Elecciones caciquil-coloniales

Elecciones caciquil-coloniales o colonial-caciquiles

El colonialismo español, con la colaboración necesaria de la oligarquía canaria, tiene convocadas elecciones a nuestras (las de ellos) instituciones para el próximo veintidós (22, 22, 22,…que decía el dúo sacapuntas) de mayo (ayuntamientos, cabildos y parla-miento).

Elecciones debería implicar democracia, pero no. Se trata de una nueva versión de la farsa, major del sainete electoral, porque se trata de engañar nuevamente a nuestro pueblo creándole falsas expectativas, haciéndole creer que de alguna manera puede decidir sobre su futuro e intereses. Nada más lejos de la realidad.

Por una democracia sin barreras

Los topes electorales son antidemocráticos: la exigencia de obtener un 30 por ciento de los votos válidos en cada isla para acceder al parlamento reduce a un máximo de tres los partidos que pueden obtener representación, originando un régimen corrupto como el actual, a lo que hay que añadir la antidemocrática ley D’Hont, que favorece a los partidos mayoritarios, el injusto reparto de la publicidad en las radios y televisiones públicas y ahora la prohibición de votar a nuestros emigrantes aunque aquí voten los extranjeros.

A este cúmulo de despropósitos hay que añadir la maraña administrativa de la convocatoria, como el nombramiento de los representanes de las candidaturas en cada isla, en la que tienen que tener obligatoriamente su domicilio, nombramiento que luego tiene que comunicarse a las juntas electorales central (en Madrid, como no), de Canarias ( en el parlamento) y provinciales (S/C de Tenerife y Las Palmas, estructura administrativa provincial que ni el estatutillo de autonomía de Canarias no contempla.

Los representantes de las candidaturas, que tienen que tener docimicilio en la isla que representan repetimos, con el listado de candidatos bajo el brazo, tienen que desplazarse a las capitales de provincia para presentar la candidatura, como si no viviéramos en un Archipiélago, el mismo en que en cierta ocasión un ministro de Franco convocó a uno de nuestros técnicos urgentemente al ministerio a una reunión que tenía que celebrarse el mismo día de la convocatoria, a lo que el convocado respondió que el único avión que salía con destino a Madrid salía de Las Palmas y el se encontraba en Tenerife por lo que le resultaba imposible volar ese día, a lo que el ministro contestó que cogiera un taxi hasta Las Palmas, que lo pagaba el ministerio.

Si el representante supera los obstáculos, las barreras como descaradamente las llama la propia ley electoiral de Canarias, ha de poner especial atención pues en la instancia ha de constar el nombre de los candidatos y al lado su domicilio, aunque vaya incluida la fotocopia del DNI que es el requisito de la ley general electoral.

Esta maraña administrative no es la excepción sino la norma con la que a diario tropiezan los ciudadanos en su batalla administrativa, que por cierto es fácil de simplificar. El Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario (Movimiento UPC) propone sencillamente una Junta Electoral en cada isla, porque esto es un archipiélago y lo mismo hará con el resto de la administración, para que los hasta ahora sufridos administados puedan realizar sus gestiones en taxi, en guagua, en cohe particular o simplemente andando, pues entendemos que la administración tiene que estar al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio de la administración como ocurre ahora.

La razón de todos estos despropósitos está reflejada en el siguiente chiste. Cuentan de un señor moribundo que le transmitía a un hijo lo que era su última voluntad en los siguientes terminos: “hijo, si me muero en Villa Ariba, por favor que me entierren en Villa Abajo, pero si me muero en Villa Abajo entonces que me entierren en Villa Arriba”. “Y eso pa’ qué , padre”. “Pa’joder, hijo, pa’ joder”.

Sin embargo, todas esas artimañas del colonialismo español y la oligarquía canaria no son el problema. El problema es la falta de competencias de un falso parlamento canario cautivo de la metrópoli española, cuya jefatura ostenta desde hace 36 años el rey Juan Carlos I, tantos años como Franco, del que heredó el antidemocrático régimen.

La solución es la Descolonización e Independencia aplicando las resoluciones de las Naciones Unidas, suscritas por España, 1514 (XV) de 14 de Diciembre de 1960 sobre la concesión de la Independencia a los países y pueblos colonizados y la resolución 55/146 de 8 de Diciembre de 2000, mediante la cual se declara el periodo 2001–2010 la Segunda Década Internacional para la Erradicación de la lacra del Colonialismo, finalizada el 31 de diciembre de 2010, constituyéndonos en una Nación libre, la República Federal Canaria.