VENEZUELA. BACHELET, COMO SIEMPRE, SERVIL CON LAS ÓRDENES DEL
IMPERIO
POR ATILIO A. BORON
Se ha convertido en
práctica habitual la politización e instrumentalización de los derechos humanos
como excusa, por parte de EEUU, para invadir territorios y violentar
soberanías.
Estaba
por escribir una nota sobre el escandaloso informe publicado sobre Venezuela
por esta burócrata profesional de la ONU, hoy Alta Comisionada por los DDHH,
que circula con falsas credenciales de progre. Pero mi amiga, la venezolana
Pasqualina Curcio, acaba de publicar un muy documentado artículo en el Faro di
Roma, de Italia, que me permito compartir con ustedes y a que avalo palabra
tras palabra, letra por letra. Pasqualina destruye con datos irrefutables el
perverso relato del imperio que lleva la firma de la impresentable Bachelet. Ya
tendré ocasión de volver sobre este tema en los días venideros.
«VENEZUELA: ¡LAS
PRUEBAS, SEÑORA BACHELET!»
(Por Margarita
CURZIO)
06/07/2019
Se ha convertido en
práctica habitual la politización e instrumentalización de los derechos humanos
como excusa, por parte de EEUU, para invadir territorios y violentar
soberanías. Mientras tanto, el Sistema de Naciones Unidas, con discursos
ambiguos, sin fijar posición y exigir el respeto de la norma internacional ha
sido complaciente al poderío imperial y a los intereses de los grandes
capitales. Se ha prestado a la política de la guerra. De manera vergonzosa e
ignominiosa se ha sumado a la mentira y a la manipulación. Ha sido cómplice.
La humanidad sigue esperando
las pruebas de las armas de destrucción masiva en Irak, mentira que sirvió para
justificar la invasión a ese país por parte de EEUU en 2003 ocasionando la
muerte de más de un millón de personas.
Como humanidad
también seguimos esperando las pruebas de las afirmaciones realizadas por la
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navy Pally, quien el 25
de febrero de 2011 presentó un informe que abrió las puertas para la invasión
militar en Libia con la excusa de una intervención humanitaria.
De manera
irresponsable la Alta Comisionada Pally dijo: “Aunque los informes aún son
irregulares y difíciles de verificar, una cosa es dolorosamente clara: en el
descaro y la continua violación del derecho internacional, la represión en
Libia de las manifestaciones pacíficas se está intensificando alarmantemente
con los asesinatos masivos, los arrestos arbitrarios, la detención y la tortura
de los manifestantes. Según algunas fuentes, miles pueden [sic] haber sido
asesinados o heridos (…) Según varios informes, los combatientes extranjeros
también cometieron asesinatos que, según informes, continúan siendo llevados al
país y equipados con armas pequeñas y ligeras por parte del gobierno para
reprimir las protestas.”
Sin pruebas en
mano, por el contrario consciente de la no verificación e irregularidad de la
información, las palabras de Navy Pally dieron pie a la Resolución
A/HRC/RES/S-15/1 de fecha 03 de marzo de 2011, en la que se establece: “El
Consejo de Derechos Humanos expresa profunda preocupación por la situación en
la Jamahiriya Árabe Libia, y condena enérgicamente las recientes violaciones
graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en ese país, incluidos
los ataques armados indiscriminados contra civiles, las ejecuciones extrajudiciales,
las detenciones arbitrarias y la detención y tortura de manifestantes
pacíficos, que en algunos casos pueden constituir también crímenes de lesa
humanidad”
Nos preguntamos:
¿en qué momento verificaron los informes? ¿Efectivamente fueron miles los asesinados
y heridos? ¿Cuántos exactamente? ¿Verificaron las ejecuciones extrajudiciales,
las detenciones arbitrarias y los casos de torturas? ¿Dónde están las pruebas
de tan grave acusación que derivó en una guerra que aún persiste y que tiene
hecha pedazos a Libia?
Resolvieron además
en el Consejo de Derechos Humanos, violentando la soberanía de Libia: “Enviar,
con urgencia, una comisión de investigación internacional independiente, que
será nombrada por el Presidente del Consejo, encargado de investigar todas las
presuntas violaciones de las normas internacionales de derechos humanos en la
Jamahiriya Árabe Libia.”
Las palabras de
Pally y la Resolución A/HRC/RES/S-15/1 del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU dieron paso a la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU de
marzo de 2011 mediante la cual declararon una zona de exclusión aérea en Libia
y con ella la invasión militar por parte de la OTAN. Mientras tanto, a lo
interno del país africano, un gobierno paralelo, denominado Consejo Nacional de
Transición fue instaurado por parte de los factores políticos opositores al
entonces presidente Gadafi.
