PROGRAMA SECRETO DE LA CIA: INTERVENCIONISMO EN TIEMPO REAL
ALBERTO
ACEVEDO
La
existencia de un programa secreto de cooperación militar entre la Agencia de
Inteligencia de los Estados Unidos CIA y el ejército colombiano, que permitió a
este último ejecutar en tiempo real operativos que segaron la vida de unos 30
líderes de la guerrilla, ha puesto en evidencia lo que sectores democráticos y
de izquierda habían denunciado en su momento: la abierta injerencia de los
Estados Unidos en el conflicto interno colombiano, y la violación y entrega de
la soberanía nacional por parte de los gobiernos de Uribe Vélez y Juan Manuel
Santos.
El
pasado 23 de diciembre, unas pocas horas antes de la celebración de la navidad
de los colombianos, el rotativo norteamericano The Washington Post reveló los
términos del informe, que había sido mantenido en secreto desde el año 2000,
cuando, en la versión de los autores de la nota, comenzó su ejecución. Este
indica que los operativos contrainsurgentes se mantuvieron bajo las dos
administraciones del gobierno Uribe, y continúan hoy, con la actual
administración.
El
programa secreto consiste en que en estos años, la Agencia Nacional de
Inteligencia de los Estados Unidos (ANS), la misma cuyas operaciones han sido
denunciadas por el ex colaborador de la CIA, Edward Snowden, proporcionó a
Colombia equipamiento de posicionamiento global (GPS) para determinar la
ubicación exacta de los campamentos guerrilleros donde se encontraban los
principales líderes de las FARC y guiar hacia ellos ‘bombas inteligentes’
mediante geolocalización del blanco deseado, no importa que se encuentren en la
espesura de la selva.
Por
encima de la Constitución
El
plan no se reduce a la simple entrega de coordenadas al ejército colombiano
para que adelante los operativos de bombardeo a campamentos guerrilleros. Esa
cooperación incluye el espionaje electrónico a una amplia gama de ‘fuentes’ en
territorio nacional; el establecimiento de centros de escucha por parte de la
ANS; el suministro de información de inteligencia en tiempo real; la confección
de ‘bombas inteligentes’, guiadas por GPS de alta sofisticación.
No
en vano diversas publicaciones recuerdan que a comienzos del año 2000, la
embajada norteamericana en Bogotá era la sede diplomática más grande en el
mundo, lo que mide el nivel de participación militar en los asuntos
colombianos.
Lo
primero que salta de bulto ante la magnitud de la información conocida es la
desfachatez de los gobernantes de los últimos tres períodos presidenciales en
Colombia y de sus ministros de Defensa, que negaron siempre la participación
directa de tropas norteamericanas en la lucha contrainsurgente.
Más
aun, el cinismo con que han respondido a las graves denuncias del rotativo
norteamericano, justificando la existencia de pactos secretos, sin tomar en
cuentan la opinión del Congreso de la República o de la Corte Constitucional,
violando la carta política y llevándose de bruces todo principio de soberanía,
dignidad nacional y de respeto a las fronteras patrias.
Crímenes
de guerra
El
informe de diciembre coloca en la cúspide de esta colaboración militar el
bombardeo a la población de Sucumbíos, en la frontera con Ecuador, el 1 de
marzo de 2008, donde murieron el comandante de las FARC y negociador de las
futuras conversaciones de paz, Raúl Reyes; y fueron asesinadas a mansalva 20
personas, incluyendo un grupo de estudiantes mexicanos y otros civiles, en lo
que a la luz del derecho internacional constituye un crimen de guerra.
Este
incidente, recuerda el informe, creó un conflicto internacional que llevó a dos
países, Ecuador y Venezuela, a romper relaciones con Colombia y a deteriorar
gravemente el naciente proceso de integración latinoamericana, sin la tutela de
los Estados Unidos.
El
empeño de la administración Uribe y de su ministro de Defensa, Juan Manuel
Santos, de ejecutar una estrategia contrainsurgente, revela The Washington
Post, llevó al gobierno colombiano a aliarse con grupos paramilitares que
constituyeron un poder criminal paralelo, que adelantaron una campaña de
exterminio contra líderes populares y defensores de derechos humanos, a quienes
se acusó de ser soporte ideológico de la insurgencia.
Bombas
en una sola dirección
De
hecho, ni bajo la administración anterior ni bajo la actual, a pesar de tener
en sus manos tecnología de punta para librar una guerra irregular exitosa,
jamás se descargó una sola bomba contra un campamento paramilitar. Esta
situación pone sobre el tapete otra mentira, y es la de que los recursos del
Plan Colombia, y por ende cualquier otra forma de colaboración militar, serían
destinados a la lucha contrainsurgente, puesto que estaban orientados por
entero al combate al narcotráfico.
El
documento de la CIA insinúa que esta colaboración secreta parte del año 2000,
bajo la administración norteamericana de George Bush y que aún se mantiene
vigente. Este hecho debería ser aclarado por el gobierno ante el Congreso y los
jueces de la república, por ser claramente violatorio de la Constitución
Nacional.
Sin
embargo, es de recordar que la asesoría norteamericana a través de la CIA,
encargada de realizar el ‘trabajo sucio’ de la Casa Blanca, data desde mediados
del siglo pasado. Aún no se revelan, por ejemplo, los papeles de la CIA en
torno al asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, en 1948.
Los
bombardeos contra las poblaciones campesinas de Marquetalia, Riochiquito y
Guayabero, en el sur del Tolima, que dieron origen a la vigorosa lucha armada
guerrillera, que se prolonga por más de medio siglo, se desarrollaron en el
marco del Plan Laso (Latin American Security Operation), diseñado por el
Pentágono y ejecutado desde las oficinas de la embajada norteamericana en
Bogotá, en un intento por liquidar físicamente los últimos reductos de la
resistencia campesina contra la violencia de los años 50.
El
momento del informe
En
este sentido tiene razón el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, cuando
asegura que la intervención abierta de los Estados Unidos no es nada nuevo en
las relaciones militares de los dos países. La historia futura o el
decantamiento de nuevos informes secretos habrán de aclarar si en el genocidio
contra la Unión Patriótica, en los magnicidios de Jaime Pardo, Luis Carlos
Galán, Carlos Pizarro, del cura Camilo Torres y otros patriotas, hubo
connivencia de la flamante delegación diplomática norteamericana en Bogotá.
Ahora,
hay que mirar la trascendencia de las revelaciones del rotativo norteamericano
en el actual contexto político nacional. Para el presidente del Ecuador, Rafael
Correa, que calificó de “gravísimo”, el hecho y llamó al embajador
norteamericano en su país a pedirle explicaciones, las informaciones sobre el
plan secreto de la CIA constituyen en sí el disparo de otra “bomba inteligente”
contra la mesa de negociaciones en La Habana.
No
es casual, dice el mandatario ecuatoriano, que la denuncia se conozca en
momentos en que las negociaciones de La Habana afrontan dificultades de
distinta índole, que el presidente Santos anuncia su disposición a la
reelección, con notables bajas en su popularidad y, agregaríamos nosotros, en
un ambiente enrarecido por el anuncio de que varios de los negociadores de las
FARC en Cuba han sido pedidos en extradición y la agenda política interna se
convulsiona con la decisión del Procurador de expulsar al alcalde Petro del
Palacio Liévano, por cuenta del uribismo y de los sectores más reaccionarios,
los mismos que hoy disparan petardos contra la mesa de negociaciones en La
Habana.
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