente del CESID Francisco Panesa –el muerto que sigue vivo- como mediador, volvió a España. Fue condenado en diciembre de 1999 a 31 años de cárcel, pero sin que aparecieran más de 10 millones de euros de lo robado que escondió vaya usted a saber dónde. Tras 15 años de condena, el día de San José del 2010 salió definitivamente de prisión para disfrutar de esos milloncejos así adquiridos. El “Caso Roldán” junto con el GAL le costó a Felipe González perder las elecciones generales del 96 dando paso a aquel presidente que “hablaba catalán en la intimidad” y negociaba con el “Movimiento Vasco de Liberación”, el Sr Aznar, el del bigote del funesto Trío de las Azores.

Con Felipe González sucedió el primer caso conocido de financiación ilegal para beneficio de un partido. El “Caso Filesa”. Según la sentencia del Tribunal Supremo de 1997 que condenó a 8 culpables, de ellos 3 altos cargos del PSOE, el senador Josep María Salas, el ex diputado del PSC Carlos Navarro y la ex coordinadora de finanzas Aida Álvarez, quedó acreditada la financiación irregular mediante el cobro de unos 1.200 millones de pesetas (alrededor de 7 millones de euros) por informes inexistentes a compañías que aspiraban a obtener favores gubernamentales. Los fondos, al parecer, se emplearon para el pago de las deudas bancarias que dejó  la campaña de entrada a la OTAN y las elecciones generales y europeas de 1989. Fue más o menos la mitad de lo que robó Roldán pero esta vez sin enriquecimiento de nadie. Los condenados lo fueron a título personal sin que el PSOE como tal partido fuera condenado.

Ya con J.Mª Aznar en el poder le estalló en las narices el “Caso Naseiro”, así llamado por el tesorero del PP, Rosendo Naseiro. Como fin aparece un doble objetivo que, desde entonces, ha caracterizado a las cloacas del PP: la financiación ilegal del partido y el enriquecimiento personal. Se inicia a partir de las escuchas telefónicas a un concejal del PP valenciano cuyo hermano estaba implicado en el narcotráfico. Lo grabado saca a la luz toda una maraña de corrupción del PP, sobre todo en Valencia que, además de al tesorero Naseiro, afectaba a múltiples cargos importantes del partido, entre ellos Eduardo Zaplana, en ese entonces presidente del PP en Alicante y posteriormente de la Generalitat Valenciana y ministro de Aznar y Ángel Sanchiz Perales, diputado por Valencia. A ambos los volvemos a encontrar con la trama de la Gürtel.

La condición de diputados de los implicados hace que, al ser aforados,  el caso pase al Tribunal Supremo. Dado que las grabaciones fueron autorizadas para un delito de narcotráfico no podían, a juicio del Supremo, ser usadas para casos de enriquecimiento personal o de la financiación ilegal del partido. En las grabaciones intervenidas aparece el vicesecretario general del PP, Arturo Moreno, que, al parecer, comunicó al propio Aznar el método usado para llenar la tesorería del partido. Aznar, según las grabaciones, lo remitió al entonces gerente Luis Bárcenas. El Supremo ordenó la destrucción de las grabaciones y archivó el asunto pero no evitó que dos frases quedaran para la historia: “Tú pides la comisión y luego nos la repartimos bajo mano” y la de “Yo estoy en política para enriquecerme”.

La corrupción, alentada por la sensación de impunidad del aparato de estado construido por el PP, es como un pulpo que, con sus múltiples tentáculos, lo abraza todo. El salto cualitativo y cuantitativo en el uso y abuso de las cloacas se da con el “Caso Gürtel” y las  derivaciones más importantes de sus muchas piezas separadas que componen la extensa trama delictiva creada alrededor del PP. Es tan extensa y brutal que es imposible condensarla en un solo artículo.

La trama Gürtel –traducción policial al alemán del apellido de su principal encartado – estaba encabezada por Francisco Correa Sánchez. Como colaboradores principales contaba con  Pablo Crespo, su número dos,  ex secretario de organización del PP gallego y mano derecha de Xosé Cuiña; con Álvaro Pérez Alonso, “El Bigotes”, su hombre en Valencia y con Antoine Sánchez, primo de Correa y hombre de paja para encabezar falsas tapaderas económicas usadas para blanquear lo obtenido en sus negocios turbios. El grupo montó un conglomerado de empresas en paraísos fiscales y en España para aprovecharse del saqueo a fondos de entidades públicas con falsos contratos o importes inflados de los reales, además de saltarse prohibiciones legales en materia urbanística en beneficio de sus inversiones inmobiliarias. La trama operó en ayuntamientos y comunidades autónomas regidas por el PP, en especial Madrid, Valencia, Castilla-León y Galicia, con ramificaciones por ayuntamientos andaluces como Jerez o la malagueña Estepona, amén de algunos de otras comunidades, todas regidas por el PP.

