¡REHABILITACIÓN INMEDIATA DE CHO VITO!

¡REHABILITACIÓN INMEDIATA DE CHO VITO!

. Movimiento por la Unidad

 del Pueblo Canario

Movimiento UPC).

Canarias 17 de Noviembre de 2012. Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario (Movimiento UPC). El derribo del poblado marinero de Cho Vito, amparado por las fuerzas de ocupación colonial, concretametne las instituciones armadas Guardia Civil y Policía Nacional española, en el municipio tinerfeño de Candelaria, que había sido solicitado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Movimiento UPC, no se ajusta ni siquiera al derecho interno español, al vulnerar el Artículo 33 de la Constitución Española (CE), concretamente en sus apartados 1, que reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia y 3, que textualmente dice “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”, pero además hay que tener en cuenta que España se anexionó y colonizó Canarias mediante una vil agresión armada y en consecuencia ocupa este territorio ilegalmente, por lo que no es de aplicación la Ley de Costas española ni ninguna otra legislación emanada de ese Estado.

 ¿Cuál es la utilidad pública y el interés social de este atropello a los habitantes del poblado marinero? Absolutamente ninguna, muy al contrario, el Litoral Canario ha sido masacrado sistemáticamente en detrimento de la utilidad pública y el interés social al haber sido puesto a disposición de los especuladores y el interés de las constructoras y las multinacionales del sector turístico para su lucro, así como el del Estado al que declaran sus impuestos, España, lo que ha provocado un deterioro prácticamente irreversible de nuestro territorio costero y terrestre, que se manifiesta en los síntomas enfermizos que aquejan al mismo: innumerables especies en peligro de extinción o, lo que es peor, extinguidas, desertización del territorio, escasas o nulas precipitaciones, degradación del paisaje y cambio climático.

Insistimos ¿Dónde reside entonces la utilidad pública y social? No podemos confundir el interés publico, el interés de la comunidad, con el interés de los especuladores que siempre son los mismos, igual que son siempre los mismos los que hacen los negocios.

El pueblo canario, obviamente, siempre ha estado unido en estrecha simbiosis con el océano, al vivir en Islas, rodeadas de mar por todas partes, y decimos simbiosis porque históricamente ha sabido hacer un uso sostenible del medio marino, al que jamás ha provocado la mínima contaminación ni destrucción de ningún tipo, muy al contrario, la contaminación ha venido de la construcción irresponsable, sin estudio de impacto ambiental, del vertido incontrolado de petroleros y otros barcos de cabotaje, cuyos residuos aparecen sistemáticamente en nuestras costas, en forma de piched, sobre todo en las playas, al no disponer del control de nuestras aguas jurisdiccionales y estar las mismas o bajo jurisdicción del reino de Marruecos o ser consideradas internacionales, a excepción de las doce millas alrededor de cada isla, bajo jurisdicción del reino de España.

La destrucción del poblado marinero de Cho Vito es una agresión a todos los canarios y canarias, pues lo que subyace detrás de la misma no es otra cosa que una agresión a una forma de vida elegida por una parte importante de nuestro pueblo que tradicionalmente ha elegido vivir en zonas costeras, lo que le permite hacer un uso sostenible de ambos ecosistemas, el terrestre y el marino, además de utilizarlo como una zona lúdica y de ocio al que también tiene derecho.

Parodiando la frase del pastor protestante Martin Niemoeller (1892-84), atribuida por error a Brecht: “primero vinieron a desalojar a los de Cho Vito y yo no hablé porque no era de Cho Vito. Después vinieron a por los de La Bombilla y Ojos de Garza y yo no hablé porque no era ni de una ni de otra. Después vinieron a por los del Pozo de las Calcosas y yo no hablé porque no era de Las Calcosas. Después vinieron por mí y en ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mi” ¿Oíste, pariente?

La Ley de Costas española pretende acabar con la idiosincracia de los canarios y canarias que viven en las zonas costeras, como un mazazo más a nuestra identidad y nuestra cultura y todo ello, insistimos, con una legislación que no es aplicable a Canarias, en tanto que colonia sometida por la fuerza de las armas por el yugo colonial del reino de España.

Esta amenaza afecta por lo menos a 38 núcleos costeros en toda Canarias y a más de 150.000 personas. La Ley de Costas del Estado forajido español, forajido porque no acata la legilación internacional, pretende demoler los poblados marineos tinerfeños de El Tablado, Santa Lucía, Cho Regino y Agache (Güimar, aunque este último ya ha ganado dos sentencias en la Audiencia Nacional española), Bajo La Cuesta (Candelaria, cerca de Cho Vito), Playa de Lima y Playa de la Viuda (entre Candelaria y Arafo), La Sarnosa (Arico), Boca Cangrejo y Varadero (El Rosario), Las Galletas (Arona), El Pris (Tacoronte), El Caletón (La Matanza), Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero (Anyashw n Chinet, antes Santa Cruz de Tenerife).

En la isla de Benawaré (antes La Palma) destaca La Bombilla (entre Los Llanos de Aridane y Tazacorte), El Remo (Los Llanos de Aridane), Playa de La Zamora, El Faro y Punta Larga (Fuencaliente), Puerto Trigo, Puerto Paja y Martín Luis (Puntallana), Las Maretas (Mazo) y Caleta de Palo (Breña Baja).

En el poblado marinero asentado en Puntallana (Ipalán, antes San Sebastián), en La Gomera, también pretende el gobierno colonialista de la obsoleta monarquía medieval española aplicar su ilegítima Ley de Costas, aunque España no ha sido capaz de exhibir a lo largo de su negra historia, que no leyenda negra, ni un solo documento que avale el sometimiento de los insumisos gomeros, para honra y orgullo de todos nosotros, auque consta la demolición en Ipalán de 34 viviendas que el colonialismo tendrá que indemnizar y rehabilitar, igualmente.

En la isla de los bimbaches, Hero, el gobierno metropolitana pretende aplicar su Ley de Costas en El Tamaduste y El Pozo de Las Calcosas, donde ya se ha efectuado una demolición, concretamente en Arenas Blancas, pendiente también de rehabilitar e indemnizar por el gobierno colonialista de España (ambos poblados en Valverde) y Pozo de La Salud (Frontera).

En Tamarán (antes Canaria y Gran Canaria) España pretende aplicar su inquisitorial Ley de Costas en Boca Barranco (Gáldar), Tufia (Telde ) y San Felipe (Santa María de Guía), aunque ya se han efectuado demoliciones en Hoya Pozuelo (Telde), San Bartolomé de Tiraja y el Barranco de Arguineguín.

En Titerroygacat (antes Lanzarote) es el poblado marinero de El Golfo el que pretende derribar la ilegítima Ley de Costas de España.

En Maxorata (antes Fuerteventura) la citada ley española amenaza al Puertito de La Cruz y Ajui (Pájara), Majanicho (La Oliva), Jacomar (Antigua), Los Molinos, que ya ha sufrido algunas demoliciones y Puerto Lajas (municipio de Puerto de Cabras).

La único que tiene que hacer España con respecto a Canarias es retirarse a sus fronteras y asumir la legislación internacional, específicamente las Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), suscritas por España, 1514 (XV) de 14 de Diciembre de 1960 sobre la concesión de la Independencia a los países y pueblos colonizados y la resolución 55/146 de 8 de Diciembre de 2000, mediante la cual se declara el periodo 2001–2010 la Segunda Década Internacional para la Erradicación del Colonialismo, finalizada el 31 de diciembre de 2010.