VIOLENCIAS
MACHISTAS: RAYOS QUE
NO CESAN EN CANARIAS
POR PAQUI
RIVERO
El año
2017 está marcado por el recrudecimiento del problema de la violencia de género
en el Estado español, que ha encontrado nuevas respuestas por parte de la
ciudadanía y del movimiento feminista, generando una reacción de denuncia
intensiva para exigir que la violencia machista fuera reconocida como “Cuestión
de Estado”. Todo ello culminaría, a finales del mes de julio, en el denominado
“Pacto de Estado contra la Violencia Machista”. Pero el punto de partida para abordar adecuadamente
esta problemática en las Islas debe ser el diagnóstico de la situación
específica de Canarias.
Desde el
año 2011, nos enfrentamos cada año a unos dos o tres asesinatos de mujeres a
manos de sus parejas o exparejas en las Islas, una cifra que aumentaría si se
considerasen como víctimas de violencia de género a mujeres asesinadas por
hombres que no entran dentro de la definición de la actual Ley Orgánica (por
ejemplo, la mujer transexual en Santa Cruz de Tenerife). Obviamente, no podemos
dejar de insistir en la gravedad del hecho de que, en lo que va de 2017, en
Canarias han sido asesinadas 4 mujeres (3 en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife y 1 en la provincia de Las Palmas), una cifra que no se producía desde
2010.
Según
datos de 2016, en Canarias nos encontramos con un incremento respecto a 2015 de
los casos de violencia de género que se hacen visibles ante las instituciones y
servicios de atención desplegados en las Islas, siguiendo la pauta que también
se produce en el conjunto del Estado español: aumento de las llamadas al 112,
del número de víctimas en los juzgados de violencia de género, del número de
denuncias (Canarias es la 2ª comunidad con mayor índice de denuncias por cada
10.000 hab.), de las órdenes de protección de las mujeres y menores, de los
juicios celebrados y de las sentencias condenatorias. Sobra decir que las
personas denunciadas e imputadas por estos delitos han sido mayoritariamente
hombres.
El Pacto
de Estado pretende dar respuesta a varios puntos débiles que el actual sistema
legal mantenía, sobre los que se producían indefensiones de las víctimas. Pero,
aun reconociendo otras formas de violencia contra las mujeres (la violencia y
agresiones sexuales, el acoso y abuso sexual, la trata y el tráfico de
mujeres,…), pospone su abordaje para posteriores desarrollos legislativos,
mientras que los estudios recientes (más allá incluso de los casos de los que
los medios de comunicación se hacen eco) reconocen también un preocupante incremento
de las agresiones y la violencia fuera de las parejas o exparejas, formas de
violencia machista no reguladas en la Ley de 2004.
Tristemente,
tienen que suceder casos como el que en estos días estamos viviendo, el
espeluznante caso de “la manada”, para constatar las asignaturas pendientes,
tanto al comprobar el machismo recalcitrante que todavía orienta las acciones
de muchos hombres como al comprobar que las mujeres agredidas y violadas son
convertidas en culpables por un sistema penal en el que aún hay quienes piensan
que son las mujeres violadas las que tienen que demostrar que no consintieron
la agresión. Los datos obtenidos por la última Macroencuesta de 2015 señalan
una incidencia nada despreciable de la violencia física (que han padecido unas
12 de cada 100 mujeres españolas) y sexual (sufrida por un 7,2% de las
mujeres). La mayoría de las agresiones físicas han sido realizadas por hombres
(58,8%), pero sobre todo las sexuales (97,5%).
En
líneas generales, de los datos aportados por el Instituto Canario de Igualdad y
los Cabildos insulares, responsables de los servicios de prevención, atención y
acogida a las víctimas de violencia de género, podemos extraer algunas
conclusiones de interés para la reflexión y algunas tendencias en la atención a
la violencia de género. La primera de ellas es que las condiciones económicas
de las mujeres víctimas de violencia de género son mayoritariamente de gran
precariedad, siendo una mayoría desempleadas y sin ingresos propios o con
ingresos muy reducidos. Por lo tanto, a la vulnerabilidad derivada del maltrato
se une la que deriva de esta precariedad que dificulta su autonomía.
La
segunda, es que el marco doméstico y la relación afectiva como pareja o
expareja caracterizan el tipo de violencia mayoritaria que se atiende en las
instituciones, pero no es la única que se produce, existiendo dificultades para
que los servicios existentes en este momento tengan capacidad para una
intervención singularizada según los tipos de violencia machista que sufren las
mujeres. Se constata la necesidad de financiación para poder afrontar el apoyo
a las víctimas de agresiones sexuales (prevención, acogida, atención…), de
igual manera que para la intervención especializada con las niñas y niños
menores víctimas de violencia de género.
En el
marco del trabajo institucional, no cabe duda de que además de disponer del
máximo posible de información de diverso tipo para poder evaluar el trabajo
realizado en la prevención, la acogida y la atención a las víctimas de las
diferentes violencias de género es necesario afrontar, desde posiciones
dialogadas y consensuadas, la formulación de propuestas de mejora que
requieren, sin discusión, reformas en el modelo y la cuantía de la financiación
del sistema generado al amparo de la ley 16/2003 vigente en Canarias. En particular, se hace cada vez más necesario
definir por parte del Gobierno Canario un marco de financiación plurianual de
los servicios especializados, para que su mantenimiento no dependa cada año de
la firma de convenios que ralentizan la transferencia anual a los Cabildos para
la gestión de las redes insulares de atención a la Violencia de Género. A una
financiación plurianual debemos añadir la importancia de un incremento
sustantivo y permanente de los fondos destinados al sistema integral: con
escasez de fondos las imprescindibles tareas de prevención, tanto en el sistema
educativo como en los distintos ámbitos de la vida social, quedan relegadas a
un voluntarismo que no corresponde en un problema de orden estructural como lo es
la violencia machista. Y sin prevención, la violencia machista tiene
garantizado, indefectiblemente, mucho futuro.
* Paqui Rivero es consejera del Grupo Podemos en el
Cabildo de Tenerife.
Saludos, Blanca Salazar (629.14.60.34)
Comunicación Podemos Cabildo Tenerife
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