La Alta Comisionada
Michelle Bachelet, al mismo estilo que su antecesora Navy Pally, acaba de
presentar el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Repleto de imprecisiones, de información no verificada, ni verificable, de
errores, omisiones y falsedades, el informe en cuestión adolece de la
rigurosidad y la seriedad que exige la presentación de este tipo de documentos
cuyas implicaciones coloca en riesgo la paz, no solo de Venezuela, sino de la
América entera.
No ocuparemos estas
líneas en resaltar la parcialidad del informe presentado por Bachelet al
referir información proveniente solo de los factores políticos de oposición
obviando datos oficiales y los informes de organizaciones como por ejemplo
Fundalatin. Sobre este tema hay mucha tinta derramada. Mucho menos mostraremos
la falta de rigurosidad metodológica en el levantamiento, procesamiento y
análisis de la información. Sobre esto también se ha escrito.
Tampoco nos
centraremos en sistematizar las contradicciones en las que incurre la Alta
Comisionada al afirmar que en Venezuela no se garantizan los derechos humanos
mientras que el propio Consejo de Derechos Humanos aprobó el Examen Periódico
Universal presentado por el país y mientras la misma Naciones Unidas a través
del PNUD acaba de calificar a Venezuela con un índice de desarrollo humano
alto.
No confesaremos
nuestra decepción por el hecho de que Bachelet no expresó su rechazo
contundente a las amenazas de intervención militar por parte de EEUU, o porque
no instó al cese inmediato del bloqueo económico, financiero y comercial contra
el pueblo venezolano, o porque no reprochó los llamados al odio y a la
violencia por parte de los factores políticos de la oposición que derivaron en
acciones fascistas al punto de quemar vivos a seres humanos.
Mucho menos
expresaremos nuestro asombro porque no repudió el intento de magnicidio contra
el Presidente Nicolás Maduro en agosto de 2018, ni el del golpe de Estado en
abril de 2019, o el intento de invasión en la frontera con Colombia el 23 de
febrero de este año, o el intento de usurpación del cargo de Presidente de la
República por parte del autoproclamado Juan Guaidó y sus intenciones de
conformar un gobierno paralelo, o porque no se refirió al sabotaje al sistema
eléctrico que dejó sin el servicio a todo el pueblo venezolano. Quizás son
eventos tan obvios y notorios que consideró no incluirlos en el informe.
Ni siquiera
mencionaremos nuestra sorpresa por el hecho de que la Alta Comisionada no haya
citado el informe del Dr. Alfred De Zayas, relator independiente de naciones
Unidas para un orden democrático y equitativo, quien luego de visitar Venezuela
en 2017 presentó un informe en el que de manera detallada plantea la necesidad
de reconocer la guerra económica, las medidas coercitivas unilaterales y el
ataque a la moneda, como las causas determinantes de lo que, en lo económico y
social, ocurre en el país.
Nos detendremos si,
en exigir a la Alta Comisionada la presentación de las pruebas y precisiones de
todas y cada una de las graves acusaciones que hace en su informe. Pruebas que,
por respeto, nos merecemos los venezolanos y la humanidad entera.
Concluye Bachelet
que “…existen motivos razonables para creer que se han cometido graves
violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la
alimentación y la salud, en Venezuela. El Gobierno se negó a reconocer la
magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas.
Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar
los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como
instrumento de control social.”
Le pediríamos que
especifique cuáles son esos “motivos razonables” que la llevan a “creer” que se
violan los derechos económico y sociales. ¿Con qué pruebas sustenta la
afirmación que no se adoptaron medidas apropiadas? ¿Y cómo prueba que la
supuesta discriminación en el otorgamiento de los programas sociales? Por
ejemplo, cómo explica que se está discriminando por razones políticas la
entrega de la Caja de alimentos CLAP y que solo se le entrega a seguidores del
gobierno ¿quiere decir entonces que las 6 millones de familias que reciben la
caja son chavistas?
¿O insinúa Bachelet
que las 18 millones de personas carnetizadas en la Plataforma Patria también
son todas chavistas y por ende el 100% de adultos mayores que reciben su
pensión a través de dicho sistema también comulgan con la revolución bolivariana,
así como los 6 millones de familias que reciben el bono “hogares de la Patria”
y las 700.000 embarazadas que reciben el bono de parto humanizado y lactancia
materna? Recordamos que en Venezuela somos 30 millones de personas.
Concluyó también en
su informe que “Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado
una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio
democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la
independencia del poder judicial.”
¿Dónde están las
pruebas de tan delicada acusación? Es importante que especifique a cuáles leyes
y políticas se refiere y que demuestre cómo se ha restringido el espacio
democrático en un país en el que se han realizado 7 elecciones desde el 2013
con la participación de todos los factores políticos y el reconocimiento del
triunfo de la oposición por parte del gobierno.
Es importante que
explique por qué afirma que se ha restringido el espacio democrático en un país
en el que según su propio informe las manifestaciones contra el Gobierno
aumentaron en número e intensidad a partir de 2014: “se produjeron 9787
manifestaciones en 2017, 12715 en 2018 y 9715 entre el 1 de enero y 31 de mayo
de 2019”.
