MÉXICO: #AYOTZINAPA EL TERRORISMO DE ESTADO Y LOS DERECHOS HUMANOS
DE LAS VÍCTIMAS
ESCRITO POR COMITÉ CEREZO MÉXICO
Una característica de los
actos de terrorismo de Estado es que, como son justificados por una razón de
Estado (actos ilegales e ilegítimos cuya intención es, en México, imponer por
sobre el valor de la vida, el valor del dinero), conllevan la creación de
mecanismos de impunidad para no investigar y proteger a los responsables, el
caso más palpable es la Comisión Nacional de Derechos Humanos que sólo ha
emitido recomendaciones en el 0.02 por ciento de las denuncias recibidas.
Después de
escuchar la conferencia de prensa realizada por el Procurador General de la
República, nos queda claro que, con su negativa a reconocer que el caso
Ayotzinapa es un crimen de Estado, las graves violaciones a los derechos
humanos cometidas en contra de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa no
tendrán como no han tenido, desde el Estado, el tratamiento que requiere la
gravedad y magnitud de tan lamentables sucesos.
La conferencia,
más que informar, fue parte de un mecanismo de impunidad cuyo objetivo intenta
desmovilizar a la sociedad civil indignada por este CRIMEN DE ESTADO, dicha
conferencia nunca tuvo el objetivo de abonar a la justicia o a la verdad, su
objetivo era claro; generar dos sentimientos: tristeza e impotencia.
Sentimientos que tratan de generar un comportamiento de inmovilidad en quienes
hemos salido a la calle a exigir que los desaparecidos sean presentados con
vida.
El Estado dice
que los normalistas están desaparecidos en tanto no se tenga confirmación
científica del hecho, pero hace una narración para asegurarnos que fueron
atrozmente ejecutados, juega con la información, con las imágenes y con
testimonios de sujetos visiblemente torturados para convencernos de un hecho
que niega unos segundos después y que además, como dicen los familiares, es una
tortura.
En las
respuestas a las preguntas de los periodistas niega que el caso Ayotzinapa sea
un crimen de Estado. El trabajo de documentación de violaciones a derechos
humanos que realiza nuestra organización de derechos humanos y por la cual
llevamos 13 amenazas de muerte, no sólo nos permite afirmar que sí es un crimen
de Estado, sino que además obedece a una estrategia de terrorismo de Estado.
En voz de
jueces internacionales que participaron en la audiencia inicial del TPP en
México desde antes de los hechos de Iguala ya se manifestaban actos propios de
terrorismo de Estado:
“El Tribunal
(Permanente de los Pueblos. Capítulo México) considera que muchos de los
episodios, probados ante él, constituyen actos de terrorismo de Estado,
entendiendo por tal una política de Estado planificada y ejecutada con la
finalidad de combatir por medios ilegales las luchas sociales, paralizar o
destruir a la oposición política o ideológica y/o aniquilar a la oposición
armada y/ o con la finalidad de justificar la suspensión de las garantías
constitucionales, el establecimiento de estados de excepción y la violación de
los derechos humanos. "[1]
Dichas acciones
están encaminadas a lograr, en México, que la población acepte sumisamente y
sin resistencia organizada la profundización de las reformas estructurales que
niegan los derechos humanos de la población.
“En el curso de
la Audiencia, el Tribunal verificó la presencia de un cuadro repetitivo de
conductas que constituyen violaciones a los derechos humanos, de tal modo que
puede afirmarse la existencia de patrones o modalidades de comportamiento por
parte de los agentes del Estado Mexicano. En ese sentido es llamativa la
reiteración de determinados delitos en un marco generalizado de impunidad,
tales son: asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas,
desplazamientos forzosos, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes,
violaciones y otros abusos sexuales, y criminalización de la protesta social.
Tales conductas
se reiteran y entrecruzan en los diversos casos puestos a consideración de este
Tribunal, y configuran un cuadro generalizado y sistemático de violaciones a
los derechos humanos.” [2]
Las reformas
estructurales recientemente aprobadas profundizan en los hechos el saqueo de
las riquezas naturales en detrimento de los derechos humanos de toda la
población mexicana, derechos humanos que México está obligado a garantizar como
son el DH a un trabajo digno y bien remunerado, el DH a una educación gratuita,
el DH a la alimentación saludable, el DH a la salud gratuita y de calidad
también, el DH al territorio, entre muchos otros.
