POLICÍA POLÍTICA: OJALÁ FUERAN SOLO CLOACAS

POLICÍA POLÍTICA: OJALÁ FUERAN 

SOLO CLOACAS

 MIGUEL PASQUAU LIAÑO

Las llamadas “cloacas del Estado” son legales. El reconocimiento de que con las reglas de juego generales quedan puntos ciegos para la seguridad y la defensa del sistema, forma parte del propio sistema, y por ello se admite legalmente la existencia de un servicio de inteligencia sujeto a un control judicial muy atenuado por la cobertura de la normativa de secretos oficiales, y de unos fondos “reservados” de gestión opaca. Digamos que el sistema admite esta “enmienda” parcial, como una especie de tributo de modestia, o un reconocimiento de la propia debilidad. Las llamadas cloacas son en realidad un enorme acto de confianza en el Gobierno, porque se trata de instrumentos cuyo abuso sería muy difícil de detectar. Por eso, cada vez que un Gobierno las convierte en un burladero para fines diferentes de los que las justifican, entramos en el ámbito de una grave malversación de la democracia

Así ocurrió con los gobiernos de Felipe González, que más allá de  investigar a fondo las entrañas de los ámbitos de apoyo a ETA (para lo que sí tenían cobertura legal y mandato democrático), optaron por cometer delitos graves (secuestros, asesinatos) en esa lucha contra el terror. Y así ocurre cuando esos resortes se utilizan para investigar a los rivales políticos, vulnerando sus derechos fundamentales. Si llegaran a confirmarse las sospechas de que desde el Ministerio del Interior del Gobierno 2012-2016 se estuvieron investigando a partidos independentistas absolutamente legales, y se estuvo obteniendo ilícitamente información y fabricando pruebas falsas para perjudicar a otro partido legal (Podemos), estaríamos ante uno de esos escándalos que hacen caer a un Gobierno estrepitosamente y le ponen difícil resurgir de sus cenizas, porque acumularía varios reproches insalvables: el uso de fondos públicos para una finalidad partidista, la deliberada vulneración de derechos fundamentales (en particular, a la intimidad) desde el poder público por decisión política, y el empleo de servicios de información para una finalidad ajena a la seguridad ciudadana, a la lucha contra el crimen y a la defensa nacional. Con una circunstancia agravante, que antes he destacado: el abuso de confianza, es decir, el empleo de instrumentos excepcionales concedidos por una sociedad dispuesta a cerrar los ojos en la confianza (ciega) de que van a ser empleados para usos legítimos. Desde mi punto de vista se trata de algo enormemente más grave que la asquerosa corrupción económica, la que sustrae dinero público para beneficio partidista o privado. Es más grave porque lo dañado no es sólo el erario público, sino directamente la democracia.

Puede que la explicación real, pero aún no dada, sea aún peor que lo que se está sugiriendo. Es sólo una conjetura mía, pero no me parece un delirio. Me refiero a que quizás el Ministerio del Interior ordenó o autorizó las acciones que están saliendo a la luz creyendo estar cumpliendo fiel y cabalmente sus funciones. Piénsenlo. A lo mejor no se trataba de ganar ventaja en la lucha partidista, ni de simplemente mantenerse en el Gobierno poniendo obstáculos a posibilidades alternativas, sino de algo peor y más inquietante: que desde el Ministerio del Interior se hubiera entendido que la defensa del sistema exigía usar estos métodos contra algunos partidos normalizados por las reglas constitucionales y del juego democrático. Dicho de otro modo, que decidieron, por ejemplo, vigilar/espiar a Podemos para… ¡defender al Estado!