O es que la Alta
Comisionada se refiere a las prácticas de los factores de la oposición que se
han caracterizado por ser cada vez menos democráticos, por ejemplo el intento
de golpe de Estado del 30 de abril de 2019, o el llamado a la abstención
electoral en los comicios presidenciales del 20 de mayo de 2018, o el intento
de magnicidio recientemente abortado por los cuerpos de seguridad de Estado? Si
es a esta actitud antidemocrática de la oposición a la que usted se refiere,
merece la pena que lo especifique en su informe.
Continúa afirmando
Bachelet: “Todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de
los derechos humanos. Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han
sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos
años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes
constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de
seguridad, en particular las FAES. Estas violaciones requieren más
investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la
responsabilidad penal individual.”
Muchas preguntas
surgen al respecto, especialmente cuando se acusa al Gobierno de cometer
“numerosas” violaciones de los derechos humanos. Las precisiones son
indispensables en este apartado, así como los elementos probatorios.
La Alta Comisionada
afirma que las autoridades han atacado a determinadas personas, que son miles
las que han sido matadas en enfrentamientos con fuerzas estatales y que estas
muertes son ejecuciones extrajudiciales. Presente las pruebas Señora Bachelet.
Consigne la lista con los nombre de las miles de personas que han sido
“matadas” por fuerzas estatales. Se trata de acusaciones muy delicadas que no
deberían plantearse en términos imprecisos en un informe de este nivel.
Pero además, nos
surge la duda de por qué emite un juicio a priori y acusa al gobierno cuando
simultáneamente reconoce que se requieren investigaciones para determinar las
responsabilidades. Luce contradictorio, y por lo tanto irresponsable.
Afirma Bachelet
que: “El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la
infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado
violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al
deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a
electricidad, agua y gas natural”.
Consigne las
pruebas, señora Bachelet, de que el desvío de los recursos, la corrupción y la
falta de mantenimiento son las causas de la violación del derecho a un nivel
adecuado de vida. No estamos negando en lo absoluto que haya corrupción en
Venezuela, pero demuestre usted que es ésta y no la guerra económica, el ataque
en más de 9 mil millones por ciento de la moneda desde 2013, el bloqueo
financiero, y el sabotaje a los servicios públicos lo que explica su “deterioro”.
Dijo Bachelet que:
“ha aumentado la mortalidad materna evitable, con un estimado 20 por ciento de
los fallecimientos maternos aparentemente relacionados con abortos realizados
en condiciones no seguras”. También dijo que: “La Encuesta Nacional de Hospitales
(2019) constató que, entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1.557 personas
murieron debido a la falta de insumos en hospitales” y que las: “Violaciones al
derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus
obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos
económicos. Las violaciones de las obligaciones fundamentales estuvieron
vinculadas a una falta generalizada de disponibilidad de y acceso a fármacos y
tratamientos esenciales, al deterioro de las condiciones en hospitales,
clínicas y maternidades.”
Es importante que
la Alta Comisionada demuestre lo dicho porque según la información que le fue
suministrada por el gobierno, la mortalidad materna disminuyó 13,76 puntos
entre 2016 y 2018. Por otra parte es necesario que presente las pruebas de las
1557 personas que murieron en los hospitales por falta de insumos. Como médica
debe saber que las muertes no se estiman mediante encuestas, son hechos.
Adicionalmente, aproveche y demuestre que la causa de la falta y disponibilidad
de fármacos es debida al incumplimiento del gobierno y no al bloqueo financiero
y embargo comercial que han dificultado la importación de medicamentos y
material médico quirúrgico, así como insumos para su producción.
Insiste la Alta
Comisionada en afirmar que: “El número de personas que se han visto obligadas a
dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4
millones para el 6 de junio de 2019. Colombia acoge la mayor cantidad de
personas, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y el Brasil.”
Señora Bachelet,
demuestre que son más de 4 millones las personas que han dejado Venezuela. Le
adelantamos que le será difícil si es que no quiere entrar en contradicción con
las propias cifras de Naciones Unidas las cuales indican que en Colombia, Perú,
Chile, Argentina y Brasil la tasa neta de migración es negativa, es decir, que
en esos países son más las personas que han salido de las que han entrado. Por
lo tanto, si de Venezuela se han ido más de 4 millones de personas hacia esos
países, significa que de allí han salido muchas más de 4 millones. ¿Demuestre
dónde están entonces esos supuestos más de 4 millones de venezolanos?
Por la paz de
Venezuela y la de América, por respeto a la humanidad entera conviene una
actitud seria y responsable. Conviene decir la verdad.
En espera de la
consignación de las pruebas. Atentamente.
Pasqualina Curcio
http://www.farodiroma.it/consigne-las-pruebas-senora-bache…/
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