Pena capital: una política condenada a muerte
Un jurado de Boston halló a Dzhokhar
Tsarnaev culpable de los 30 delitos de los que fue acusado por su participación
en los atentados de la maratón de Boston. Ahora el jurado
deberá decidir a qué pena se lo condenará: si a cadena perpetua o a pena de
muerte. La pena capital es ilegal en Massachusetts, pero el juicio contra
Tsarnaev se llevó a cabo en un tribunal federal, donde esta pena está
permitida. El jurado deberá decidir si vive o muere. El caso brinda un nuevo
motivo para analizar la pena de muerte y por qué esta práctica irreversible y
extremadamente problemática debería prohibirse.
Anthony Ray Hinton está vivo y es un
hombre libre hoy, pero la semana pasada estaba condenado a pena de muerte y
aguardaba su ejecución en Alabama desde hacía 30 años. Hinton se convirtió en
lapersona número 152 en Estados Unidos en ser exonerada de la pena
de muerte, a la que estuvo condenado durante treinta años por un
delito que no cometió. Fue acusado de matar a dos gerentes de un restaurante de
comida rápida en 1985. Sin embargo, no hubo testigos ni huellas dactilares que
lo incriminaran. Los fiscales alegaron que las balas halladas coincidían con
las del revólver de la madre de Hinton. Hinton no estuvo bien asesorado ni
tenía dinero para establecer una defensa creíble o contratar a un verdadero
experto que contradijera el informe balístico. Le pregunté a Anthony Ray Hinton
cómo se siente estar en libertad: “Es maravilloso. Por momentos es aterrador,
especialmente cuando voy al centro comercial. No estoy acostumbrado a estar
rodeado de tantas personas en un mismo lugar”.
El juicio injusto fue tan solo el
comienzo. Bryan Stevenson, fundador y director ejecutivo de Equal Justice
Initiative (Iniciativa por una justicia equitativa), que fue el abogado que
finalmente logró la liberación de Anthony Ray Hinton, me dijo: “Esta es una
clara demostración de la crítica al sistema de justicia penal de Estados
Unidos, que nosotros sostenemos que trata mejor a los ricos y
culpables que a los pobres e inocentes”. Stevenson continuó:
“Presentamos pruebas que demostraron que estas balas no correspondían a una
única pistola y que no se trataba de la pistola del Sr. Hinton. El Estado se
negó durante 16 años a volver a examinar las pruebas. Y, para mí, esa fue la
parte más preocupante de este caso. Fue indiferente, fue irresponsable y muy
inescrupuloso que decidieran arriesgarse a ejecutar a una persona inocente
antes de arriesgase a que se percibiera que de algún modo estaban cometiendo un
error o que no estaban siendo firmes a la hora de castigar el delito. Lucharon
con uñas y dientes contra nosotros. Realmente fue excepcional e inusual que
lográramos que la Corte Suprema interviniera cuando lo hizo. Si no hubiera
intervenido, creo que el riesgo de realizar una ejecución errónea habría
sido muy, muy alto”, afirmó Stevenson.
No muy lejos de allí, en Louisiana,
Glenn Ford fue liberado en marzo de 2014, también después de haber pasado
treinta años condenado a pena de muerte. Las pruebas lo absolvieron del
asesinato del propietario de una joyería en 1983. Ahora es un hombre libre y
afronta una condena a muerte diferente: padece cáncer de pulmón en estado
avanzado que se expandió a sus huesos, nódulos linfáticos y columna. Está
internado en un centro para enfermos terminales y no tuvo la fuerza suficiente
para verme esta semana, pero Marty Stroud sí la tuvo. Stroud es el hombre que
procesó a Glenn Ford hace 30 años y hoy lamenta haberlo hecho. Considera que
Ford tuvo un juicio injusto, en el cual la policía y los fiscales
eliminaron pruebas fundamentales, y que Ford carecía de dinero para
tener una defensa adecuada. Además, sostiene Stroud, si él hubiera hecho bien
su trabajo en aquel entonces y se hubiesen recopilado todas las pruebas, no
habrían podido “arrestar al Sr. Ford y mucho menos enjuiciarlo y condenarlo a
la pena de muerte”. Ahora, 30 años más tarde, el fiscal Marty Stroud tiene una
opinión diferente sobre la pena capital: “Estoy 100% en contra de la pena de
muerte. Es inhumana y el motivo por el cual es inhumana es que es administrada
por seres humanos y los seres humanos nos equivocamos, no somos infalibles”.
Además de los argumentos jurídicos,
éticos, raciales y de injusticia económica en contra de la pena de muerte, hay
un motivo práctico de creciente peso para poner fin a esta práctica: cada vez
es más difícil obtener los fármacos utilizados en las inyecciones
letales. Las empresas farmacéuticas europeas se niegan a suministrar los
fármacos si serán utilizados para matar a personas. La Asociación
Estadounidense de Farmacéuticos (APhA, por sus siglas en inglés) se sumó
recientemente a las organizaciones de médicos y anestesiólogos que desalientan
a sus miembros a participar en ejecuciones. El Dr. Leonard Edloe, un
farmacéutico de la APhA, me dijo: “Simplemente no queremos que nuestros
farmacéuticos participen en el suministro o uso de los fármacos porque,
realmente, las recetas son ilegales. No son recetas, son órdenes de compra”.
Debido a la escasez de los fármacos para la inyección letal, en Utah se
reinstauraron las ejecuciones mediante el pelotón de fusilamiento y en Oklahoma
ahora se utilizan combinaciones de fármacos que no han sido probados y que han
provocado ejecuciones malogradas en que los condenados sufrieron una muerte
lenta y dolorosa.
Las deliberaciones sobre la condena que se impondrá a Tsarnaev vuelven a
centrar la atención en el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos.
Esta práctica está prohibida en dieciocho Estados y en el Distrito de Columbia.
Sin embargo, aún hay más de 3.000 personas condenadas a la pena de muerte en el
país. Como observa Bryan Stevenson: “Hemos podido identificar que cada nueve
personas ejecutadas en el país, una es inocente”. Ya es hora de imponer una
moratoria a las ejecuciones.
© 2015 Amy Goodman
Traducción al español del texto
en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la
conductora de Democracy Now!, un noticiero
internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y
televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos
extraordinarios en Estados Unidos, editado por Le Monde Diplomatique
Cono Sur.
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