Digo que esto sería más grave aún porque denotaría que para el Gobierno de antes de ayer, o al menos para la cúpula de su Ministerio del Interior, el sistema tendría unas exigencias no formuladas en ningún texto que están por encima de los derechos fundamentales, el pluralismo político, y la democracia, de manera que los mecanismos excepcionales para proteger la democracia pudieran utilizarse para preservar esas innombrables exigencias frente a la democracia misma. ¿No es inquietante? Si el Gobierno escogió a aquellos partidos como objetivo (y no a otros) “para defender el sistema” (de la secesión, del bolivarismo, del comunismo, del populismo, pongan lo que quieran), en vez de para simplemente seguir en el poder, entonces ya no se trata de un pecado mortal, sino de un sacrilegio (confío en que recuerden las nociones del catecismo y aquella clasificación de pecados): partidos que expresan el legítimo pluralismo político son considerados, desde el poder, como fuerzas “antisistema”, peligros para el Estado, y se les combate con armas específicas que el sistema reserva sólo para la seguridad del Estado y para la defensa nacional (art. 1 de la Ley 11/1995, de 11 mayo). Si así fuera, el pluralismo político queda condicionado a la ideología del Gobierno, la libertad de acción política queda delimitada no sólo por la prohibición de cometer delitos sino también por confines ideológicos, y la democracia expulsa por la puerta de atrás a opciones políticas a las que deja entrar por la puerta que está a la vista. Como no se puede instar la ilegalización de esos partidos, porque el sistema constitucional no lo admite, se utilizan las cloacas para neutralizarlos. No es, por cierto, aventurado pensar que no se trató de una iniciativa decidida por mandos intermedios, porque el artículo 6 de la Ley 11/1995 reguladora de los fondos reservados atribuye al ministro la responsabilidad de establecer las normas internas que garanticen que el uso de estos fondos se realiza “únicamente para financiar las actividades señaladas en el artículo 1”, es decir, para  “defensa y seguridad del Estado”.

Quizás no se trate de eso, y estemos sólo en el nivel de “pecado mortal” (que, les recuerdo, es suficiente para la condenación eterna, sin derecho al purgatorio). Pero lo terrible es mi sensación (ojalá equivocada) de que una parte no despreciable de la ciudadanía estaría dispuesta al sacrilegio. Es decir, que en realidad no llega a escandalizarse de que un Gobierno se defienda con fondos reservados, espías y policía de manos libres, de otros partidos legales, por considerarlos “peligrosos para el sistema”. Igual que muchos españoles deliberadamente quisieron cerrar los ojos cuando las sospechas de un terrorismo de Estado (GAL), puede que hoy muchos también prefirieran que no salieran a la luz los abusos de esa supuesta policía política del Gobierno 2012-2016, como si el problema no fuera que se hagan esas cosas, sino “que se sepa”. Lo del GAL fue más grave porque asesinó, ciertamente, pero lo de ahora no iba de luchar contra el terrorismo.

Un Gobierno tiene facultad para investigar con fondos reservados y en secreto al terrorismo, a servicios de inteligencia extranjeros, o a una macro-delincuencia que escapa de las posibilidades de un Juzgado de Instrucción o de una policía reglada. Lo que no puede es tratar como un riesgo para el sistema lo que es una parte del sistema. Recuerden cuando Iglesias, en aquella rueda de prensa de difícil olvido, se postuló como vicepresidente de un Gobierno de Sánchez con la dirección del CNI, lo disparatado que pareció a muchos, temerosos de que hiciera un uso político de esa institución. Imaginen a un ministro del partido al que más odien o más teman con disponibilidad de fondos reservados. ¿No les parece un asunto de la máxima importancia? ¿No deben extremarse las responsabilidades políticas por cualquier desviación en ese terreno? ¿No deberían haber supuesto una conmoción política las sospechas de lo ocurrido?

Los edificios públicos deben ser espacios de neutralidad, y no deben ostentar signos partidistas, pero ¿no tiene infinitamente más importancia la neutralidad política de la policía? El abuso de los decretos-ley (o “decretazos”) es algo que importa, pero ¿puede uno entregarse a discutirlo sin haber abordado antes el escándalo del uso torticero de los fondos reservados? Discutir sobre la exhumación del cadáver de un dictador está bien, pero ¿no habría que poner más énfasis en la exhumación de la podredumbre de las cloacas?

Casado llegó a decir hace algún mes que la admisión por el Gobierno de Sánchez de la figura de un relator en las conversaciones que tenía planteadas con la Generalitat era lo más grave que había ocurrido en la democracia desde el 23-F. Fue, naturalmente, una exageración. Pero no sé si es tanta exageración decir que el espionaje político del Ministerio de Fernández Díaz a partidos catalanes y a Podemos es el suceso más grave que ha sucedido en la democracia española desde los GAL del ministerio de Barrionuevo. Sin duda alguna merece una comisión de investigación parlamentaria, una vez que el proceso judicial concluya, porque no sólo están implicadas responsabilidades penales, sino la supervivencia del sistema constitucional, tal y como normalizadamente se entiende. Imagino que, en campaña electoral, además de sobre la posición española en el conflicto de Venezuela y sobre el abortado intento independentista de Cataluña, se hablará también en algún momento de cloacas del Estado. Cuando las alcantarillas empiezan a oler mal, suele ser indicio de epidemia, y es posible que haya que hacer obras en el subsuelo.