JUICIO AL PROCÉS: LA GRAN BATALLA DEL RELATO

JUICIO AL PROCÉS: LA GRAN

 BATALLA DEL RELATO

ALFONSO PÉREZ MEDINA

En la plaza de la Villa de París de Madrid, entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, la Policía ha dispuesto varias hileras de vallas, unas casualmente amarillas y otras de color azul, que marcan el perímetro de la colosal batalla que se va a vivir a partir del 12 de febrero en el juicio en el que se trasladará a la opinión pública el relato de lo que ocurrió en Catalunya en los meses de septiembre y octubre de 2017.

Será, como en la batalla del Abismo de Helm que enfrenta en el Señor de los Anillos a elfos, orcos, huargos, dunlendinos y uruk-hai, una lucha cruenta a múltiples bandas. En ese doble tablero judicial y político, se juega su crédito la Justicia española pero también se dirime la unidad del independentismo y buena parte de los inminentes procesos electorales a los que se supeditará la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

La batalla del relato, que es la que verdaderamente se va a librar en los próximos meses, la empezaron a ganar los independentistas el 1 de octubre cuando el mundo entero presenció cómo los antidisturbios de la Policía Nacional golpeaban a la gente concentrada en los colegios electorales. Esas imágenes, ofrecidas en directo, sepultaron a las que demostraban que el referéndum se celebró sin ninguna garantía democrática, en una suerte de estrafalario carnaval en el que todo aquel que quería podía hacerse selfies votando una, dos, tres, cuatro y hasta cinco veces.

El Tribunal Supremo, tocado en su credibilidad por la lamentable gestión de la crisis de las hipotecas y cuestionado hasta el extremo por los independentistas, se esfuerza en trasladar a la opinión pública que los acusados tendrán un juicio justo y con todas las garantías y que su desarrollo no necesita de observadores internacionales, como sucede en países tercermundistas, porque las sesiones serán transmitidas íntegramente por televisión e internet desde que se declare la "audiencia pública" hasta que se pronuncie el "visto para sentencia".

Frente a ese relato que ve el juicio como una oportunidad para demostrar que la Justicia española no tiene nada que envidiar a la de los países más desarrollados del mundo, el independentismo está enfrascado ya en un discurso que equipara a España con democracias fallidas, que denuncia la vulneración sistemática de derechos fundamentales y la persecución de la disidencia, y que presenta el juicio como una "farsa" montada por la "derecha judicial" en la que la sentencia condenatoria está ya escrita.

Pero lo cierto es que los siete magistrados que decidirán la suerte de Oriol Junqueras, Carme Forcadell y el resto de líderes independentistas que comparecerán en el primer juicio por el 'procés' componen un tribunal ideológicamente equilibrado, en el que los contrapesos entre conservadores y progresistas se han dejado ver en el intenso debate que se ha librado durante días para cerrar la lista de testigos que comparecerán en el juicio, escoger una fecha de señalamiento que respete el derecho de defensa o permitir que los acusados puedan expresarse en catalán.

A ello hay que sumar que cada decisión que ha tomado el tribunal será examinada primero por el Constitucional y, finalmente, y ahí es donde se librará la batalla final, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al final, España será juzgada en Estrasburgo por las controvertidas decisiones que se han adoptado en un procedimiento instruido a toda prisa con la finalidad de suspender a los diputados en sus funciones en cuanto fueran procesados, en aplicación de un ambiguo artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El juez instructor, Pablo Llarena, impidió que los electos que estaban encarcelados pudieran desplazarse al Parlament para tomar posesión de sus cargos, al tiempo que envió a prisión a Jordi Turull entre las dos sesiones en las que se sometía a su propio debate de investidura. Además, la propia sala de enjuiciamiento ha impedido que los procesados puedan acudir a una comisión de investigación puesta en marcha por un parlamento democrático con el argumento de evitar una suerte de juicio paralelo al que se celebrará en el alto tribunal.

La batalla también será intensa entre las propias acusaciones, divididas en el 'Team Rebelión', que encabeza la Fiscalía, y el 'Team Sedición', abanderado por la Abogacía del Estado. Los fiscales mantendrán el discurso duro que puso negro sobre blanco el entonces fiscal general que presentó la querella, José Manuel Maza, y argumentarán que los independentistas protagonizaron un alzamiento violento contra el Estado cuyo verdadero líder era Oriol Junqueras, elevado a la categoría de jefe supremo en ausencia de Puigdemont. Los abogados del Estado, a las órdenes de Moncloa, rebajarán ese relato e intentarán hacer ver que los socios de Sánchez en la moción de censura contra Rajoy impidieron el cumplimiento de la ley levantándose tumultuariamente, pero sin violencia, y provocando, todo lo más, desórdenes públicos aislados. La acusación popular de Vox utilizará el juicio como altavoz político de cara a las municipales y las generales, y combinará su inquina hacia los "golpistas" con la reprobación a populares y socialistas por no haber sabido hacerles frente.

La última pelea, no menos intensa que las anteriores, será la que se libre en las propias filas del independentismo. A la refriega cada vez menos disimulada entre Puigdemont y Esquerra le ha dado chispa esta semana Oriol Junqueras, al recordar en una entrevista en Le Figaro que, a diferencia del convecino de Waterloo, él optó por imitar a Sócrates, Séneca y Cicerón y asumir las consecuencias de sus actos, cuando podría haber huido. En la sala de vistas también confrontarán las defensas ideológicas de Junqueras, Romeva, Sànchez, Rull o Turull, que pondrán en escena los mensajes cocinados en las direcciones de Esquerra, la Crida y el PdeCat, con las más técnicas y posibilistas de Forn, Mundó o Vila, que ajustarán su discurso a lo jurídico y tratarán, en lo posible, de minimizar los daños y las penas que dejará la batalla.