CAMPAÑA ELECTORAL: ¿POR QUÉ FINANCIAMOS A LA IGLESIA CATÓLICA?
LIDIA FALCÓN
Concluida la
campaña electoral no se ha oído una palabra en los discursos de los candidatos
de izquierda sobre la relación que debe establecer el Estado Español con la
Iglesia Católica, la institución que apoyó el golpe de Estado fascista
inmediatamente que se declaró, y consideró la Guerra Civil una Cruzada de los
ejércitos franquistas, nazis y fascistas, contra los enemigos de la patria. Una
institución que se caracteriza por la segregación y humillación de las mujeres
y el mantenimiento de una jerarquía masculina en el más anacrónico orden
patriarcal. Una ideología, la católica, que ha sido secularmente defensora de
la inferioridad social, moral y hasta mental de la mujer. Y un Estado que se
declara aconfesional en nuestra Constitución y que sin embargo le entrega a esa
institución decenas de millones de euros para que mantenga un poder que hoy ya
no tiene el soporte ideológico del pueblo.
Desde los acuerdos
con la Santa Sede, firmados en enero de 1979, cuando ya se había aprobado la
Constitución, el Estado Español mantiene con la Iglesia Católica una relación
de permisividad, protección y financiación inaceptable en un Estado laico. Los
Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 son cuatro acuerdos
firmados por el Gobierno de España y la Santa Sede el 3 de enero de 1979
mediante los que se reformó el Concordato de 1953 —firmado por el Gobierno
franquista bajo los principios del nacionalcatolicismo—, para adecuarlo a la
proclamación de la aconfesionalidad del Estado por la Constitución española de
1978.
Estos acuerdos
estuvieron precedidos por otro firmado el 28 de julio de 1976, por el que se
adjudicaba al rey Juan Carlos I el nombramiento del vicario general castrense
con la graduación de general de división.
Los acuerdos fueron
negociados en secreto por el entonces ministro de Asuntos Exteriores del
gobierno de Adolfo Suárez, el católico propagandista Marcelino Oreja, y el
secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Jean-Marie Villot. Las
negociaciones comenzaron antes de que se aprobara la nueva Constitución
democrática e incluso de que se acordara la redacción del artículo 16 en el que
finalmente se garantizó la «libertad religiosa y de culto» y se estableció en
el apartado 3: “Ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal. Los
poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad
española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la
Iglesia Católica y las demás confesiones.”
Los acuerdos fueron
firmados en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979, sólo cinco días
después de que entrara en vigor la nueva Constitución al ser publicada en el
BOE el 29 de diciembre de 1978.
Tras recordar el
Acuerdo firmado el 28 de julio de 1976, en el Artículo I se «reconoce a la
Iglesia Católica el derecho de ejercer su misión apostólica» y se «garantiza el
libre y público ejercicio de las actividades que le son propias y en especial
las de culto, jurisdicción y magisterio». Asimismo se reconoce la «personalidad
civil» de las «Diócesis, Parroquias y otras circunscripciones territoriales»,
de la «Conferencia Episcopal Española», «de las Órdenes, Congregaciones
religiosas y otros Institutos de vida consagrada y sus Provincias y sus Casas,
y de las Asociaciones y otras Entidades y Fundaciones religiosas que gocen de
ella». Y a continuación se garantiza la «inviolabilidad» de los «lugares de
culto» —que «no podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su
carácter sagrado» y «en caso de su expropiación forzosa será antes oída la
Autoridad Eclesiástica competente»— y de «los archivos, registros y demás
documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias
Episcopales, a las Curias de 1os Superiores Mayores de las Órdenes y
Congregaciones religiosas, a las Parroquias y a otras Instituciones y Entidades
eclesiásticas».
En el artículo III,
se establece el reconocimiento por el Estado «como días festivos [de] todos los
domingos» y que «de común acuerdo se determinará qué otras festividades
religiosas son reconocidas como días festivos».
En el artículo VI
se establece el reconocimiento por el Estado de los «efectos civiles al
matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico» desde el momento de
su celebración. Así para la inscripción «en el Registro Civil», bastará «con la
simple presentación de certificación eclesiástica de la existencia del
matrimonio». A continuación se reconoce la validez civil de las declaraciones
de nulidad del matrimonio realizadas por los Tribunales Eclesiásticos. Se añade
a continuación que «la Santa Sede reafirma el valor permanente de su doctrina
sobre el matrimonio y recuerda a quienes celebren matrimonio canónico la
obligación grave que asumen de atenerse a las normas canónicas que lo regulan
y, en especial, a respetar sus propiedades esenciales».
En preámbulo del
Acuerdo, después de hacer referencia a la «importancia fundamental» que las dos
partes conceden a «los temas relacionados con la enseñanza», se afirma que «el
Estado reconoce el derecho fundamental a la educación religiosa» Por último se
hace referencia en el preámbulo al «patrimonio histórico, artístico y
documental de la Iglesia [que] sigue siendo parte importantísima del acervo
cultural de la Nación; por lo que la puesta de tal Patrimonio al servicio y
goce de la sociedad entera, su conservación y su incremento, justifican la
colaboración de Iglesia y Estado».
Esta entrega
incondicional de su patrimonio y de la potestad de educación y dirección
ideológica que posee un Estado democrático a una Iglesia que carece
absolutamente de organización y principios democráticos, ha permitido mantener
los privilegios de una institución que fue el soporte ideológico de la
dictadura franquista. Tal anómala situación supone a la ciudadanía el pago de
decenas de millones anualmente para la enseñanza de la doctrina católica en los
colegios, para el mantenimiento del clero y sus numerosas órdenes, y la entrega
de la propiedad del inmenso tesoro artístico, inmobiliario y arquitectónico que
constituyen las iglesias, catedrales, seos, ermitas, conventos, abadías,
museos, que se reparten por todo el territorio español y que constituyen el
patrimonio más importante del mundo católico, después del de Italia.