No cabe duda de que el lucro personal era el primer objetivo del cuarteto organizador, pero el método para obtenerlo incluía también la financiación ilegal del PP en todos esos lugares, sobre todo mediante la organización y financiación de eventos públicos del partido. Comenzó durante el gobierno de José Mª Aznar y continuó con los de Mariano Rajoy. El contable de Correa y Crespo, José Luis Izquierdo, presentó en el juzgado un extracto de su “Caja B” en la que, muy simbólico, Correa figura como “Don Vito” a petición propia. En esa contabilidad se reseñan pagos y operaciones delictivas con más de una treintena de cargos del PP, algunos tan significativos como el yerno de Aznar, Alejandro Agag, y los gastos en su principesca boda de El Escorial, los hermanos  Ricardo y Gerardo Galeote, Alberto López Viejo, Jesús Merino, Ginés López…

La existencia de la trama mafiosa ligada al PP ya había sido advertida en 2005 por el diputado en las Cortes Valencianas José Camarasa, pero será el 6 de noviembre de 2007 cuando uno de los implicados en la trama, tras haber recibido de la misma más de 260.000 €, el concejal del PP en Majadahonda José Luis Peñas -Pepe Peñas- viéndose involucrado en cohechos se prestó a colaborar a cambio de reducción de condena, dando con sus confesiones inicio al Caso Gürtel. En la investigación participaron, además de la fiscalía y los medios de la judicatura,  la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) y la Oficina Nacional de Investigación de Fraudes (ONIF), la más especializada de la Agencia Tributaria española (AEAT) formada por personal muy especializado y profesional, además de diversas policías, oficinas y servicios extranjeros de múltiples países por los que se extendía el entramado empresarial delictivo.

La primera sentencia firme del Caso Gürtel por el TS fue para confirmar la del TSJ de la Comunidad Valenciana en la pieza separada conocida como “Caso Fitur”. El nombre viene por los expolios realizados en la contratación del stand de la Generalitat valenciana en FITUR entre los años 2005 a 2009. Se condena a Fco. Correa, al “Bigotes” y a Álvaro Crespo a 13 años de prisión y a la ex consellera de turismo Milagrosa Martínez a 9. Le siguió otra pieza separada relacionada también con los stands en Fitur, esta vez el de la ciudad de Jerez en 2004 que en mayo del 89 condena de nuevo a Fco. Correa y a Pablo Crespo.

Tras años de investigación del caso y  sus 12 piezas separadas, los más de 60.000 folios y 187 imputados de ellos 74 políticos representativos del PP, dan como resultado 29 condenados para la “Época I” de la trama (1999-2005) y, al final, duras condenas. Redondeando los años el ranking del oprobio se encabeza por Correa a 54 años de prisión; Pablo Crespo-el  ex Secretario de Organización del PP gallego- a 37 años;  Luis Bárcenas a 33 años; Jesús Sepúlveda –ex alcalde de Pozuelo de Alarcón- a 14 años ( su esposa, la ex ministra de Sanidad del PP Ana Matos, también condenada como partícipe a título lucrativo); Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda a 38 años; Alberto López Viejo ex consejero de deportes de la Comunidad de Madrid a 32 años; Ricardo Galeote a 7 años; Jesús Merino ex diputado por Segovia…y así hasta casi la veintena de cargos políticos peperos, incluyendo al ex tesorero de Alianza Popular Ángel Sanchiz Perales –que ya venía experimentado del Caso Naseiro-  y su hijo o el presidente de Nuevas Generaciones del Distrito madrileño de Moncloa Javier Nombela. En  total, 351 años de cárcel para los condenados.

Todo el mundillo alrededor de la PPodrida trama Gürtel y sus derivados se ha visto, además, rodeado de muertes bastante sospechosas que no parecen ser ni “naturales” ni, mucho menos, el castigo “divino” a su comportamiento. Por citar algunas relevantes empezamos por el ex Tesorero Nacional del PP, Álvaro Lapuerta, un franquista acrisolado – Procurador en las Cortes fascistas y diputado por AP en la Rioja- al que Aznar encomendó la tesorería general del PP en 1993 sucediendo al quemado Ricardo Naseiro. Ese cargo lo ostentó hasta 2008 en que lo sustituyó Luis Bárcenas, hasta entonces gerente del PP.  Luis, al que los papeles contables de la Gürtel designaban como “Luis el Cabrón”, y a quién el Presidente  Rajoy, cuando se desató la presión judicial con su detención, animaba a principios de enero de 2013 con un “Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo” y la famosa “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte” aunque, una semana justo después, el presidente español declarara en juzgado que no recordaba la última vez que había hablado con Bárcenas.

