EL
TSJC Y LA BIBLIOTECA DE ALEJANDRÍA
Luis Rivero Afonso
Difícilmente
encontraremos antecedes históricos similares sobre la demolición de una
biblioteca. Al menos yo no los conozco. Cuando leí la noticia, lo primero que
evocó en mi mente fue un acontecimiento histórico singular: el saqueo, incendio
y destrucción de la Biblioteca de Alejandría allá en el lejano Egipto
postolomeico. En aquella ocasión, el odio ciego de una panda de fanáticos se
cebó contra el templo del saber, no sin la complicidad de las autoridades que
gobernaban por entonces en Egipto. La Biblioteca de Alejandría, una de las más
grandes del Mundo Antiguo, atesoraba miles de copias y originales manuscritos
de pergaminos y legajos que contenían los secretos y la historia del mundo
desde épocas antediluvianas. Con su destrucción desapareció un patrimonio
bibliográfico de incalculable valor y se privó a las futuras generaciones del
acceso a aquellos conocimientos.
El
derribo de la Biblioteca Pública de la capital grancanaria tiene sus matices,
pero en definitiva resulta inevitable establecer un parangón con aquel
lamentable acontecimiento histórico.
Aquí
se trata -desde mi punto de vista- de una rígida interpretación que se aleja
simplemente del más elemental sentido común. El argumento del TSJC viene a
decir, sustancialmente, que la modificación de la figura de planeamiento
urbanístico aprobada por el Ayuntamiento capitalino para "legalizar"
la situación de hecho creada no obsta para observar el cumplimiento estricto de
la sentencia, pues se trataría con ello de eludirlo.
Bien,
a bote pronto, discrepo sobre esta interpretación. Primero porque tengo mis
dudas de si el respetable razonamiento jurídico de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo pudiera o no estar invadiendo competencias locales,
y con ello, rayando la vulneración del principio constitucional de
"autonomía municipal".
Las
leyes (lo digo con un mínimo de conocimiento de causa, ya que ejercí como
abogado durante 20 años y dediqué buena parte de ellos al Derecho
Administrativo, Local y Urbanístico) son en su mayor parte de sentido común,
también su interpretación debe serlo. Ocurre que los juristas, a veces con
exceso celo, nos perdemos entre las ramas de los arboles que nos impiden ver el
bosque en toda su dimensión. O lo que es lo mismo, ver las cosas con sentido
común.
Si
una actuación urbanística fue contraria al planeamiento en vigor en el momento
de su ejecución, nada obsta para que en el futuro pueda ser conforme a Derecho
mediante la modificación o aprobación de las normas que acomoden la situación
de hecho al Derecho. Este es mi punto de vista; por lo demás, de sentido común.
Lo contrario sería lo mismo que afirmar que frente a una infracción urbanística
no podría modificarse el Plan de Ordenación Urbana en el aspecto particular que
afecta a la situación carente de amparo en la normativa vigente en el momento
de la infracción. Reduciendo al absurdo este razonamiento, sería lo mismo -para
que lo entienda todo el mundo- que si un ciudadano construyese una vivienda sin
la preceptiva licencia de obras, y tras el correspondiente expediente de
infracción el asunto acabase ante los tribunales, éstos decretan la demolición
de la vivienda "ilegal" por carecer de licencia. Pues bien, nada
impide al "infractor", en el ínterin del procedimiento judicial e
incluso posteriormente, legalizar la situación de hecho mediante la solicitud y
obtención de la licencia de construcción que ampare la edificación ya
ejecutada. Con lo cual, lo que resultaba contrario a Derecho ahora está dentro
de la Ley. Y esto parece razonable y de sentido común.
Si
se produjera la lamentable demolición de la Biblioteca Pública del Estado en
cumplimiento de la referida sentencia del año 2002 por resultar contrario al
planeamiento anterior, sería lo mismo que decir que resultaría imposible
reconstruir de nuevo la Biblioteca en el mismo lugar de emplazamiento, e
incluso un cambio de ordenación en este particular, in saecula saeculorum. Esto
sí que es rizar el rizo. Pues, básicamente y reduciendo al absurdo los
fundamentos de la resolución judicial, serían esas las consecuencias.
Como
en la historia de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, existen
también aquí unos "instigadores": un grupo de propietarios que
legítimamente defendieron en su momento sus derechos. Pero en la vida, como en
el Derecho, las cosas cambian. Y cuando cambia la situación donde acontecen,
cambian también los hechos. Una cuestión es oponerse a un proyecto antes de su
ejecución. Me parece totalmente legítimo. Pero otra muy distinta es pretender
"lo imposible" cuando ya existe una inversión pública
multimillonaria, un servicio público del que tampoco se puede prescindir, y
sobre todo, una más que razonable duda de que la Biblioteca del Estado se pueda
demoler y volver a reconstruir con cargo a los presupuestos del Ministerio de
Cultura. Yo al menos tengo serias dudas.
Y
así las cosas, la situación cambia, ¡y de qué modo!
Nadie
puede permanecer de brazos cruzados ante el riesgo de destrucción de un
edificio ya emblemático para la ciudad de Las Palmas de GC, como tampoco
podemos doblegarnos al rigorismo de la aplicación de las leyes. (Y a propósito
de "rigorismo", habría que plantearse aquí cuántas sentencias en el
orden contencioso-administrativo y órdenes de demolición han quedado
inejecutadas? Yo -por obvias razones profesionales- conozco algunas. Y aquí no
ha pasado nada).
El
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria deberá no escatimar esfuerzos,
descargando toda la batería legal y jurídica en orden a salvar nuestra
Biblioteca Pública, lo mismo que la Abogacía del Estado, y hasta el mismísimo
Gobierno de Canarias deberá implicarse si fuere necesario.
Cuando
las leyes no satisfacen los intereses ciudadanos, se cambian. Y punto. Al menos
que no exista interés por los gobernantes de cambiar las cosas.
Estoy
convencido de que todos: "el sentido común", la movilización de la
ciudadanía y la opinión pública pueden detener lo que sería un lamentable
atentado a la cultura que pasaría a las anales de la historia como sucedió en
el pasado con la malograda Biblioteca de Alejandría.
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