Con la
adquiescencia de los sucesivos gobiernos, José María Aznar, cuando fue
presidente, hizo aprobar una ley que permite a la Iglesia apropiarse de
cualquier bien inmueble que no se halle inscrito en el Registro de la
Propiedad, mediante el término de inmatricular – que enmascara el de
apropiarse- y que le ha entregado la propiedad de 40.000 fincas, edificios
religiosos y civiles, en toda España, incluida la Mezquita de Córdoba, uno de
los grandes monumentos musulmanes del mundo.
Y todo ese
patrimonio, el tesoro inmobiliario mayor de nuestro país, que nos ha sido
arrebatado al pueblo español, lo mantenemos con nuestro dinero, dado que la
Iglesia no paga ni aún los impuestos legales por dichas propiedades.
Mantenimiento que supone una inversión incalculable dada la cantidad, extensión,
complejidad y antigüedad de tales monumentos.
A este coste que
esquilma nuestros bolsillos, se añade la
concesión a las órdenes religiosas católicas del 30% de las plazas escolares,
con esa ficción de la escuela concertada que se inventó en la Transición y que
supone enseñanza privada con fondos públicos. En esos centros se adoctrina a
los niños y a las niñas contra los principios democráticos que consagran la
Constitución y las leyes: la igualdad entre el hombre y la mujer, el derecho al
divorcio, el derecho al aborto, el matrimonio homosexual, enseñándoles que
estas conductas son pecaminosas e incluso criminales.
Pero creyérase que
tales privilegios concedidos por un Estado democrático se deben a la acendrada
religiosidad de la ciudadanía, cuya fe hay que respetar. Creencia que ya se ha
demostrado errónea. Las últimas cifras oficiales nos dicen que sólo el 11% de
la población española asiste a Misa los domingos. Sólo el 20% de los
matrimonios se contraen por la Iglesia y el 50% por ciento de todos los
casamientos concluyen en divorcio. Ni siquiera el Partido Popular se ha
atrevido a anular la ley de aborto, que ocasionó la caída del ministro
Gallardón y su fin político. Y el 50% de los jóvenes declara que no cree en
Dios.
Si observamos el
panorama en el seno de la propia Iglesia, la visión que se nos ofrece es aún
más patética. Las vocaciones para entrar al servicio del Dios católico son cada
vez menos frecuentes. No hay sacerdotes para cantar Misa. Uno debe prestar servicio a siete u ocho parroquias
y dejar las hostias consagradas para que sean administradas por algunas mujeres
todavía fieles. Los conventos están abandonados. Las pocas congregaciones que
subsisten, con unas cuantas monjas ancianas, no pueden mantenerse por sí
mismas, ni mucho menos conservar los inmuebles y las obras de arte que poseen.
Los Seminarios están cerrados. Si no fuera por algunas aportaciones de África y
Latinoamérica, ni aun pagando la Iglesia Católica en España conseguiría
sacerdotes para los servicios indispensables.
¿De qué
religiosidad estamos hablando, entonces? ¿Cuáles son los motivos que inducen a
nuestros gobiernos a mantener los privilegios milenarios de la Iglesia
Católica, que supone esquilmar los escasos recursos de que disponemos para
mantener los servicios sociales? ¿Cómo es posible que la tercera parte de la
enseñanza pública esté entregada a las órdenes religiosas para que sigan
haciendo el proselitismo secular que ha llevado a nuestro pueblo al atraso, la
ignorancia y el prejuicio, lacras de la democracia y que ha hundido a nuestro
país en un horrible atraso cultural y moral, del que únicamente intentó sacarlo
la II República? ¿Por qué el gobierno de Rodríguez Zapatero, con la ínclita
Vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega al mando, aumentó la dotación
a la Iglesia Católica? ¿Por qué los gobernantes de izquierda asisten a oficios
religiosos, presiden las procesiones, están en funerales de Estado, mientras
nuestros reyes se casan por la Iglesia, siguen haciendo comulgar a sus hijas,
asistiendo a entierros y ceremonias católicas y rindiendo serviles homenajes a
las jerarquías de esa institución?
No existe ninguna
explicación lógica para este servilismo que mantienen nuestros gobernantes y
políticos a una institución en plena decadencia que apenas tiene prestigio en
nuestro país, a menos que existan acuerdos secretos y chantajes que
desconocemos.
Pero, ¿qué dicen
los partidos y formaciones de izquierda respecto a esta situación tan anómala e
injusta cuando se postulan ante la ciudadanía para gobernar el país? ¿Cómo es
posible que ninguno haya hecho campaña para llevar adelante la separación
efectiva de la Iglesia y el Estado y recuperar la propiedad de nuestros bienes
apropiados por aquella? ¿Cómo no exigen que se
retiren las ayudas económicas que se le entregan y quede su financiación a cargo de sus fieles?
¿Cómo pueden permitir que la educación pública imparta clase de religión
católica, y el Estado tenga que pagar el sueldo de los profesores y su seguridad
social?
¿Qué clase de
síndrome de Estocolmo es el que lleva a
dirigentes de izquierda, como Ada Colau y Manola Carmena a participar en las
bendiciones, procesiones y concesiones de medallas que organiza el clero? ¿Y al
alcalde de Cádiz a conceder la Medalla
de Oro de la Ciudad a la Virgen del Rosario y que esa decisión fuera defendida
por el propio Pablo Iglesias?
¿Cuándo
estableceremos una verdadera separación de la Iglesia y el Estado como
corresponde a una sociedad democrática?
Por supuesto,
únicamente cuando se proclame la III República.
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