Cuando Lapuerta sale en los “Papeles de Bárcenas” y el juez Pablo Ruz lo imputa, entre otros pagos en los que aparecía, por obtener en diciembre de 2004 de la Caja B 139.700 € para la compra de 1.270 acciones de “Libertad Digital”. La compra se realiza conjuntamente con la esposa de Bárcenas y de Fco. Yáñez, empleado del PP por orden, al parecer, del Secretario General Ángel Acebes para apoyar a Libertad Digital en una situación precaria, totalizando entre los tres casi medio millón de euros. Las cloacas funcionan bien. Esos días Libertad Digital, en contrapartida, lleva a cabo una feroz campaña contra la tesis del origen yihadista de los atentados el 11M en Madrid para endosárselos a ETA en sintonía con la interesada hipótesis sostenida por el equipo de Aznar.

Llamado a declarar Lapuerta recibe amenazas mafiosas telefónicas  a su persona y a su familia que le dicen, según denuncia a la policía a mediados de 2012,  “Tú estás viejo, pero piensa en tus hijos y en tus nietos y ten cuidado con lo que haces”. En marzo de 2013 sufre una “accidental” caída cerca de su domicilio que sus propios hijos califican de “Muy extraña”, que le impide declarar, seguida de otra en abril a la puerta de su domicilio que lo sume en un estado de coma que se prolongó hasta su muerte. Todos los correos y agendas de Lapuerta fueron selectiva y concienzudamente borrados, como ha sucedido también con los de Bárcenas o los registros de visitas a Génova.

  ¿Y qué decir, por ejemplo, de Isidro Cuberos, ex jefe de comunicaciones de Javier Arenas antes y durante su cargo como Secretario General del PP? Imputado en el “Caso Jerez”, una Pieza Separada de la Gürtel, era el hombre clave de la mafia pepera-gürteliana en Andalucía. Apareció muerto “accidentalmente” en el fondo de un barranco entre Mijas y Benalmádena al lado de su moto. O del “suicidio” en Bilbao en enero de 2015 de la imputada esposa del senador pepero Tomás Burgos Beteta, senador casi a perpetuidad por Toledo hasta la XII inclusive (7 legislaturas en el Senado). ¿Y las “amnesias” selectivas de los imputados peperos y sus testigos? ¿Y los ictus e infartos oportunos?

Las presiones y descalificaciones de jueces que pudieran ser molestos para el PP han sido la constante de toda la investigación, una manifestación más del uso de las cloacas estatales. Desde la inhabilitación de Garzón hasta la renuncia, harto de sufrir presiones, del juez Pablo Ruz son muchos los episodios. Añadimos las irregularidades manifiestas como la destitución fulminante del Jefe de Investigación de la ONIF, el Inspector de Hacienda encargado de la investigación de la Gürtel, Víctor de la Morena, y de sus 5 jefes de equipo a los que ni se dio tiempo para recoger sus cosas de las mesas de trabajo. Los ceses se producen al ser nombrada como Jefa Adjunta de la ONIF Pilar Valiente, aquella que tuvo que dimitir en el gobierno Aznar cuando era  Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV por su supuesta complicidad con los imputados en el “Caso Gescartera”.

Se calcula en más de 120 millones de euros lo defraudado por la trama Gürtel que, por cierto, queda muy por debajo de los más de 500 millones que se han defraudado por la trama “Púnica” del ex consejero de la presidencia madrileña Francisco Granados y su socio David Marjaliza a medio centenar de ayuntamientos madrileños, casi todos, como no, del PP. La importancia de la Gürtel reside en que hace del PP el primer partido a nivel estatal condenado por corrupción.  La sentencia  afirma que la trama corrupta sirvió para “directamente pagar gastos electorales o similares del PP o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada “caja B” del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido” . El PP, como persona jurídica, debió pagar una multa de 245.000 € como partícipe de los delitos a título lucrativo.

La PPodredumbre le costó al gobierno Rajoy la pérdida del poder estatal al prosperar la moción de censura presentada por Pedro Sánchez en 2018, la primera efectiva de las 4 que han sucedido desde la sacrosanta transición, pero los casos que la provocaron aún colean y siguen abiertos, aguas fecales en las que nadan ratas como Villarejo cuyos manejos van saliendo a la luz. Como la memoria histórica de los pueblos, tanto de España como de sus colonias es escasa y tergiversada, seguiremos el relato en un par de días que, seguro además que salen nuevos datos de los sumarios abiertos (Bárcenas, Kichten, Génova 13…)

Francisco Javier González

Gomera a 11 de febrero de 2020.