Una
característica de los actos de terrorismo de Estado es que, como son
justificados por una razón de Estado (actos ilegales e ilegítimos cuya
intención es, en México, imponer por sobre el valor de la vida, el valor del
dinero), conllevan la creación de mecanismos de impunidad para no investigar y
proteger a los responsables, el caso más palpable es la Comisión Nacional de
Derechos Humanos que sólo ha emitido recomendaciones en el 0.02 por ciento de
las denuncias recibidas.
Concluimos
entonces que dicha conferencia es parte de un mecanismo de impunidad creado
para ocultar la verdad y negar la justicia en el caso de los normalistas
desaparecidos de manera forzada como resultado de una política de Estado.
A continuación,
explicamos lo que el Estado no difunde, no explica y, si puede, oculta ¿Cuáles
son estos derechos humanos de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos? Los derechos humanos que el Estado, con dicha conferencia, está
violando son los siguientes:
Derecho humano
a la VERDAD: La búsqueda de la verdad implica un compromiso ético con las
víctimas que consiste en aclarar las razones de tipo económico, político o
social de las agresiones del Estado, evidenciar la lógica represiva que las
produjo, quiénes facilitaron y encubrieron los crímenes, descubrir su
sistematicidad, descubrir la identidad, los móviles y los contextos de los
crímenes, sus ejecutores y beneficiarios.
Las víctimas,
sus familias, allegados y la sociedad tienen el derecho a saber:
¿Quiénes fueron
los responsables y beneficiarios del crimen?
¿Cuándo, Cómo,
Por qué y Dónde ocurrieron los hechos?
Dónde están sus
familiares en los casos de desapariciones forzadas.
¿Qué se ha
hecho para investigar los hechos y sancionar a los responsables?
Derecho humano
a la JUSTICIA: implica que el Estado
Investigue,
juzgue y sancione a los responsables materiales, intelectuales, facilitadores y
beneficiarios de los crímenes.
Adopte medidas
para garantizar la integridad de las víctimas, familiares, representantes,
testigos, operadores judiciales.
El derecho
humano a la REPARACIÓN INTEGRAL: Este derecho empieza por el acceso real a la
VERDAD y a la JUSTICIA. Implica la reparación de todos los daños y perjuicios
que las víctimas han sufrido, en la medida de lo posible.
Reparar
significa, no sólo intentar aliviar el sufrimiento de las personas y
comunidades afectadas, sino superar las causas de la violación a los derechos
humanos. En este sentido, la reparación involucra también una acción social
permanente que transforme a largo plazo las condiciones socioeconómicas que han
dado lugar a la victimización de diversos sectores de la población.
Solo puede
haber una reparación integral de los crímenes de Estado si se ha dado a conocer
públicamente la verdad de lo sucedido y si han sido sancionados los responsables
de los hechos.
Garantías de no
repetición, referidas a todas aquellas acciones estatales encaminadas a
prevenir la ocurrencia de nuevos hechos similares.
Este derecho
sólo puede ser satisfecho plenamente mediante la puesta en práctica de
mecanismos institucionales que lleven al desmonte de las estructuras que
hicieron posible la comisión de los crímenes atroces, con miras a prevenir que
éstos vuelvan a repetirse.
La principal
garantía de no repetición es la sanción de los responsables para que los hechos
no se sigan cometiendo.
Derecho humano
a la MEMORIA: La memoria social y socializada es la única garantía de que los
días y noches de terror no se repitan. La memoria es el mecanismo idóneo para
conservar o reconstruir la historia de las luchas de los pueblos y la historia
de la represión desatada por el poder para impedir la determinación de los
mismos.
Por último,
queremos decirles que a pesar de que la tristeza nos invada, lo mejor que
podemos hacer para recuperar la alegría de la vida, es organizarnos y continuar
movilizándonos, no sólo por la justicia en el caso de los normalistas de
Ayotzinapa, sino por la aparición de todos los detenidos desaparecidos, por
justicia en el caso de los ejecutados extrajudiciales, por la libertad de todos
los presos políticos del país y por transformar esta sociedad, en una donde
todos los mexicanos construyamos las condiciones materiales necesarias para
tener una vida digna.
[1] ”Dictamen
de la audiencia inicial del TPP Capítulo México, mayo 2012. P.22.
[2] Dictamen
Audiencia final temática sobre Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta
de acceso a la justicia. Comunidad Indígena de Santa fe de la Laguna, Michoacán
del 26 al 28 de septiembre 2014.
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