EL
NARCOESTADO Y SUS CRÍMENES
PABLO JOFRE LEAL
El día 26 de
septiembre en el estado de Guerrero, en el municipio de Iguala de la
Independencia, seis muertos y 43 estudiantes normalistas desaparecidos, con la
complicidad de políticos, policías municipales, Ejército y narcotraficantes y
los efectos sociales y políticos constatan que el Gobierno de Enrique Peña
Nieto va cuesta abajo en la rodada.
Y hablamos de
camino al despeñadero, pues la agudización de la crisis política y social
mexicana no puede ya ser sofocada a punta de represión y más muerte, sin que
ello conlleve la posibilidad cierta de tener a Peña Nieto fuera del Palacio de
Gobierno. Sobre todo si el establishment mexicano, sus partidos tradicionales y
la estructura de poder que sustenta el actual Estado - incluyendo el poder
fáctico ligado al narcotráfico - define que el mal menor es sacar al actual
mandatario, para tratar de salvar un modelo que agoniza.
La crisis
mexicana se intensifica al observar los nulos resultados en materia de combate
al narcotráfico, en depurar y democratizar las instituciones del Estado, entre
ellos el Ejército, la Policía y el Poder Judicial, y sobre todo, poner fin a la
violencia crónica que se ha apoderado de este país del norte americano - con
120 mil muertos y 50 mil desparecidos desde que se firmó, sintomáticamente, el
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos - el año 1994, mismo año en
que , además, comenzó la construcción del muro y las vallas por parte del
gobierno del ex presidente estadounidense Bill Clinton destinado a impedir los
flujos migratorios desde las sociedades, al sur del Rio Bravo del Norte y que
han generado, hasta hoy la muerte de 10 mil personas, que buscaban concretar
mejores perspectivas de vida.
El narcoestado y sus crímenes
México es un
país donde los actores políticos tradicionales han devenido en cómplices de las
actividades delictivas y que han llevado a denominar a México como un
Narcoestado. Un dramático neologismo, que da cuenta que este extraordinario
país, está dominado en su acción por los poderosos grupos criminales de
narcotraficantes, que han expandido su acción a todos los rincones políticos,
sociales y económicos de México. Un país que transita desde la adoración de la
Virgen de Guadalupe a la presencia de San Jesús Valverde, el santo de los
narcos.
Según las últimas
investigaciones ligadas a la desaparición de los estudiantes normalistas, los
43 jóvenes habrían sido asesinados por miembros del denominado Cartel Guerreros
Unidos, tras ser detenidos por policías municipales por orden del alcalde de
Iguala, José Luis Escobar, con la complicidad de su esposa. Entregados
posteriormente a sicarios del narcotráfico, torturados, quemados y luego
tirados en un basurero del Municipio de Cocula, localidad vecina a Iguala de la
Independencia. Esta versión oficial, como muestra del descrédito de los
organismos del Estado, no convence a los familiares, quienes han intensificado
sus denuncias nacionales e internacionales, hasta que exista una confirmación
certera y científica, que los restos encontrados correspondan a sus familiares.
Para el
investigador del Centro de Investigaciones Pedagógica y Sociales mexicano
Rafael Lucero “con la desaparición de los normalistas, el fantasma del Estado
fallido cabalga por todo México, ante la exigencia de justicia de padres,
maestros y estudiantes, de por lo menos cincuenta ciudades del país…los hechos
en México, los crímenes cometidos reiteran, una vez más, lo que desde hace
tiempo el pueblo de México sabe y padece: el crimen, la impunidad y la
corrupción. Tres conductas que se han impuesto y que Ayotzinapa, sus
estudiantes y padres nos reclaman a la sociedad mexicana y el Estado mexicano”.
La protesta
social se ha multiplicado por todo México con un nivel de intensidad cada día
más creciente y ante lo cual el gobierno reacciona tarde, sin propuestas y
donde incluso los monopolios informativos mexicanos no pueden acallar lo que
sucedió en Ayotzinapa. No ha podido ocultar la influencia que está teniendo la
caravana de la verdad que los padres de los normalistas desaparecidos están
realizando por México, en un cara a cara que implica llevar al seno de la
sociedad el reclamo por justicia, por luchar contra la corrupción enquistada en
el estado, en sus cuerpos policiales, en el ejército, en la justicia, en los
partidos políticos. Una caravana que logró reunir decena de miles de indignados
mexicanos en el Zócalo Capitalino exigiendo verdad y justicia.
