JUDICIALIZADOS
JM AIZPURUA
La normalidad ciudadana ha sido alterada por el
Poder Judicial, que ha tomado el protagonismo de la vida civil, poniendo en
manos de personas-jueces, personas al fin y al cabo con sus sesgos y visiones,
cuestiones que por su gravedad y la alarma ciudadana que provocan debieran
tener otro ámbito de resolución mas global, mas participativo, mas social y
menos reglado. La incapacidad del partido de gobierno y su deriva tancredista
queriendo posponer su inevitable final, es la culpable por dejadez de todo este
desconcierto social que vivimos.
Gobierno Catalán, jovencita de San Fermín, Bar de
Altsasua, son tres hitos judiciales donde la normalidad ciudadana ha
descarrilado a consecuencia de interpretaciones judiciales que se apartan del
sentir popular y provocan un rechazo a una pieza básica del Estado democrático.
Un conocido juez madrileño, derechista, de
servicio en Navarra ha dictado sentencia que pretende absolutoria y que ha sido
contrarrestada, mal, por sus dos compañeros de tribunal con una de tipo Pilatos
camuflando una violación como un abuso. Nada tengo que decir en el terreno
judicial, pero si en el social.
Este caso en el que la tranquilidad de las
mujeres que quieren salir de fiesta estaba en juego y la práctica machista se
cuestionaba, ha sido desafortunadamente reventado por una actuación alejada de
la realidad social.
Esos cinco enfermos sociales, han debido ser
repudiados para siempre de una sociedad que en la protección a la mujer debe
tener uno de sus principios básicos. Sus actos pervertidos, su asociación en
manada, su estupidez supina, los convierten en desechos sociales, vergüenza
generacional, peligro de conducta que debe erradicarse.
Aunque una mujer les pida de rodillas su
actuación perversa, esta es objetivamente una perversión sexual, una
brutalidad, una acción en contra de la dignidad de la mujer, que no tiene otra
calificación, moral, social y jurídica que; violación. Pero violación
colectiva, de género, a todas las mujeres que observan aterradas unas conductas
masculinas de las que les será muy difícil alejarse cuando conozcan un hombre,
y cuando piensen la nula protección que los sentenciadores les procurarían.
Esa niña de 18 años no tenía edad ni criterios
para enfrentarse a estos temas. Meses antes era un menor de edad. Su
inconsistencia vital debió ser tenida en cuenta por los jueces ante sus cinco
agresores infranqueables para ella.
Y esto no lo han captado los juzgantes, cuyos
enfoques dan vergüenza. Y su intento de buenismo puede venir condicionado por
la presencia de un guardia civil en la manada.
¿Cómo es posible que un elemento con esas
prácticas sexuales, y concepción social, haya pasado el filtro de ingreso al
cuerpo?
Este caso solo se salva con una rectificación en
apelación que dé garantías de seguridad a las mujeres en que estas conductas
son aberraciones, que su práctica conlleva ejemplares castigos y que el Poder
Judicial está de parte de la mujer en todas las ocasiones.
La cárcel no es el lugar adecuado para esa
manada, que debe estar en un psiquiátrico donde traten de reintegrarlos a la
sociedad con una reeducación que les permita percibir a las mujeres como seres
humanos y crearles nuevos sentimientos de empatía.
Los guardias civiles que tienen madres e hijas
tienen mucho que decir en este caso, y aún no hemos oído su voz clara, lejos de
ese cobarde “respetamos todas las decisiones judiciales, aunque no nos gusten”,
cheque en blanco para que errores judiciales no tengan reparación y monstruos
sexuales sigan acechando en las esquinas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario