TEXAS DESPOJA
A LAS MUJERES DE SALUD Y DERECHOS
AMY GOODMAN
DEMOCRACY NOW // SAN ANTONIO — En Texas, es posible medir cuánto
han avanzado las mujeres en función del camino que deben recorrer. Una gran
cantidad de establecimientos médicos han debido cerrar sus puertas en Texas,
dejando así a casi un millón de mujeres a cientos de kilómetros de los centros
de salud que podrían resultarles necesarios. ¿El motivo? Uno de los servicios
que brindaban estos centros médicos era el aborto legal y seguro. La semana
pasada, el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó las
restricciones impuestas por el estado de Texas al acceso al aborto, lo que
provocó el cierre inmediato de otras trece clínicas. En total, el 80% de las
clínicas de Texas que incluían entre sus servicios el aborto han cerrado desde
que entró en vigor dicha normativa.
Imaginemos que un día nos encontráramos con la siguiente
noticia: “Un tribunal de apelaciones de Texas determinó el cierre del 80% de
las armerías de Texas”. Los autoproclamados patriotas de Texas se levantarían
en armas. Pero en el estado de la estrella solitaria, no todos los derechos
nacen iguales. El derecho de una mujer a elegir sobre su maternidad, su derecho
a poner fin a un embarazo, su derecho a la privacidad fueron establecidos por
la Corte Suprema en 1973, hace más de 40 años, en el histórico fallo emitido en
el caso Roe contra Wade.
En 2013, el poder legislativo de Texas, el Gobernador Rick Perry
y el Fiscal General (y actual candidato republicano a gobernador) Greg Abbott
establecieron una serie de leyes que impusieron barreras al funcionamiento de
las clínicas de Texas que practican abortos. En primer lugar, se exigió que los
médicos de dichas clínicas contaran con derechos de admisión en hospitales
cercanos. Luego se establecieron una serie de requisitos edilicios, aplicables
únicamente a clínicas en que se practican abortos, los cuales exigieron
importantes reformas a fin de que los establecimientos pudieran permanecer
abiertos.
Los grupos que defienden el derecho al aborto calificaron a
estas leyes de reglamentación selectiva de los centros en que se practican
abortos como “leyes TRAP”, sigla que en inglés significa “trampa”. El instituto
de investigación en torno a asuntos de salud reproductiva Guttmacher Institute
informó recientemente que “26 estados del país cuentan con leyes o políticas
que regulan a los centros médicos que proveen abortos y que exceden lo que
resulta necesario para garantizar la seguridad de las pacientes. La totalidad
de dichas normativas se aplica a las clínicas en que se practican abortos
quirúrgicos”.
Jeffrey Hons, presidente y director ejecutivo de la organización
de planificación familiar Planned Parenthood South Texas, me dijo: “El nuestro
es el centro ubicado más al sur y más al oeste en el que se puede acceder a un
aborto en Texas, pero hay una buena parte de Texas que se encuentra aún más al
sur y al oeste que nosotros”. La clínica de Hons es una de las solo tres que
quedan en San Antonio que realizan abortos.
Hons describió el impacto en las mujeres más vulnerables, que
ahora deben viajar grandes distancias para practicarse un aborto: “Para una
mujer que se encuentra en estas zonas alejadas e intenta encontrar un centro
quirúrgico, la distancia que debe recorrer, los puestos de control de
inmigración que ella y su pareja deben atravesar y el miedo de atravesar estos
controles de inmigración, porque puede ser que tengan o no los documentos en
regla… todo ello representa una verdadera carga. Y la carga psicológica de
saber que debemos abandonar nuestro hogar, nuestra familia, nuestra localidad,
nuestro mundo para ir en busca de este tipo de asistencia médica tan privada e
íntima, tras un proceso de toma de decisiones que resulta tan difícil, es muy
grande. Y más ahora sabiendo que hay que hacerlo en un lugar donde no contamos
con nuestra red de apoyo para que nos contenga”.
El Centro de Derechos Reproductivos, que fue la organización que
defendió el derecho constitucional al aborto ante el tribunal de apelaciones,
destacó que el fallo del tribunal hace que “casi un millón de mujeres de Texas
se enfrenten a un viaje de ida y vuelta de casi 500 kilómetros como mínimo para
poder ejercer su derecho constitucional a un aborto”.
Lindsay Rodriguez, presidenta del Fondo Lilith, que brinda apoyo
económico y educación a mujeres que necesitan acceder a un aborto, expresó:
“Todo el tiempo escuchamos historias de gente que tiene que viajar desde zonas
como el Valle de Rio Grande hasta San Antonio para intentar acceder a este tipo
de atención de la salud”. Rodriguez agregó: “En su gran mayoría, las personas
que se van a ver más afectadas por estas leyes son las personas con menos
recursos económicos, las personas que tal vez enfrenten problemas migratorios.
Puede que sean personas que, por diversos motivos, se encuentran con más
barreras para poder acceder a la asistencia médica en general, no sólo para
acceder a un aborto, sino para acceder a asistencia médica”.
Estos viajes más largos y más costosos tendrán como consecuencia
que las mujeres demoren el procedimiento, lo cual lo tornará más complejo y
oneroso. Con el cierre de estas clínicas, la ley reduce además el acceso a
métodos anticonceptivos, lo cual provoca más embarazos no deseados, perpetuando
así la demanda de abortos.
Tras el fallo del tribunal de apelaciones, el Centro de Derechos
Reproductivos, junto a otras organizaciones, entabló inmediatamente un recurso
de amparo ante la Corte Suprema de Estados Unidos en procura de una orden
judicial contra la ley de Texas.
Mientras tanto, los ciudadanos de Texas se preparan para elegir
nuevo gobernador. En una de las contiendas seguidas más de cerca en todo el
país, el Fiscal General Greg Abbott se enfrenta a su contrincante demócrata,
Wendy Davis. Sus posturas no podían ser más opuestas. En junio de 2013, siendo
senadora estatal, Davis se opuso y obstruyó esta ley de restricción del aborto
durante once horas, demorando así su aprobación, al tiempo que miles de
personas se habían congregado en el recinto para brindarle su apoyo.
Recientemente, Davis reveló haber puesto fin a dos embarazos por motivos de
salud en la década de 1990. Para ella, al igual que para todas las mujeres del
país, este asunto político resulta profundamente personal. Se trata de un
asunto que debería unir a personas provenientes de todo el espectro político.
Se trata de vernos libres de la injerencia del gobierno a la hora de tomar las
decisiones más íntimas de nuestras vidas.
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