Para el
analista político mexicano, Josafat Hernández “el gobierno de Peña Nieto no
puede aplicar fórmulas de ninguneo, porque las protestas han alcanzado tal
intensidad y extensión que es imposible acallar las voces exigiendo justicia y
que deje de generar acciones (como la detención del alcalde Iguala y su esposa
como también algunos miembros del cartel Guerreros Unidos) que sólo generan
apariencias de interés de solucionar un problema que tiene que ver con la
estructura misma del Estado”. Voces de reclamo que vienen también de gran parte
de los gobiernos del mundo, organizaciones defensoras de derechos humanos y
medios de comunicación.
En un interesante
trabajo sobre el tema de la desaparición de los normalistas y los efectos
políticos de ese crimen el analista y licenciado en Filosofía de la UNAM Ismael
Hernández Lujano “El desenlace del movimiento popular que busca la justicia por
lo sucedido en Iguala marcará el futuro inmediato del país. Se vislumbran dos
escenarios. En el primero, el movimiento de indignación se sostiene y hasta
crece en cantidad y vigor, y sus demandas poco a poco van haciéndose más
radicales. Esto podría conducir a la caída de Peña Nieto. Un colapso del
régimen neoliberal similar al de Venezuela en 1989, Argentina en 2001 o Bolivia
el año 2003. Esto abriría las puertas a una nueva etapa del país y las
posibilidades de construcción de un gobierno popular. El segundo escenario es
el de la derrota del movimiento, sea por el desgaste, por la represión o ambos.
Esto abriría la puerta para que el régimen se recomponga y el año próximo pueda
realizar en relativa calma las elecciones intermedias, con lo cual recuperaría
ante el mundo la imagen de legalidad, estabilidad y fuerza que ha perdido”.
En México, más
allá de las elucubraciones sobre si Peña Nieto cae, se mantiene, se desintegra
el actual modelo político o se recompone; se habla y con certeza de la
instalación del narcoestado y los efectos que tal modelo significa. Para los
padres de los normalistas desaparecidos, los analistas políticos que han
asistido con asombro a las diarias incongruencias de las voces oficiales
respecto a estos crímenes y para una sociedad cada día más numerosa, existe en
México, una verdad indesmentible como afirma el cientista político Arsinoé
Orihuela “la delincuencia organizada es el Estado Mexicano y el narco es el
jefe supremo de ese estado”.
Para mayor
precisión, las familias de los normalistas afirman “a nuestros hijos se los
llevó la autoridad municipal, en complicidad con otra gente, pero se los llevó
la policía en unas patrullas. Se los llevó la autoridad… pueden haber mil
líneas de investigación, pues bien sabemos que en Guerrero te ejecutan, te
desaparecen, te asesinan, te encarcelan, te reprimen y no pasa nada. Eso ya lo
conocemos nosotros. Pero no queremos que se desvíe la investigación respecto a
que fue la policía quienes se los llevaron y es el estado mexicano el que tiene
que responder por eso. Fue su crimen”.
La pregunta que
surge en estos días en México es ¿hasta cuándo, hasta qué niveles de
indignación y rabia llegará la sociedad mexicana? Por lo pronto, ha comenzado a
oírse un coro que exige la salida del actual presidente Enrique Peña Nieto, y
con él toda la clase política mexicana en un remake de esa Argentina del año
2001 que gritaba a viva voz ¡que se vayan todos! Lo trágico es que en general
esa clase política, con amplias ramificaciones en poderes legales e ilegales,
suele reciclarse y vuelve a salir a flote generando la frustración de una
sociedad cansada de tanto abuso, de tanto crimen, de tanta corrupción e
impunidad. Pobre México, solía decirse, tan lejos de dios y tan cerca de
Estados Unidos, a lo que se une la nueva máxima: pobre México tan lejos de la
justicia y tan cerca de la hecatombe.
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